Bases militares estadounidenses en América Latina y el Caribe

Por John Lindsay-Poland
Editor : John Gershman, Interhemispheric Resource Center (IRC)Volumen 9, Número 3. Agosto de 2004
Foreign Policy In Focus www.fpif.org

Puntos Claves

– Las bases militares en América Latina y el Caribe están en una red entrelazada que apoya objetivos estadounidenses de asegurar acceso a mercados, controlar el flujo de narcóticos y obtener recursos naturales, especialmente petróleo.
– Aunque Estados Unidos ha cerrado bases en Panamá y Puerto Rico, ha abierto bases menores a través de la región, incluyendo varias que apoyan las operaciones de EEUU en Colombia.
– Las operaciones y mantenimiento están siendo contratadas a compañías privadas con cada vez más frecuencia.

Estados Unidos mantiene una compleja red de facilidades y funciones militares en América Latina y el Caribe, lo que el Comando Sur de EEUU (conocido como SouthCom) llama la "arquitectura del teatro". Las facilidades militares estadounidenses representan compromisos tangibles a una guerra ineficaz contra la oferta de drogas y a prioridades políticas subyacentes incluyendo acceso a recursos estratégicos, especialmente petróleo.

Gran parte de esta madeja está siendo tejida a través del Plan Colombia, un masivo programa primariamente militar para erradicar plantas de coca y combatir grupos armados (mayormente guerrillas izquierdistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). En los últimos cinco años, se han proliferado en América Latina nuevas bases de EEUU y arreglos de acceso militar, constituyendo una descentralización de la presencia militar estadounidense en la región. Esta descentralización es la manera de Wáshington de mantener un amplio agarre militar mientras acomoda la renuencia de líderes regionales a aceptar grandes bases y complejos militares de EEUU.

Tras la retirada militar estadounidense de Panamá en 1999 las tropas y comandos militares se reconcentraron en Puerto Rico, dándole impulso a un movimiento no violento de masas para sacar la marina de su campo de tiro en Vieques, Puerto Rico. El 1 de mayo de 2003 la marina abandonó el campo de tiro de Vieques (aunque permanece en manos federales) y en marzo de 2004 cerró la masiva estación naval de Roosevelt Roads. Los cuarteles regionales del ejército, la marina y las fuerzas especiales se han ido de Puerto Rico a Texas y Florida, el cuartel de SouthCom (el comando conjunto) está ubicado en Miami.

La marina continúa operando un "campo exterior" de casi 200 mil millas cuadradas para practicar maniobras navales de alta tecnología, un campo de rastreo bajo agua para submarinos y un campo de guerra electrónica cerca de Vieques. Los campos son usados por la marina y por contratistas militares para probar naves y sistemas de armas sofisticados. El ejército también tiene acceso a un gran campo de tiro de la Guardia Nacional, Camp Santiago en Salinas, Puerto Rico.

En adición, el Pentágono está invirtiendo en infraestructura expandida en la región, con cuatro bases militares en Manta, Ecuador, Aruba, Curacao ; y Comalapa, El Salvador, conocidas como "localidades de seguridad cooperativa", CSL por sus siglas en inglés. Estos CSL son facilidades rentadas establecidas para llevar a cabo monitoreo antinarcóticos y operaciones de intervención. Wáshington ha firmado acuerdos de diez años con Ecuador, Holanda (para Aruba y Curacao) y El Salvador y ha financiado la renovación de facilidades aéreas en Ecuador, Aruba y Curacao. SouthCom opera también unos 17 sitios de radar, mayormente en Perú y Colombia, cada uno típicamente operado por alrededor de 35 personas.

Los CSL y las facilidades de radar monitorean los cielos y aguas de la región y son claves en las operaciones aumentadas de vigilancia en la guerra antidrogas de Wáshington en los Andes. "La mayor parte de los activos disponibles a nosotros están enfocados en la pelea táctica en Colombia", dijo en marzo de 2004 el general Hill, jefe de SouthCom. Aprobada por el breve gobierno del presidente ecuatoriano Jamil Mahuad en noviembre de 1999, la base en Manta tiene hasta 475 militares estadounidenses.

