Los informes de la AGN demuestran que las fallas de Edenor, Edesur y Edelap son previas a la devaluación

Emergencia desde antes del congelamiento de tarifas

La Auditoría General de la Nación está acumulando información que resultaría de sumo valor al Gobierno en la disputa verbal que por estos días protagoniza con las empresas del área eléctrica. Según descubren algunos de los informes que el auditor general Leandro Despouy comenzó a compilar, las distribuidoras eléctricas registran debilidades en la prestación del servicio desde tiempo antes de la devaluación, pesificación y congelamiento de las tarifas aludidos por ellas para explicar la reducción en sus programas de inversiones y consiguientes riesgos de cortes. El trabajo de los auditores destaca que más del 70 por ciento de las deficiencias que durante 1997 y 1998 Edenor, Edesur y Edelap atribuyeron a razones de "fuerza mayor" o "fortuitas", en realidad eran problemas imputables a esas privatizadas, según juzgó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Sin embargo, este órgano se quedó a mitad de camino, ya que no aplicó sanciones ni forzó a las empresas a bonificar las tarifas de sus usuarios afectados. Peor aún : la Auditoría acusa al ENRE de haber archivado investigaciones de las que se derivaba culpa de las prestadoras por accidentes en la vía pública o dejó "sin resolución" otros muy graves, aun cuando de ellos se derivó la muerte del accidentado.

Por pedido del Gobierno, la Auditoría comenzó a analizar las últimas resoluciones del propio organismo sobre el desempeño de este ente y la calidad del servicio de las empresas controladas. Una de ellas reitera lo que la entidad ya había señalado en trabajos anteriores sobre la "falta de acción del ENRE", luego que descalificara los argumentos esgrimidos por las empresas para explicar distintas dificultades en el suministro.

Las situaciones bajo análisis ocurrieron entre 1997 y 1998. En la mayoría de ellas, las distribuidoras adujeron que se trataba de un caso fortuito o fuerza mayor, situaciones contempladas en el Código Civil y reinterpretadas por resolución del ente de control para adaptarla al marco legal de la privatización. Es un encuadre clave, ya que exime de responsabilidad a la prestadora y, por lo tanto, la libera de penalidades.

Pero según el análisis de los auditores, sólo en el período marzo-agosto de 1997, Edenor alegó aquellas razones ajenas a su control en 909 casos denunciados, de los cuales 830 fueron rechazados. Algo mejor fue la suerte de Edesur, a la que sobre 398 casos le rechazaron 104. Edelap tuvo una performance similar durante el período que va de julio a diciembre de 1998 : los reguladores consideraron que 39 de los 49 casos en estudio eran imputables a la propia distribuidora que opera Techint.

A pesar de esta constatación, "no existen a la fecha resoluciones efectivas ni sanciones con relación a los casos rechazados (...). Al no haberse acreditado causas de eximición de responsabilidad a favor de las concesionarias, correspondería la imposición de sanciones pertinentes de parte del ENRE, lo que no se ha verificado en particular", sostienen los auditores, quienes hacen especial hincapié en las grandes debilidades del sistema de control oficial.

Las empresas no han sido multadas por aquellas fallas imputables a ellas, ni se ha puesto en marcha el mecanismo para resarcir a los usuarios afectados que, según la legislación vigente, tendrían derecho a una bonificación en sus facturas o a un pago en efectivo. Los auditores subrayan que no hay "un procedimiento único" para tal compensación. Pero no tienen dudas sobre la responsabilidad del ENRE de garantizar este derecho así como el cumplimiento de la obligación empresaria.

Otra deficiencia grave de los reguladores surge cuando éstos investigan accidentes en la vía pública ocurridos durante el año 1998. De acuerdo con el resumen de AGN, el ENRE archivó expedientes como "resueltos" sin hacer a las empresas las imputaciones que hubieran correspondido y sin siquiera informar a los usuarios afectados acerca del resultado de su trámite. En otros casos, dejó "sin resolución" investigaciones en los que habría llegado a probarse negligencia de las distribuidoras.

Entre los ejemplos de causas archivadas indebidamente se cita el la electrificación de un pilar de entrada a una vivienda de Avellaneda, sobre la calle Carnot. "De acuerdo a la distribuidora sucedió por error de conexionado", en el que "no hubo actuación de terceros". Los auditores la califican como una "situación cuestionable", ya que no se respondió al usuario damnificado "y no se aplica la sanción pertinente a la distribuidora ante la falta de mantenimiento y/o negligencia de la misma". En la misma resolución advierten que si aquel cliente de Edesur decidiera hacer un juicio "la figura de la representación pública ejercida por el ENRE podría quedar cuestionada".

El ENRE también es cuestionado por "dilatar" la resolución de investigaciones delicadas, como la del "Incidente en Cámara ubicada en Olazábal y Murguiondo, Lanús", a raíz del cual en su interior murió un hombre y sufrió heridas graves una mujer. Tras una inspección, "el ENRE dictaminó que correspondía efectuar cargos a Edesur por no haber precintado ni cerrado con candado la estación transformadora". La firma operada por Endesa hizo su descargo y el trámite quedó sencillamente congelado, sin un pronunciamiento definitivo, según lamenta la AGN.

Estos problemas no invalidan el hecho destacado por la Cámara Argentina de Inversores del Sector Eléctrico (que aglutina también a generadores y transportistas) acerca de que la frecuencia de los cortes "se redujo a una cuarta parte en relación al nivel previo a las privatizaciones". Tampoco niega la disyuntiva empresaria de tener deuda e insumos parcialmente dolarizados y tarifas pesificadas y estables. Pero prueba que el problema de estas privatizaciones trasciende el que se originó con la devaluación del peso, ya que las deficiencias en la prestación y, fundamentalmente, en su control, son previas al cambio de reglas.

