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30 août 2005

Sólo se renegoció la mitad de los contratos con las privatizadas y faltan acuerdos clave, como el de Aguas Argentinas.

 

Por La Nación
Buenos Aires, lunes 29 de Agosto de 2005

La renegociación de los 49 contratos con las empresas de servicios públicos privatizados, que comenzó a principios de 2002, se encuentra hoy en una carrera contra el tiempo para terminar el proceso de aprobación entre las elecciones y antes de diciembre de este año, cuando terminará la emergencia económica y, con ella, el plazo fijado por el Congreso para firmar los nuevos acuerdos.

De aquellos 49 contratos por renegociar, el 47% (23) ya fueron firmados, mientras que hay un 33% en trámite y el 20% se encuentra demorado, según un informe de la Unidad de Renegociación de Contratos (Uniren), que preside Gustavo Simeonoff.

Los que están atravesando el momento más complicado desde el punto de vista de la negociación entre el Estado y las empresas son los contratos de Puentes del Litoral (concesión del puente Rosario-Victoria), Metrovías, Ferrovías, TBA, TMR (concesionaria del ex ferrocarril Roca), TMB (Urquiza), las 129 empresas que brindan el servicio de transporte automotor de pasajeros (ómnibus y colectivos) y Gasnea, la distribuidora de gas de la Mesopotamia, Chaco y Formosa.

Telefónica y Telecom, que se encontraban en este grupo, ya empezaron a renegociar lentamente un nuevo acuerdo con el Gobierno. Mientras tanto, Aguas Argentinas, que tuvo fuertes enfrentamientos con el Gobierno, figura como "en trámite", junto con la Autopista Buenos Aires-La Plata, la Hidrovía y Aeropuertos Argentina 2000.

El proceso de acuerdo entre el Estado y las empresas comienza con la firma de una carta de entendimiento, que luego debe atravesar una instancia de audiencia pública ; después, el acta acuerdo definitiva es analizada por la Procuración General del Tesoro y por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), y finalmente debe ser aprobada por el Congreso (primero en la comisión bicameral que analiza las privatizaciones y luego por las dos cámaras legislativas).

Hasta el momento figuran como actas acuerdo firmadas las de Edelap, Autopistas del Sol, Grupo Concesionario del Oeste (acceso oeste) y las terminales portuarias (Terminal 4, Terminales Río de la Plata, Terminales Portuarias Argentinas y Bactassa). A este grupo se suma Distrocuyo, que la semana pasada obtuvo sanción ficta en el Congreso.

Otros acuerdos que se encuentran a la espera de ser aprobados por alguno de los organismos anteriormente citados, como la Procuración, son los de la autopista Ezeiza-Cañuelas, las distribuidoras de energía eléctrica Transba, Transnoa, Transener y Transcomahue, y el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).

Como acuerdos firmados en forma posterior a la audiencia pública están los de Ferrosur Roca, Ferroexpreso Pampeano, Nuevo Central Argentino, la transportista eléctrica Transnea, Caminos del Valle (concesionaria del paso entre Cipolletti y la ciudad de Neuquén) y Edesur.

El acuerdo con Edenor estaría técnicamente listo, pero sólo la semana pasada la Comisión de Defensa de la Competencia aprobó la compra de la distribuidora por parte del grupo Dolphin.

El gas, un problema

Las distribuidoras de gas continúan siendo un dolor de cabeza para el Gobierno : si bien ya hubo audiencias para la mayoría de las distribuidoras (MetroGas, Camuzzi, Gas Natural BAN, Gas del Centro y Gas Cuyana), aún no se concretaron las de Gasnor y Litoral Gas, que tendrían lugar el mes próximo.

En rigor, al comienzo de la emergencia económica los contratos por renegociar eran 64 en total, pero en el proceso hubo varios cambios en la estructura de las concesiones, como las reestatizaciones por parte del Poder Ejecutivo, que retomó el control del Correo y del espectro radioeléctrico.

En tanto, los 15 corredores viales originales (rutas nacionales con sistema de peajes) fueron redistribuidos en 6 corredores y se llamó a una nueva licitación. También los ferrocarriles sufrieron cambios : la ex línea San Martín, que operaba el empresario Sergio Taselli, finalmente fue reestatizada.

La ley de emergencia económica, sancionada el 6 de enero de 2002, fijó hasta diciembre de 2004 el plazo para la renegociación de los contratos con las empresas privatizadas. Luego, esa ley fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de este año.

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