Todo lo dicho es en adición a las bases existentes, incluyendo una estación de rastreo de misiles en la isla Ascensién en el Caribe, en la cual se albergan hasta 200 militares de EEUU, y Soto Cano en Palmerola, Honduras, la cual desde 1984 ha proporcionado apoyo para entrenamiento y misiones en helicóptero. Además, Estados Unidos tiene pequeñas presencias militares y propiedad en Antigua, Perú, Colombia, Venezuela y en la isla de Andros en las Bahamas. Las fuerzas militares de EEUU han usado oficinas en Venezuela por sobre 50 años pero fueron expulsadas del lugar en mayo de 2004.

La estación naval de Bahía Guantánamo, la cual goza de un arrendamiento sin fecha de expiración, sirve de base de logística para operaciones antinarcóticos, y cada vez más como un centro de detención ultramarino.

El Pentágono está transfiriendo gran parte de la operación y mantenimiento de sus bases militares a contratistas privados con fines de lucro. Por ejemplo, la fuerza aérea contrató la operación de su base en Manta a Dyncorp, y hasta los "compañeros de nación anfitriona" que acompañan en vuelos militares sobre Colombia son contratados a un contratista privado militar de EEUU.

En Panamá todas las fuerzas militares de Estados Unidos se fueron del país, y las bases fueron cerradas al final de 1999 en cumplimiento de los tratados del Canal de Panamá. Pero el Pentágono continúa gozando de acceso a vuelos militares hacia y desde Panamá por un contrato para transportar carga y pasajeros diariamente entre Honduras y Panamá y pistas improvisadas en Colombia. En junio de 2002 EEUU firmó un acuerdo con Costa Rica para una Academia Internacional de Cumplimiento de la Ley, pero movimientos populares hasta ahora han prevenido la ratificación del pacto.

Bases pertenecientes a fuerzas armadas latinoamericanas pero construidas y usadas por soldados estadounidenses, como el Centro Peruano de Entrenamiento en el Río en Iquitos, Perú, no son consideradas bases de EEUU pero a menudo sirven propósitos similares. El personal militar estadounidense y personal contratado operando en cualquier momento dado en Colombia, cuyos números pueden ascender a 800, son también albergados en bases nominalmente colombianas. En marzo de 2004 la administración Bush anunció su intención de aumentar el límite de este personal a 1,400.

Problemas con la política exterior actual

Problemas Claves

– Las bases representan un compromiso de recursos que podrían haberse usado para programas ambientales y sociales constructivos.
– Las instalaciones militares estadounidenses operan en un limbo legal ; el personal militar no se rige por las leyes locales, y hay poca transparencia. EEUU está usando su base en Bahía Guantánamo para evadir el derecho internacional en cuanto a prisioneros de guerra.
– Las bases militares ultramarinas a menudo causan daños ecológicos, ya que hay pocos mecanismos para requerir limpieza ambiental.

Los soldados y empleados bajo contrato que el aparato militar estadounidense despliega a bases en América Latina y el Caribe superan ampliamente por número el personal de agencias civiles estadounidenses en la región. La presencia de sobre diez mil militares en misiones en el extranjero envía un mensaje de que EEUU prefiere la fuerza sobre la diplomacia para resolver los problemas de la región, incluyendo problemas que involucran conflicto con Estados Unidos. En adición a su rol en facilitar operaciones militares, las bases estadounidenses son un símbolo de la historia de intervención armada de Wáshington y su uso de ejércitos locales para controlar la gente y recursos de la región. Varias bases de EEUU en el Caribe fueron adquiridas explícitamente no por acuerdos mutuos sino a través de conquistas en la guerra hispano-americana-cubana de 1898.

Aparte de evocar el pasado, las bases son contratadas hacia un futuro más allá de cualquier misión militar articulada. El Plan Colombia fue originalmente visualizado como un empuje de dos años hacia territorios sureños controlados por la guerrilla, con planes vagos para años futuros. En contraste, el Pentágono tiene arrendamientos de diez años en Ecuador, Curacao y Aruba y una presencia perpetua en su base naval de Guantánamo. Esta infraestructura permanente genera relaciones desiguales e invitan a la intervención en lugar de negociación en una situación de crisis, como lo fue el caso en Panamá y Puerto Rico (históricamente los sitios para otras bases estadounidenses a largo plazo en la región).

