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20 février 2003

Privatizadas de la mano del FMI : ¿Qué quiere decir Tarifa Social en Argentina ?

par Soledad Arraigada

 

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Una exigencia de la misión del FMI y del Banco Mundial, según informaciones periodísticas, es que el gobierno argentino acote el concepto de tarifa social pero esto provoca un debate sobre qué es la tarifa social en el negocio de los servicios públicos concesionados o no, privatizados o no.

El arribo de la misión conjunta del Banco Mundial y el FMI actualizó el delicado tema de las tarifas de los servicios públicos privatizados.

En estos días se realiza el proceso de renegociación de todos los contratos de concesión, según lo dispuesto por la ley de emergencia vigente.

El Ejecutivo Nacional había autorizado una suba del 7% en la tarifa del gas y de un 10% para el servicio de electricidad, mientras que los comercios deberán afrontar una suba de entre el 7,3% y 9,9%, y los usuarios industriales abonarán un incremento de entre el 6% y el 18%.

Estos aumentos tenían en cuenta la aplicación de una tarifa social para los clientes de menor consumo.

Para el servicio de luz esto incluía a quienes consumen hasta 300 kW de electricidad por bimestre y, en el caso del gas, hasta 500 m3 anuales. Para el resto del territorio nacional, la tarifa social es variable.

Estos aumentos recibieron ayer el aval de la Justicia en 1ra. instancia. De todos modos, se ordenó al Ejecutivo que, en cinco días, y luego el 3er. lunes de cada mes, se informe el nivel de cumplimiento de sus obligaciones y la calidad del servicio.

Pero el punto relevante en esta oportunidad, más que un aumento de tarifas, es la redefinición de la tarifa social que se aplica en varios de estos servicio.

Como mencionamos anteriormente, la tarifa social se encuentra definida en términos de consumos.

El problema de esta estructura es que implica subsidios cruzados entre distintos consumidores, ya que los comercios y los grandes usuarios subsidian a aquellos consumidores que no se encuentran alcanzados por los aumentos.

Pero la definición por consumos provoca que la estructura no sea equitativa ; por lo tanto (como ya varios analistas lo notaron) una familia numerosa y con bajos ingresos puede quedar excluida de la tarifa social mientras que una persona sola con capacidad de pago pero bajo consumo esté alcanzada por el beneficio.

Varias ONGs afirman que sí es equitativo que "quienes más ganan subsidien a los que menos tienen", para justificar la masificación de la tarifa social, pero esto es falso : los establecimientos industriales y comerciales cargarán a sus costos, y al precio final de sus mercaderías y servicios, el subsidio, lo que además es inflacionario.

Por lo tanto, lo mejor es transparentar el proceso de formación de precios.

Entonces, se busca tratar de definir la tarifa en base a los ingresos de las familias. Esto se haría mediante la creación de una base de datos que se obtendrá de cruzar datos de los planes Jefes y Jefas de Familia, del ANSeS y otros planes sociales.

El objetivo es que los beneficiarios sean quienes tengan ingresos de hasta $ 150. Así se acotaría la base no afectada por los aumentos, discriminando entre quienes realmente no tienen capacidad para afrontar las mayores tarifas y aquellos que si la tienen.

Antecedentes

La idea de la tarifa social ya tiene precedentes en el país. En la provincia de Buenos Aires, mediante la Ley 12.698 aprobada por el entonces gobernador de la provincia, Carlos Ruckauf.

Según el artículo 1º de la misma las distribuidoras "podrán otorgar a sus usuarios residenciales con escasos recursos, existentes o futuros, encasillados en la tarifa residencial T.I.R., imposibilitados de acceder o mantener el servicio eléctrico mínimo, tarifas 40% inferiores a las que sean reguladas en cada periodo hasta 150 kwh, mensuales, la que se denominará Tarifa eléctrica de interés social (T.E.I.S.)".

También se establecen reducciones en las alícuotas de ciertos impuestos (artículo 2º de la ley).

Sumando a la reducción de impuestos provinciales y a los que deberían realizar los municipios los beneficiarios de la TEIS podrían obtener una rebaja del 50%.

Por su parte la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) adoptó en el marco de un programa orientado a "clientes con un perfil no convencional", un régimen especial para hacer accesible el pago de sus tarifas a los sectores de la población más castigados.

Mediante este programa se aplicaría una tarifa de manera diferenciada para carecientes e indigentes, indicó la firma eléctrica provincial.

La estructura de las tarifas serían de la siguiente forma :

** los "carecientes con medición" estarán exentos del cargo fijo, mientras que

** por bimestre y hasta 300 kw/h se les asignó la suma de $ 0,05 por cada Kwh., y $ 0,06 bimestral por cada Kwh. excedente de ese consumo.

En los casos de "carecientes sin medición", rubro en el que están incluidos los habitantes de viviendas construidas por el Estado para erradicar villas de emergencia, Epec, cobrará un cargo fijo de $ 9,60 bimestrales.

A los indigentes se les proveerán los primeros 100 Kwh. mensuales ó 200 Kwh. bimestrales sin cargo, mientras que aquellos que consumen 300 Kwh. por bimestre deberán pagar $ 5.

El Etoss, ente regulador del agua, también cuenta con un programa de tarifa social.

El objetivo primario del Programa consiste en establecer un sistema de asistencia a los usuarios de bajos recursos de los servicios públicos de agua potable y desagües cloacales que se prestan en el ámbito de la concesión de Aguas Argentinas S.A. que no se encuentren en condiciones de afrontar el pago de la tarifa de esos servicios. Se busca implementar un sistema de subsidio eficaz, transparente, explícito y focalizado.

Se concluyó en proponer la implementación de un subsidio a la factura con identificación de casos puntuales.

Se propone aplicar un subsidio en el universo de usuarios residenciales considerando sólo las unidades funcionales residenciales.

La modalidad del subsidio consiste en un módulo fijo de descuento de $ 4 por servicio y bimestre.

La duración del mismo será de un año, con posibilidades de ser renovado.

Se estima que con la previsión de $ 4 millones se obtendrán 162.000 módulos pudiendo cubrir las necesidades de alrededor de 100.000 hogares.

Urgente24.info, 19/02/2003

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