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Que Barack Obama « detengan el flujo ilegal de armas hacia nuestro país » hacia México
La Procuraduría General de la República (PGR) pidió que se realicen las investigaciones con la mayor celeridad posible a fin de que se esclarezcan los hechos y planteó nuevamente al gobierno de Barack Obama que « detengan el flujo ilegal de armas hacia nuestro país ».
Tras las nuevas revelaciones que realizaron agentes de la Agencia de Tabaco, Alcohol y Armas (ATF por sus siglas en ingles) en torno al Operativo Rápido y Furioso, en las que se afirma que esa acción fue aprobada por los altos mandos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la PGR planteó nuevamente al gobierno de Barack Obama que « detengan el flujo ilegal de armas hacia nuestro país, ya que es precisamente este recurso el que facilita la violencia generada por las organizaciones criminales ».
A través de un comunicado de prensa la dependencia que dirige Arturo Chávez Chávez indicó que « el gobierno de México ratifica su seria preocupación por las afirmaciones sobre supuestos actos ilícitos en el marco de dicho operativo ».
Asimismo subrayó « la importancia de que dicha investigación se realice con la mayor celeridad posible a fin de que se esclarezcan los hechos », aunque desde que trascendió a la opinión pública la realización del Operativo Rápido y Furioso « solicitó inmediatamente información oficial al gobierno de Estados Unidos y está atenta a los resultados de la investigación iniciada por el procurador General de ese país ».
En ese mismo sentido, recordó que las autoridades mexicanas iniciaron « la investigación correspondiente para esclarecer delitos que se pudieran haber cometido en territorio mexicano » y que « en función de los resultados, tendrá que sancionarse con todo el peso de la ley a quien o quienes pudiesen resultar responsables de la comisión de ilícitos ».
La dependencia mexicana insistió en mencionar que el « gobierno de México no fue informado de ningún operativo que incluyera el trasiego controlado de armas a México ».
Y nuevamente declaró que « el trasiego controlado de armas no está autorizado bajo la legislación nacional », por lo cual « una operación que lo contemplara no hubiera sido aceptable para el Gobierno de México, ni lo será, bajo ninguna circunstancia ».
Gustavo Castillo
La Jornada. México, DF. 26 de marzo de 2011.