Previsiblemente, estos datos que la Auditoría se apresta a elevar a Economía y, por esta vía, al propio Néstor Kirchner serán puestos sobre la mesa por los negociadores oficiales a la hora de discutir la oportunidad y envergadura de un eventual aumento. Algo que parece alejarse, a la luz de la tensión actual.

Página 12, 23 de octubre del 2003
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Mientras Gobierno y empresas se cruzan culpas, pocos hablan de la responsabilidad del modelo de privatización por la falta de inversiones.

Por Raúl Dellatorre
Página 12,, 23 de octubre del 2003

Tras el encuentro con funcionarios de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, Cammesa, el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, aseguró que "no hay peligro inminente de colapso", pero inmediatamente aclaró "al menos, en términos de un caos del sistema". El cuadro actual del sistema muestra varios manchones de deficiencias a las que no son ajenas las autoridades -advertidas desde hace por lo menos tres años, cuando la convertibilidad aún podía disimular su debilidad-, ni las empresas concesionarias -preocupadas por asegurarse buenas tasas de rentabilidad pero no por la sustentabilidad del sistema- ni, mucho menos, el mismo modelo de privatización, pensado para funcionar exclusivamente en situaciones de estabilidad. En ese contexto, la escalada verbal entre Gobierno y empresas parece apuntar más a echarse culpas mutuamente antes que a alumbrar sobre la raíz del problema. Y, por lo tanto, el camino hacia su solución.

El cuadro de situación que presentó Cammesa para el semestre noviembre 2003-abril 2004, los meses más críticos por los picos de demanda en los días de más calor, muestra que la generación estará en condiciones de responder pero funcionando al límite en algunos puntos del sistema. El transporte de alta tensión también presenta flancos débiles en algunas líneas, pero no en su recorrido troncal. Los tramos de mayor extensión, los que atraviesan la Patagonia para transportar la energía del Comahue a la región metropolitana, serán menos requeridos por la baja hidraulicidad de los ríos, que obligará a reemplazar la generación hidroeléctrica del Sur por la térmica de centrales ubicadas más próximas a los grandes centros de consumo. La restricción, el cuello de botella del sistema, estará en la escasa capacidad de los estaciones transformadoras para "bajar" la tensión de alta a media.

Pero el sistema suele fallar por otras causas menos estructurales, más atribuibles a errores de gestión de las empresas operadoras, como ha quedado demostrado en diversos informes del ente regulador eléctrico que no siempre llegaron a reflejarse en sanciones a las empresas.

Después de más de una década de gestión privada, el sistema dejó en evidencia que las únicas obras de generación y transmisión, así como de tendido de redes de distribución de importancia, son las que ejecutó el Estado. La falta de inversión privada en ampliación del sistema ya indicaba, a fines de los ’90, que el país marchaba hacia una crisis energética en poco tiempo más. Solo la recesión desatada a partir de 1999, que perduró hasta fines de 2002, permitió disimular las falencias y crear la ilusión del "sobreequipamiento" del sector. Bastó que la economía empezara a repuntar para que aparecieran los fantasmas de un apagón.

¿Qué tiene que ver este problema con el congelamiento de tarifas ? Absolutamente nada. En principio, porque el problema es previo a la "emergencia" de enero de 2002. Además, porque mientras las empresas "gozaron" de los beneficios de un sistema de ajuste permanente en medio de un contexto de indexaciones prohibidas, tampoco volcaron a inversiones sus excedentes. Y ello a pesar de que las concesiones se extienden, en algunos casos, por el nada módico período de 95 años.

La pirotecnia verbal entre autoridades nacionales y empresarios dejó sobre la mesa el conflicto, pero no ilumina el núcleo del problema. Las empresas responsabilizan al Gobierno del colapso que prenuncian, mientras que el Gobierno dice que se trata de presiones para obtener una mejor posición en la negociación por las tarifas. Las acusaciones se cruzan cada vez con más virulencia, pero no salen del estricto marco de echarse culpas por lo que pudiera suceder este verano. En tanto, hay otro "sospechoso" que no aparece en ninguna de las hipótesis, aunque no falten pistas para inculparlo : el modelo eléctrico creado tras la privatización del sistema.

¿Puede seguir defendiéndose el criterio de segmentación del sistema, concebido como múltiples "unidades de negocios" en las que la suerte de cada una se desvincula del resto ? ¿Puede seguir funcionando el sector sinuna planificación de largo plazo ? Son cuestiones que merecerían debatirse, al menos.

Roberto Lavagna se ha mantenido por voluntad propia al margen de la discusión entre privatizadas y Gobierno, pero hizo saber su preocupación por la escalada verbal. Esta semana convocó a especialistas de su confianza para ilustrarse sobre la raíz del conflicto. A ellos les transmitió que no le teme tanto a la amenaza de corte de servicios, como a otro tipo de presiones que pudieran ejercer esos grupos. Por ejemplo, vía los organismos financieros internacionales o embarrando la negociación con los acreedores privados.

Por otra parte, si efectivamente el sistema marcha hacia un verano recalentado por intermitentes cortes del servicio -concediendo que no hay un riesgo real de colapso del sistema en su conjunto-, de poco vale que hoy el Gobierno y las empresas pulseen por echarse las culpas. Si se desata la bronca, difícilmente los afectados reconozcan diferencias de responsabilidad entre unos y otros. Más valdría estar planteando ya mismo el rediseño del sistema.