Ya casi para de llover sobre Santiago : El segundo caso de desafuero del ex dictador Augusto Pinochet

Por Ximena Federman
Página 12, 3 de diciembre del 2004

El asesino millonario está desaforado, otra vez, y un poco más acorralado. La Corte de Apelaciones de Santiago aprobó ayer el desafuero del ex dictador chileno Augusto Pinochet, para aclarar su responsabilidad en el asesinato en Buenos Aires del general Carlos Prats, ex comandante del ejército chileno. El desafuero que acordó el tribunal de apelaciones fue por 14 votos a favor y 9 en contra. Sin embargo, la sentencia deberá ser ratificada o revocada por la Corte Suprema, que el pasado 26 de agosto ya privó a Pinochet de su inmunidad en otro proceso por los asesinatos y desapariciones forzadas de la Operación Cóndor. La legislación chilena establece que en cada caso las cortes deben examinar en forma separada las peticiones de desafuero.

La decisión de la Corte, que priva a Pinochet de su inmunidad como ex presidente (1973-1990), abre la posibilidad para que enfrente un juicio por el atentado en el que murieron Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, cuando una bomba estalló bajo su automóvil el 30 de septiembre de 1974. El juez que instruye en Chile la causa por el doble asesinato, Alejandro Solís, deberá ahora decidir si inicia o no el proceso judicial contra el ex dictador. El pedido de desafuero de Pinochet fue formulado por Solís a raíz de una presentación de las hijas de Prats. El presidente de la Corte de Santiago, Juan González, dijo que una mayoría de los ministros aprobó por 14 a 9 la solicitud de Solís porque encontraron antecedentes suficientes que vinculan a Pinochet con los asesinatos de Prats y su esposa, cuando ambos se hallaban exiliados en la Argentina. El caso también está siendo investigado por la jueza argentina María Servini de Cubría. La misma Corte de Apelaciones chilena tiene pendiente de resolución el exhorto presentado por la jueza argentina.

El caso Prats estuvo más de 20 años radicado en la Argentina y fue Servini quien estableció una conexión de la DINA, la policía política de Pinochet, con organismos de seguridad argentinos para asesinar al general que se opuso al golpe de Estado perpetrado por Pinochet el 11 de septiembre de 1973. El ex agente de la DINA Enrique Arancibia Clavel fue condenado a cadena perpetua en el 2000 por haber sido "partícipe necesario" del doble asesinato. La Justicia chilena procesó en esta causa, por homicidio calificado y asociación ilícita, al ex director de la DINA general (R) Manuel Contreras, los brigadieres (R) Pedro Espinoza, Raúl Iturriaga Neumman y Christophe Willike, el civil Jorge Iturriaga Neumman, el coronel (R) José Zara y la agente civil Mariana Callejas, ex pareja del agente Michael Townley.

La Corte santiaguina quitó el fuero a Pinochet cuatro días después de que el presidente chileno, Ricardo Lagos, divulgara el Informe de la Comisión Nacional sobre Tortura y Prisión Política, que establece que la violación de los derechos humanos durante la dictadura obedeció a un plan sistemático del régimen. En este contexto, las tres ramas de las Fuerzas Armadas y la policía chilena reconocieron su responsabilidad en la aplicación de torturas bajo la dictadura de Pinochet, en una lluvia de confesiones de "mea culpa" que incluye también a la prensa y algunos civiles.

De esta manera, Pinochet sumó así un nuevo desafuero, ya que en agosto pasado la Corte Suprema le quitó su inmunidad como ex jefe de Estado para que pudiera ser juzgado por asesinatos del Plan Cóndor, un plan de colaboración entre las dictaduras de Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay para eliminar a opositores en los años ’70 y ’80. El ex dictador se declaró inocente de los crímenes de tortura y desaparición de 19 personas en el marco del Plan Cóndor. Los hechos sucedieron cuando era gobernante y "no tenía tiempo de preocuparme de asuntos menores", manifestó en la declaración escrita. En esta causa, el juez busca aclarar si Pinochet autorizó la reunión que los agentes secretos de seis dictaduras sudamericanas celebraron en Santiago en noviembre de 1975, para dar la partida a la Operación Cóndor. Uno de sus colaboradores, el general retirado Luis Cortés Villa, admitió que el entonces dictador autorizó la reunión en la que nació ese plan conjunto para librar la guerra sucia contra la subversión. Esto es altamente probable, ya que a pesar de que Pinochet declaró en esta causa que no tenía tiempo para ocuparse del chiquitaje, también se jactó, durante su dictadura, de que en Chile no se movía ni una hoja sin que él lo supiera.

Hubo dos factores fundamentales que pesaron en su desafuero en esta causa. El primero fue un video que daba pruebas de que el ex dictador se encontraba en condiciones de enfrentar un proceso judicial. El video es una grabación de una entrevista que Pinochet concedió a un canal de televisión de Miami, en la que se definió como "un ángel" y respondió con lucidez negando su responsabilidad por los crímenes. Esta prueba era una refutación a la tesis de que Pinochet no estaba en condiciones mentales de enfrentar un juicio a causa de una demencia moderada que le impide defenderse ante los tribunales.

