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28 de enero de 2004

Privatizaciones en Argentina: El Caso Thales Argentina S.A.

 

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El mismo día en que el Gobierno anuló la concesión del control del espectro radioeléctrico, se anunció que no se reprivatizará ese servicio tan sensible. La francesa Thales no cumplió con gran parte de sus obligaciones, al tiempo que acumuló ganancias extraordinarias. La Oficina Anticorrupción inició acciones penales contra esa firma.

El control del aire volverá a ser del Estado

El control del espectro radioeléctrico quedará "como un derecho indelegable del Estado", esto es; no volverá a ser privatizado. Este ha sido el primer caso de estatización de un servicio entregado a manos privadas. Y esa decisión fue confirmada por el Gobierno el mismo día en que se firmó el decreto que anula la concesión del "Servicio de comprobación técnica de emisiones del espectro radioeléctrico" que favorecía a la firma francesa Thales Spectrum, a quien acusó de no haber cumplido "en un 70 por ciento" los compromisos asumidos, tanto en materia de inversiones mínimas como de pago del canon, y de haber provocado un perjuicio al Estado por 302 millones de pesos. Como contrapartida, desde el otorgamiento de la concesión en 1997, la empresa habría registrado ganancias extraordinarias, incluso comparadas con el resto de las privatizadas, que alcanzarían una tasa interna de retorno del 145 por ciento, lo que hace presumir un enriquecimiento sin causa que será investigado penalmente. Las graves irregularidades existentes en materia de control y seguimiento de la concesión ya habían sido detectadas en 2001 por un informe de la Auditoría General de la Nación.

El desempeño de Thales Spectrum de Argentina (TSA) concentra, al límite, las peores características de las privatizaciones de los ’90: la transferencia de una actividad monopólica a un grupo privado, una licitación en la que el único competidor fue rechazado, flagrante incumplimiento de inversiones y cánones, falta de control estatal, ganancias extraordinarias y graves sospechas de connivencia entre la empresa y funcionarios. Los hechos no son nuevos. Fueron puestos en evidencia por un informe de la Auditoría General de la Nación presentado en 2001. En base a este informe, la nueva administración intimó a la firma, pero las respuestas de la empresa fueron, según el Gobierno, "irrisorias". A principios de 2003, TSA había presentado una propuesta de mejoramiento técnico operativo y un Proyecto Ejecutivo que la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) consideró inaceptable por no ajustarse a los términos contractuales.

En la conferencia de prensa que compartió con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para anunciar la caída de la concesión, en la que se enumeraron los incumplimientos de la firma francesa, el ministro de Planificación, Julio De Vido, justificó la decisión del Gobierno y destacó la existencia de "un perjuicio fiscal al Estado cuya gravedad se está comprobando en distintas instancias", pero que calculó en "una suma de valores nominales de 302 millones de pesos para el período entre el 1º de julio de 1997 y el 31 diciembre de 2003, más actualizaciones". Ello se debió a que existió "un sistema de recaudación extrapresupuestario que excede la tasa promedio anual de rentabilidad que obtuvieron los sectores productivos e individualmente el sector de servicios públicos para el período 1997-2001". Por ello, De Vido, confirmó que la Oficina Anticorrupción inició acciones penales contra la firma francesa.

El ministro destacó que "la lectura que debe hacerse es que el Estado, a través de sus organismos de control, está dispuesto firmemente a hacer cumplir los contratos de concesión, fundamentalmente en materia de servicios públicos, mucho más aún en aquellos servicios que son monopólicos".

La privatización del control del espectro radioeléctrico fue una de las privatizaciones tardías del gobierno de Carlos Menem, en 1997, cuando Germán Kammerath ocupaba la titularidad de la CNC. Se trató de una privatización extraña pues, salvo el caso de dos países africanos, no existen antecedentes en el mundo sobre la gestión privada de este control. En especial, porque quien desempeña esta tarea tiene acceso a las frecuencias de las comunicaciones de las fuerzas militares y de inteligencia, amén de servicios menos "estratégicos" como la telefonía celular, las transmisiones radiales y televisivas y de alta y muy alta frecuencia (HF y VHF), entre otras. El objetivo supuesto de la privatización fue evitar las transmisiones clandestinas, como las de estaciones de radio no autorizadas, y reducir las interferencias. Ello implicaba una serie de inversiones que no fueron cumplidas, pues a seis años de la concesión, la situación inicial no experimentó mayores cambios. En contraste con estas demoras, la empresa comenzó de inmediato a cobrar por el servicio de "uso del espectro".

Según el informe de la AGN, "ni el organismo de control (la CNC), ni la comisión especial creada para el seguimiento del contrato (Consegui), ni la propia empresa cumplieron con lo estipulado" en los pliegos de concesión. Además, "el beneficio neto social a favor del Estado nacional y del público en general ha sido significativamente menor al previsto, mientras la empresa logró ganancias por sobre lo normal". En cuanto a las interferencias, el informe de la Auditoría sostiene que "la persistencia de una elevada cantidad de interferencias que no cede con el transcurrir del tiempo es una señal de las deficiencias del proceso de comprobación técnica de emisiones implementado".