Las localidades de seguridad cooperativa, supuestamente creadas para monitorear el narcotráfico, no tienen mecanismo de transparencia o fiscalización por parte de la sociedad civil en los países anfitriones y son por tanto sujetas a otras misiones. Esto es particularmente preocupante a la luz de la expansión de los objetivos estadounidenses en Colombia para incluir "contraterrorismo". Tan temprano como 1999 un oficial del Departamento de Estado dijo que "las nuevas bases antinarcóticos en Ecuador, Aruba y Curacao serán puntos estratégicos para seguir de cerca los pasos de las guerrillas (colombianas". Aviones de la base Manta hasta fueron usados para localizar y detener un buque de pesca que cargaba ecuatorianos quienes se sospechaba estaban planeando entrar a Estados Unidos.

De similar manera la misión de tropas en la bahía de Guantánamo se ha transformado de la orquestación de operativos antidrogas a proveer una cárcel ultramarina para inmigrantes y, desde fines de 2001, prisioneros de guerra. Estos operativos no rinden cuentas bajo la ley de EEUU o internacional y agreden la soberanía de Cuba.

El dramáticamente aumentado involucramiento estadounidense en Colombia y la expansión del conflicto en la región fronteriza han provocado alarma entre amplios sectores de la sociedad ecuatoriana-incluyendo los militares- sobre el rol potencialmente desestabilizante de la base de Manta. Un oficial ecuatoriano señala que las capacidades de inteligencia electrónica de la base provee información que puede ser usada por unidades de contrainsurgencia colombianas entrenadas por Estados Unidos, Otros oponentes de la presencia de EEUU notan que el congreso de Ecuador nunca consideró o aprobó el acuerdo de la base, como lo requiere la Constitución del País. Muchos también objetan contra provisiones que eximen a personal militar estadounidense activo de la jurisdicción criminal ecuatoriana.

La localidad de seguridad cooperativa de Comalapa, El Salvador, operada por la marina desde 2000, no tiene límite al número de personal de EEUU, quienes tienen acceso a puertos, espacio aéreo e instalaciones del gobierno no especificadas consideradas pertinentes. En 2001 el partido de oposición FMLN argumentó que el acuerdo afecta la soberanía salvadoreña y por lo tanto requiere más que un simple voto de mayoría por la legislatura para ser ratificado, pero los tribunales salvadoreños rechazaron este reclamo.

En Puerto Rico las bases militares que quedan tienen funciones políticas adicionales. En una isla donde el FBI ha recopilado 1.8 millones de documentos basados en vigilancia de independentistas y otros activistas políticos, la presencia de bases militares estadounidenses desempeña un rol significativo en reforzar la identificación de Puerto Rico con Wáshington, lo cual contribuye a que continúe el colonialismo.

Problemas similares de soberanía persiguen a la propuesta Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley, la cual- a pesar de su nombre- está diseñada para estar bajo completo control de Estados Unidos. Costa Rica tendría que dar inmunidad diplomática al personal de la Academia cuando EEUU está agresivamente retirándose del Tribunal Criminal Internacional. Como pregunta Gustavo Cabrera Vega, del grupo de derechos humanos Servicio para la Paz y Justicia, "Si Estados Unidos no reconoce las convenciones universales de derechos humanos, ¿Con qué autoridad va a entrenar y adiestrar para combatir el crimen internacional ?" Dado que los costarricenses están renuentes al acuerdo, Wáshington está considerando otros lugares incluyendo El Salvador y la República Dominicana.

La contratación de compañías privadas de transporte aéreo, construcción y mantenimiento de bases, el programa de compañeros de nación anfitriona, y otras actividades militares ultramarinas reducen la información disponible a quienes fiscalizarían tales actividades y reduce la responsabilidad de acciones patrocinadas por Estados Unidos en el extranjero. Solo tras un emprendedor reportero descubrir un pedido en Internet para propuestas fue que la sociedad civil panameña averiguó que el Pentágono había estado usando pistas de aterrizaje en Panamá para "servicios de transportación" hacia y desde Colombia, aún después de que las tropas de Estados Unidos se habían marchado de Panamá. El contrato de 1997 le tocó a Evergreen Helicopters, una compañía con experiencia clandestina en la invasión a Panamá en 1989.

