Polémica entre FMI y Comisión de Defensa del Agua en Uruguay

Promotores de la Reforma insisten con que el gobierno "garantizó" pago de deuda con reservas acuíferas

La Republica, 5 de septiembre del 2004.

El Fondo Monetario Internacional asegura que la "asistencia financiera" que "proporcionó el FMI a Uruguay no está sujeta a ningún tipo de garantía para asegurar su pago" pretendiendo de esta manera invalidar uno de los argumentos de los promotores de la Reforma Constitucional en defensa del agua. La respuesta del FMI a una nota publicada en LA REPUBLICA el pasado domingo 29 ("Claves de la reforma constitucional en defensa del agua") dejó de lado, sin embargo, a juicio de los promotores de la reforma, las condiciones contenidas en la Carta de Intención que el gobierno uruguayo firmó con el organismo en el año 2002.

La nota publicada en LA REPUBLICA aseguraba que el conocimiento de los "acuerdos" logrados por el gobierno uruguayo y el FMI ­plasmados en las cartas de intención firmadas con el organismo­ fue uno de los orígenes de la resistencia promovida por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, y que ha cristalizado en la propuesta de Reforma Constitucional que será votada junto a las elecciones nacionales el próximo 31 de octubre.

La respuesta del FMI, en carta dirigida al director de LA REPUBLICA, doctor Federico Fasano Mertens, por Andreas Bauer, representante residente del FMI en nuestro país, sostiene que esta apreciación es "incorrecta" ya que la "asistencia financiera" que "proporcionó el FMI a Uruguay no está sujeta a ningún tipo de garantía para asegurar su pago". Sin embargo, el repaso de los contenidos de la carta de intención firmada en junio de 2002 contradice esta afirmación del representante residente del FMI en Uruguay. En la nota se especificaba que dentro de esas garantías de pago de la deuda externa se incluyó las reservas de agua y los acuíferos.

¿Qué dice la Carta de Intención ?

Consultados por LA REPUBLICA, los impulsores de la reforma constitucional sostienen que el texto de la Carta de Intención, firmada el 18 de junio de 2002 entre el FMI y el gobierno uruguayo, deja plasmado el compromiso del gobierno uruguayo a "la introducción de nuevos marcos reguladores en varias áreas incluyendo electricidad, telecomunicaciones, agua y saneamiento, ferrocarril, transporte, etc.".

Pero no sólo eso. En el documento se establecen las "acciones y tiempos", o sea, la manera en que se llevarán adelante esas modificaciones y los plazos en los cuales deberán producirse.

En el apartado VII). II.4. (referido a las modificaciones en el marco regulatorio de agua y saneamiento) se establecen algunos puntos fundamentales de la manera en que se producirán esas modificaciones. Pero además se fijan las fechas precisas en que éstas se efectuarían, e incluso las fechas en que las propuestas serán puestas a consideración del Parlamento. Por ejemplo, en el inciso :
– "a)" se plantea la "introducción de un nuevo marco regulador para el sector (de agua y saneamiento)" agregando que "la propuesta será sometida al Parlamento en setiembre de 2002". Luego, en el inciso
– "b)" el gobierno uruguayo se compromete con el FMI a la "introducción de nuevas normas de calidad y controles para facilitar la inversión del sector privado" y se adelanta que el "decreto" que hará posible esta "introducción" debería ser "emitido en diciembre de 2002".

O sea, en este caso el FMI no sólo se aseguraba un cambio en la regulación del sector de agua, sino que, al mismo tiempo, establece el mecanismo jurídico-administrativo a través del cual se hará efectivo, un decreto del Poder Ejecutivo.

El inciso

– "c)" comprometía la apertura de una "licitación para mejorar los servicios en Montevideo" que debería hacerse efectiva en diciembre de 2002" al tiempo que en el inciso
– "d)" se comprometía un llamado a "licitación para la participación del sector privado en plantas de tratamiento de saneamiento en marzo de 2003".

Todas estas disposiciones están contenidas en la Carta de Intención, documento público, que firmaron el FMI y el gobierno uruguayo.

"Esas condiciones son mucho más que una garantía, son verdaderas exigencias. Lo cierto es que las cartas de intención con el FMI son el fruto de un proceso de negociaciones generalmente inconsultas y nada transparentes, entre el gobierno y el FMI, que suelen ser duras cuando no se siguen al pie de la letra las ’recomendaciones’ del FMI (como en el caso argentino), o rápidas y sin complicaciones como en el caso uruguayo", sostienen los defensores de la reforma. "En cualquier caso, y a pesar que quien firma las cartas de intención sea solamente el gobierno y no el FMI, la realidad es que esas cartas siempre expresan el nivel de acuerdo alcanzado entre las dos partes", agregaron los integrantes de la Comisión.

"El conocimiento de este documento, la experiencia de privatización vivida en Maldonado, las declaraciones del presidente Jorge Batlle en la famosa entrevista que le realizó la cadena Bloomberg y ­sobre todo­ el contexto internacional, donde las multinacionales han registrado un impresionante avance sobre el sector de agua, fueron los elementos tomados en cuenta por las diferentes organizaciones que se aglutinaron en la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida".

"La principal característica de la Reforma Constitucional que se votará el 31 de octubre es su oposición conceptual con el FMI, pero también con el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Mientras estos organismos multilaterales consideran al agua como una mercancía, la reforma planteada propone considerar el agua como un derecho humano. Y como tal, toda la población debe tener garantizado el acceso al agua potable y el saneamiento a partir de un a gestión pública, sustentable y participativa", agregaron.

La estrategia de Batlle

En la entrevista que Jorge Batlle otorgó a la cadena Bloomberg en junio de 2002 el presidente dio algunos detalles sobre cuál sería la estrategia del gobierno en relación al futuro de algunos servicios públicos en el Uruguay.

Claro que el escándalo generado por el off the record fue tan grande que pocos prestaron atención a lo que Batlle dijo consciente de que sería publicado.

En aquella oportunidad, dijo Batlle : "No vamos a privatizar, no vamos a venderlos. Para venderlos se necesita una ley y si aprobamos una ley se organizan plebiscitos contra la ley. De ese modo perdemos tiempo y no hacemos nada. Vamos a organizar un régimen de concesiones.

¿A compañías privadas ?

"Para operadores privados, como hicimos con el Puerto, donde lo hicimos muy bien.

¿Qué servicios se van a otorgar en régimen de concesión ?

Aguas corrientes, el ferrocarril, las comunicaciones y especialmente otras áreas en las cuales perdemos tanto dinero que usted ni se imagina." *