En materia de ganancias, en cambio, los resultados fueron menos ineficientes. Siempre de acuerdo con los datos de la AGN, la tasa promedio de rentabilidad anual de la concesionaria fue del 113 por ciento en el lapso estudiado, entre 1997 y 2001, margen que, como fue recordado por De Vido, "excede la rentabilidad que obtuvieron los sectores productivos, incluso, muchos de los servicios públicos". Adicionalmente, la tasa interna de retorno anual sobre el capital invertido ascendió a 145 por ciento.

El auditor general de la Nación, Leandro Despouy, agregó que "el contraste entre el contrato y los incumplimientos hace suponer que pueden haber existido irregularidades de otro tipo". En este sentido, explicó que los controles "en general han sido ineficientes, ineficaces y en algunos casos daría lugar a determinadas sospechas que deben ser investigadas penalmente". El funcionario recordó que "los franceses ya habían empezado a investigar a la empresa por utilidades que figuraban como repatriadas que podrían haber tenido otras rutas".

El Gobierno tiene menú variado
Por David Cufré

Página 12, 27 de enero del 2004.

El modelo que se utilizó para privatizar las empresas públicas en los ’90 está descascarado. Algunas de las compañías que operaban los servicios se retiraron, otras fueron expulsadas y un tercer grupo está discutiendo cómo sigue su negocio en los próximos años. El Gobierno eligió soluciones distintas para cada caso: volvió al viejo esquema del Estado empresario con el correo y una línea aérea -pero avisando que será por poco tiempo- ; devolvió al sector público la definición estratégica de cómo expandir la red vial, aunque mantuvo el sistema de peajes; está pensando un plan similar para los ramales ferroviarios que pudieran reabrirse y para el servicio de agua y cloacas; y ayer anunció la recuperación del control del espectro radioeléctrico. El Gobierno no cuestionó abiertamente el esquema de concesiones heredado del menemismo sino que puso parches en cada lugar donde se cayó la pintura.

No hay un programa uniforme para todas las empresas. Lo que es común, en todo caso, es la revisión de los contratos. Los ministerios de Economía y Planificación manejan una unidad que se encarga de verificar el grado de cumplimiento de las obligaciones de las privatizadas y de rediscutir nuevas condiciones, entre ellas las tarifas. Hay voluntad negociadora, pero las compañías ya no tienen vía libre como en la década pasada.

La última muestra es Thales Spectrum, donde se introdujo una novedad: el Estado no volverá a licitar el servicio. "Es un derecho indelegable del Estado nacional", definió el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. El Gobierno ocupó un espacio en relación con los servicios públicos que se había abandonado desde las privatizaciones. Su concepción es que los privados operen los distintos servicios, pero que el Estado defina las líneas de desarrollo y que controle que las cosas se hagan bien.

Dentro de esa estrategia, en algunos casos mostró mayor dureza y en otros menos. Los ramales ferroviarios que se concesionaron la década pasada siguen cobrando subsidios. En el 2003, incluso, algunos de ellos aumentaron porque se les reconoció a las empresas como un incremento de costos el aumento salarial de 200 pesos que dispuso el Poder Ejecutivo. Otro contrato que no registró mayores cambios fue el que se firmó con Hidrovía, que sigue cobrando peajes por la navegación en el río Paraná.

En donde sí hubo modificaciones fue en la red vial. El Gobierno constituyó un fondo fiduciario que recibe el dinero que recaudan las empresas de peaje, las cuales cobran un canon por su tarea y por mantener las rutas en condiciones. El resto del dinero será destinado, según la promesa oficial, a nuevas obras viales. El negocio fuerte para los privados se desplazó del control de las cabinas de peaje a la realización de las obras de infraestructura. Eso explica por qué los grupos Techint, Roggio y Macri ni se presentaron a la licitación de los peajes -a pesar de haber sido los principales operadores durante diez años- y seguramente estarán en primera fila en las licitaciones de obras.

El esquema del Estado empresario está reservado para situaciones transitorias. El correo y Lafsa, la aerolínea que se constituyó con los trabajadores de las caídas LAPA y Dinar y que trabaja en acuerdo con Southern Winds, tienen destino de reprivatización. Dentro del Gobierno hay funcionarios que proponen conservar esas compañías, pero hasta el momento la información oficial es que serán licitadas. Es posible que ocurra lo mismo con Aguas Argentinas, si la tensión actual desemboca -como especulan algunos- en la rescisión del contrato.

EN 2003 EL GOBIERNO YA HABLABA DE LA CADUCIDAD
La medida se venía madurando
Por Diego Schurman

Página 12, 27 de enero del 2004.