Muchas bases militares en Latinoamérica- como las que hay en Estados Unidos y en todas partes- están dejando un devastador legado ambiental. En Vieques, estudios han encontrado altos niveles de cadmio, plomo, mercurio, uranio y otros contaminantes en el suelo, cadena alimenticia y cuerpos de los habitantes de la isla. Estas toxinas han llevado a niveles elevados de enfermedades entre los residentes de Vieques, quienes tienen una incidencia de cáncer 26.9 por ciento más alta que otros puertorriqueños. A pesar de designaciones de Superfondo Vieques sigue siendo una isla muy contaminada. En Panamá las fuerzas militares dejaron sobre cien mil unidades explosivas sin detonar en campos de tiro en el área del canal, a pesar de una provisión en el Tratado del Canal para remover tales peligros. La construcción cercana de un nuevo puente y carretera traerá un flujo de trabajadores y ocupantes que estarán expuestos a estos peligros.

Sin embargo las bases de EEUU en el extranjero presentan problemas particulares para la limpieza ambiental porque la soberanía siempre está en cuestión. Una vez se va el Pentágono, Estados Unidos abandona su jurisdicción, desentendiéndose de la responsabilidad por la contaminación que los militares han causado.

Hacia una nueva política exterior

Recomendaciones Claves

– Estados Unidos debería adoptar una doctrina de relaciones hemisféricas que redirija recurso de instalaciones hacia programas sociales.
– Si no se puede lograr tal cambio fundamental, entonces los acuerdos de bases deberían requerir misiones específicas, períodos fijos, discusión por la sociedad civil y aprobación por parte de las legislaturas de EEUU y del país anfitrión.
– La justicia ambiental requiere asumir responsabilidad y dedicar fondos a la limpieza de contaminación de bases estadounidenses en el extranjero.

Para honrar sus ideales democráticos Estados Unidos debería adoptar una nueva doctrina de seguridad en sus relaciones con América Latina y el Caribe. Tal doctrina valoraría vínculos con civiles más que con militares y promovería la sociedad civil como la esfera sonde la toma democrática de decisiones debería darse. Este enfoque dedicaría más recursos a atender las causas económicas de los conflictos y no construir instalaciones diseñadas para el uso de la fuerza. También comprometería a EEUU a la transparencia en torno a los propósitos, actividades y efectos de las bases militares estadounidenses existentes en la región.

Las facilidades militares de EEUU representan un compromiso tangible para con políticas subyacentes que están caducas o, en el caso de Cuba, o son perniciosamente expansionistas. Según SouthCom, el informe que orienta la presencia militar en la región enfatiza el acceso a recursos estratégicos en Suramérica- especialmente petróleo- al igual que otros asuntos con raíces sociales y políticas, como la inmigración y los narcóticos. Una doctrina racional de seguridad estadounidense redirigiría recursos invertidos en bases militares hacia agencias civiles cuyo mandato es atender tales problemas sociales y políticas, incluyendo organizaciones no gubernamentales, agencias locales y regionales de los gobiernos del hemisferio, y programas de las Naciones Unidas. Tal cambio de enfoque implicaría cambios en la política antinarcóticos de EEUU y redirigiría la asistencia militar y policíaca hacia cultivos alternativos y otros proyectos de desarrollo en los Andes y hacia tratamiento de adicción y programas de salud en Estados Unidos.

Si no se puede lograr tal re-reexaminación de los fundamentos políticos de las bases militares en la región, Estados Unidos debería revisar los arreglos existentes para bases en ultramar usando criterios democráticos. Las bases no deberían ser mantenidas o establecidas sin una amplia consulta con las sociedades civiles y legislaturas en donde las bases están ubicadas. Sin tal consulta y consentimiento, las bases representan una usurpación de control democrático dentro de la sociedad anfitriona. Provisiones contractuales objetables como el amplio acceso de militares estadounidenses a los puertos y espacio aéreo de la nación anfitriona, inmunidad diplomática para personal militar de EEUU y prohibiciones contra acceso o inspecciones por autoridades locales, deberían ser eliminadas. Las bases sólo deberían ser establecidas por períodos de tiempo fijos, deberían tener misiones claramente definidas y deberían requerir renovación por los congresos de Estados Unidos y la nación anfitriona.