El otro factor fue el descubrimiento, a raíz de una investigación del Senado estadounidense, de sus millonarias cuentas secretas en el Banco Riggs de Estados Unidos. La existencia de estas cuentas probaría que el ex asesino millonario no estaría tan "confundido", como sostienen sus abogados defensores, como para enfrentar un juicio por el Plan Cóndor.

Actualmente se investiga si el dinero es producto de un enriquecimiento ilícito durante su mandato de hierro de 17 años. La investigación reveló que la fortuna personal del dictador alcanzaría los 16 millones de dólares, poniendo fin al mito de que Pinochet fue un dictador "honrado".

Según los abogados querellantes, la entrevista y la existencia de las cuentas no son actitudes propias de un hombre senil o incapaz.

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Guía a la trama judicial iniciada en
noviembre de 2000 en Buenos Aires.

Por Victoria Ginzberg
Página 12, 3 de diciembre del 2004

El fiscal federal Jorge Alvarez Berlanda, que investiga en Buenos Aires el asesinato del general chileno Carlos Prats, reiteró ayer el pedido para interrogar al dictador Augusto Pinochet. "Ahora que han quitado el impedimento que existía, volveremos sobre el tema para poder indagarlo", explicó el fiscal. La jueza María Servini de Cubría también interpretó la decisión de la Justicia chilena de desaforar a Pinochet como un "antecedente judicial favorable" para obtener esa misma medida -que ella ya había solicitado- en la causa que existe en el país por el atentado contra el ex jefe del ejército chileno y su esposa, Sofía Cuthbert.

La primera vez que la familia Prats se sintió amparada por la Justicia fue en Buenos Aires. El 21 de noviembre de 2000 los jueces del tribunal oral federal número seis, José Valentín Martínez Sobrino, María del Carmen Roqueta y Horacio Vaccare -que votó en disidencia-, condenaron a prisión perpetua al agente chileno de la DINA Enrique Lautaro Arancibia Clavel por su participación en el atentado contra Prats. Era la conclusión de una porción de la investigación de Servini y Alvarez Berlanda. Este año, la Corte Suprema confirmó esa sentencia y con ese fallo declaró que los delitos de lesa humanidad eran imprescriptibles.
"Este es un gran paso para continuar", dijo María Angélica Prats, una de las hijas del general, el día que concluyó el juicio oral contra Arancibia Clavel. Para ella y sus hermanas el camino que se había iniciado con ese fallo sólo terminaría con Pinochet preso, algo que ahora está más cerca.

La causa en Santiago, en la que la Corte de Apelaciones desaforó ayer el dictador chileno, se inició luego de que Servini de Cubría pidiera las extradiciones de Pinochet y de la cúpula de la DINA. El tribunal negó el reclamo, pero luego decidió abrir un proceso formal en ese país.

El general Prats y su esposa murieron el 30 de septiembre de 1974 al detonar una bomba colocada bajo la caja de velocidad de su auto. La pareja se había exiliado en Argentina luego del golpe que encabezó Pinochet el 11 de septiembre de 1973.

La causa abierta en Argentina permitió comprobar que el asesinato de la pareja fue perpetrado por la policía secreta pinochetista (DINA) en una acción coordinada en Buenos Aires por sus propios hombres y con participación de ciudadanos argentinos, en lo que fue una de las acciones que prologaron el Plan Cóndor. El papel de Arancibia Clavel, según varios testimonios, fue el de "allanarle el camino" al autor material del atentado, Michael Townley, quien se encuentra amparado por el sistema de testigo protegido en Estados Unidos.

En la organización, encabezada por Manuel Contreras y dirigida por el propio Augusto Pinochet, Arancibia Clavel fue señalado como "jefe de información clandestina del departamento exterior". A través de su departamento exterior, la DINA perpetró los atentados contra Prats en Buenos Aires, el ex canciller Orlando Lettelier en Washington y el ex vicepresidente Bernardo Leighton en Roma.

Según la versión de Contreras, recogida en un fallo de la Cámara Federal porteña sobre el caso Prats, a él le fue encomendado organizar y poner en marcha la DINA el 12 de noviembre de 1973 y fue designado director ejecutivo (máxima autoridad) en el mes de julio de 1974. Contreras reconoció que sólo recibía órdenes de Pinochet. Servini de Cubría y Alvarez Berlanda ya viajaron a Chile para interrogar al dictador, pero él se negó amparándose en los fueros que ahora le fueron quitados.

El dictador Reynaldo Bignone, que en septiembre de 1974 era secretario del Estado Mayor General del Ejército, fue uno de los testigos en el juicio oral contra Arancibia Clavel. Bignone era responsable de pagar el departamento en el que vivía el matrimonio Prats, ya que el Ejército se hacía cargo del alquiler por una orden que había dado el presidente Juan Domingo Perón cuando Prats se exilió en Buenos Aires. Bignone negó que, además de la colaboración económica, el Ejército proporcionara una custodia al general chileno. La declaración del miembro de la última junta militar apuntó hacia la responsabilidad de la Policía Federal como nexo de los servicios secretos chilenos en Argentina para concretar el atentado. Las pruebas de la causa señalan al fallecido comisario Juan Carlos Gattei, supuesto responsable de la custodia de Prats, como quien habilitó la zona liberada para que el grupo de la DINA asesinara al general.