La coyuntura política no hizo más que demorar los tiempos. Pero la decisión de anular el contrato de concesión del control del espacio radioeléctrico estaba tomada desde fines del año pasado. Al Gobierno le preocupaba no sólo el "escandaloso" proceso privatizador que benefició a Thales Spectrum, sino también las llamativas "ventajas económicas" que obtenía la empresa francesa por el manejo del negocio.

En la Casa Rosada aseguran que en el 2003 hubo un período de gracia, donde la prioridad era la consolidación del poder de Néstor Kirch-ner antes que la batalla a las privatizadas. La excepción fue el Correo Argentino, del grupo Macri. El hijo pródigo de Franco amenazaba quedarse con la Capital. Por eso, poner al desnudo las irregularidades de esa concesión sumaba porotos para la reelección de Aníbal Ibarra. O sea, para el candidato de Kirchner.

Voceros oficiales insistieron ayer en que el timming siempre lo fija el Presidente. Y que si bien puede resultar lento o excesivamente rápido, la convicción que existe para auscultar las concesiones es siempre la misma. Ya en la campaña, a riesgo del desplante de las privatizadas, Kirchner abrió un fuerte debate cuando no descartó reestatizar el servicio de trenes.

En el caso de Thales Spectrum, Alberto Fernández recibía periódicamente informes sobre los incumplimientos del contrato. El jefe de Gabinete tomó el marcador rojo cuando la revista francesa Le Point alertó en octubre sobre un presunto pago de coimas de la empresa para ganar la concesión durante el gobierno de Carlos Menem.

Según ese artículo, la empresa habría girado 25 millones de dólares a cuentas bancarias en Nueva York, Uruguay y paraísos fiscales pertenecientes a funcionarios menemistas. Un dato que la administración Kirchner marcó con resaltador: Jorge Neuss, un empresario de estrecho vínculo con el ex presidente, figura como parte de consejo de administración de Thales Spectrum.

La demora para decretar la caducidad, que ya a fines del 2003 se hablaba en el Ministerio de Planificación de Julio De Vido, obedeció también a razones técnicas. No era demasiado sencillo para la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) hacerse cargo de una actividad que necesita de personal calificado.

Los informes que Kirchner recibió el último viernes de parte de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) no hicieron más que darle sustancia a una decisión que hace rato estaba tomada. Más bien fue la excusa formal. Material para cuestionar a la concesionaria había de sobra: además de la Sigen, estaban los trabajos de la Auditoría General de la Nación (AGN), la Oficina Anticorrupción (OA), y de la propia Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC).

Anoche el Gobierno señalaba los 451.744.167,30 pesos del resumen de la facturación de la compañía, en sus seis años de concesión. Se supone que ese dinero fue a cambio de una contraprestación que, de acuerdo a las investigaciones de distintos organismos, nunca se realizó.

El informe de la Sigen, por tomar sólo un ejemplo, habla de un "incumplimiento generalizado" de esa contraprestación, y puntualiza en la falta de entrega de un sistema informático, que se venía demorando por años. De todas sus obligaciones contractuales -destaca el trabajo- apenas el 20 por ciento se cumplieron entre octubre del ’99 a diciembre del 2003.

Fernández fue más concesivo. No habló ayer del 80 por ciento el incumplimiento sino del 70. A esa altura era lo mismo. El decreto presidencial ya estaba firmado.

Una mancha más al tigre
Página 12, 27 de enero 2004.

El semanario francés Le Point fue el que comenzó la investigación más profunda de las irregularidades en la operación de Thales en Argentina. Uno de los datos aportados en la serie de notas vinculados a ese tema refiere a que en el consejo de administración de la filial de Thales figura Jorge Neuss, el principal compañero de golf del ex presidente Menem.

Le Point, a la vez, detalla otros "asuntos" de Thales en los cuales su actuación ha sido poco transparente.

Por casos menciona los siguientes: en Francia, los jueces Renaud Van Ruymbeke y Dominique de Talance investigaron sobre eventuales comisiones transferidas a hombres políticos beneficiarios del extraordinario mercado de fragatas vendidas a Taiwan en 1991. La investigación también se hizo sobre un contrato suscripto con una pequeña sociedad suiza, Frontier AF, que ocultaba dos estrellas del futuro affaire Elf, Alfred Sirven y Christine Deviers-Joncour.

En Sudáfrica, las sospechas de corrupción pesan sobre el vicepresidente Jacob Zuma, que habría reclamado dinero al representante local de Thales. Las investigaciones no permitieron inculpar a Jacob Zuma, pero Thales fue sancionada por infracción a la legislación de las empresas.

En Austria, también hubo sospecha de sobornos en la licitación obtenida por Thales para la venta de radares, en la que aparece Karlheinz Schreiber, financiero oculto de la CDU alemana.

Por Página 12, 27 de enero del 2004

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