Además, Estados Unidos no debería tratar de establecer acceso militar o llevar a cabo misiones militares controversiales a través de compañías privadas contratadas. En Panamá, Estados Unidos debería honrar la sustancia del Tratado de Neutralidad, el cual prohíbe el estacionar soldados y bases estadounidenses en Panamá, y deberían abstenerse de usar pistas de aterrizaje locales para misiones militares por aviones militares o de contratistas. Para asegurar transparencia y responsabilidad a los países anfitriones, los acuerdos de bases deberían ser enmendados para dar a las autoridades de salud y ambiente de las naciones anfitrionas y representantes de comunidades afectadas por bases de EEUU la autoridad para inspeccionar todas las facilidades de una base con breve aviso.

Para atender problemas ambientales causados por bases militares estadounidenses en América Latina al igual que en otras regiones, Estados Unidos debe reconocer su responsabilidad y el Congreso debería establecer una Cuenta Ultramarina de Defensa para la Restauración Ambiental. La cuenta debería proveer para la limpieza de bases de EEUU antiguas y existentes en el extranjero- al menos a la altura de los criterios establecidos para bases estadounidenses domésticas- y debería financiar el estudio adecuado de aguas y tierras contaminadas.

En cuanto a Vieques, el Congreso debería apropiar suficientes fondos para una limpieza completa. La marina y la Agencia de Protección Ambiental deberían implementar una minuciosa limpieza de Vieques y del antiguo campo de tiro en la vecina isla de Culebra, ya que ambos lugares han sido aprobados para la Lista de Prioridades Nacionales del Superfondo. La marina también debería resolver reclamos por los residentes de la isla que buscan compensación por daños a su salud y ambiente. De modo similar, quienes determinan las políticas deberían prestar atención las exhortaciones repetidas de Panamá de remover los miles de explosivos dejados en campos de tiro en el área del canal. Tales medidas de responsabilidad ambiental demostrarían el liderato que tanto se necesita.

* Artículo orginalmente publicado por Foreign Policy in Focus (www.fpif.org) proyecto del Interhemispheric Resource Center (Centro de Recursos Interhemisféricos IRC www.irc-online.org) y Institute for Policy Studies (Instituto para Estudios Políticos IPS www.ips-dc.org). John Lindsay-Polland es coordinador del Grupo de Trabajo del Fellowship of Reconciliation sobre América Latina y el Caribe.

Fuentes para más información :

Organizaciones :

Acción Andina
Casilla 5471

– Cochabamba, Bolivia

– Tel : 011 591-42-52401
– Correo electrónico : andina@albatros.cnb.net

Center for International Policy
1755 Massachusetts Ave. N.W. #312
Washington, DC 20036

– Tel : (202) 232-3317
– Fax : (202) 232-3440
– Correo electrónico : cip@ciponline.org
– Página en la red : http://www.ciponline.org/

Fellowship of Reconciliation
2017 Mission St. #305
San Francisco, CA 94110

– Voz : (415) 495-6334
– Fax : (415) 495-5628
– Correo electrónico : forlatam@igc.org
– Página en la red : http://www.forusa.org/

Páginas en la red :

– Drugs & Democracy
http://www.tni.org/drugs
Esta lista de noticias se enfoca en los narcóticos y la militarización de América Latina e incluye a menudo información sobre la presencia militar de Estados Unidos.

Comando Sur de Estados Unidos
http://www.southcom.mil

Publicaciones :
– Department of Defense Base Structure Report, Fiscal Year 2003 Baseline, disponible en :
<http://www.defenselink.mil/news/Jun...> .

Puerto Rico/Colombia Update
– Los boletines e informes del Fellowship of Reconciliation ofrecen noticias y análisis sobre bases estadounidenses en Panamá y Puerto Rico en : <http://www.forusa.org/programs/tfla...> .

– Transnational Institute, "Forward Operating Locations in Latin America : Transcending Drug Control," Drugs and Conflict Debate Papers, no. 8, September 2003 at : <http://www.tni.org/reports/drugs/de...> .

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Recommended citation :
– John Lindsay-Poland, "Bases militares estadounidenses en América Latina y el Caribe," (Silver City, NM & Washington, DC : Foreign Policy In Focus, Agosto de 2004).

Web location :
http://www.fpif.org/briefs/vol9/v9n03latammil-sp.html

Production Information :

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– Editor : John Gershman, IRC
– Traducción : Carmelo Ruiz
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