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14 octobre 2003

Pandillas en Centroamérica, una plaga incontrolable

par Alejandro Blanca

 

La proliferación de las pandillas es un problema de seguridad grave en El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala. En los últimos meses, las pandillas o maras han puesto de cabeza a las autoridades de esos países, pues son señaladas como responsables del alarmante incremento de asesinatos, violaciones, robos y amenazas de tipo gansteril contra ciudadanos de todas las clases sociales. Inclusive se asegura que estas bandas de jóvenes, entre los 8 y los 35 años, dominan amplias zonas urbanas de San Salvador, Managua, Tegucigalpa y ciudad de Guatemala y de otras urbes de esas naciones.

Ante este panorama, en cada uno de esos países se lanzaron campañas para combatir tales bandas. En Honduras, el presidente Ricardo Maduro envió a la Cámara Alta una iniciativa para endurecer las leyes contra las pandillas, la cual fue aprobada recientemente. En El Salvador, el mandatario Francisco Flores impulsó una ley similar, también aprobada esta semana por el Congreso.

En Guatemala, el gobierno está diseñando una normatividad parecida ; mientras tanto, las autoridades locales están tomando la delantera y, en algunos poblados del interior, alcaldes y jefes policiales han unido fuerzas para combatir a las maras. En tanto, en Nicaragua también se busca aprobar leyes similares, aunque en este caso las autoridades plantearon una cooperación con la sociedad civil para neutralizar a las bandas.

Estas medidas, en particular las leyes aprobadas en Honduras y El Salvador, han sido duramente criticadas por organizaciones defensoras de los derechos humanos. Las ONG señalan que si bien las pandillas son un problema de seguridad muy grave, tampoco son el origen de todos los males que padecen esos países, como en algún momento lo insinuó el presidente hondureño, Ricardo Maduro, y el reforzamiento de leyes podría derivar en abusos policiales.

Además, las organizaciones han advertido que las campañas podrían ser únicamente figuras propagandísticas y no iniciativas reales para proporcionar seguridad a los ciudadanos, ni para impulsar campañas de reinserción y de reeducación de los jóvenes pandilleros.

Existen dos versiones sobre el significado del nombre de las maras. Una indica que mara es una contracción de "Marabunta", la llamada hormiga soldado, que se mueve en grandes cantidades y arrasa zona amplias de la selva amazónica. Esa acepción se debería a que los mareros se identifican como un grupo de jóvenes que invadieron el sur de Estados Unidos, se propagaron como una plaga también en el sur de México y en las naciones centroamericanas y adquirieron un aspecto destructivo. La segunda versión habla de que mara es en honor de la Virgen María.

Algunos expertos estiman que las pandilla centroamericanas nacieron en Estados Unidos y luego, los mareros deportados habrían formado bandas en sus países, similares a las que operan en Los Angeles y Nueva York desde la década de los sesenta.
Las peculiares características de las naciones centroamericanas, pobreza generalizada, ex combatientes de las guerras civiles, corrupción institucional y policial, introdujeron elementos distintivos a las bandas locales. Por ejemplo, existen testimonios serios de que muchos mareros de Nicaragua, Honduras, Guatemala y, sobre todo, El Salvador, cuentan con formación militar.

"Vamos a controlar todo El Salvador", advierte la Mara Salvatrucha

El Flaco no se anda con rodeos : "Estamos enojados con el presidente (Francisco Flores) y al gobierno le advertimos, las pandillas vamos a controlar todo El Salvador". El pandillero de 22 años de edad es miembro de la Mara Salvatrucha y reaccionó así al plan de seguridad lanzado recientemente por el gobierno. El 23 de julio pasado el presidente Flores llegó a una zona controlada por las maras. Escoltado por unidades especiales del Ejército y de la policía, Flores anunció la operación "Mano Dura" para detener a los pandilleros y recuperar cierta tranquilidad en las colonias marginales y populares. Hasta el momento, más de 550 pandilleros han sido arrestados. Los municipios donde opera el plan son Soyapango, Apopa, San Salvador y Ciudad Delgado, en el departamento de San Salvador, y en la zona norte del departamento de La Libertad. Entre las pandillas más combatidas están la Salvatrucha, M18, Mao Mao y Máquina. Pero la mitad de los pandilleros han sido puestos en libertad por falta de pruebas en su contra, sobre todo porque la ciudadanía tiene temor de denunciar.

En una reforma legal que forma parte del plan "Mano Dura", se consigna como delito el sólo hecho de pertenecer a las maras. Además, se establece que los menores de hasta 12 años de edad que hayan cometido crímenes sean juzgados como adultos, a pesar de las convenciones internacionales protectoras de la niñez y la juventud, suscritas por El Salvador. El Flaco dice que "es una basura esa ley y al Presidente le digo que está loco. ¿Cómo van a capturar a 17 mil que somos ?"
Flores acusa a las maras de cometer por lo menos unos cien homicidios mensuales, pero los críticos del gobierno aseguran que el mandatario se olvida del crimen organizado y de otras mafias, igualmente poderosas. De acuerdo a estadísticas extraídas de la investigación "Barrio Adentro", auspiciada por la Universidad Centroamericana (UCA) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sólo en El Salvador el número de integrantes las maras es de entre 30 mil y 35 mil jóvenes.

El Salvador tiene 6.2 millones de habitantes y una densidad de población de 298 habitantes por kilómetro cuadrado. La pobreza afecta al 52 % de la población. El cuadro social revela que el 82.9 por ciento de las familias con jóvenes pandilleros viven en la pobreza ; en el 72.7 por ciento de esas familias, la madre es la jefa de hogar. El Estado, hasta el momento, no tiene programas específicos dedicados a la juventud y a prevenir el fenómeno del pandillerismo. En la miseria y la marginación, los adolescentes no tienen opciones de desarrollo más allá de lo que encuentran en la calle.
Según un estudio de la Policía Nacional Civil (PNC), en El Salvador las pandillas están organizadas en 309 grupos, los más numerosos en San Salvador, Usulután y La Libertad, con 15 mil integrantes. La edad de ingreso es desde los nueve años. El número de pandilleros podría aumentar en los próximos meses, pues el gobierno de Estados Unidos advirtió que deportará a todo joven extranjero que, como miembro de una pandilla, sea condenado por cualquier crimen violento.

Daniel Kane, portavoz de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), dijo a la agencia EFE que "queremos enviar un mensaje claro, inequívoco, a los jóvenes que participan en guerras pandilleras y otros delitos, porque serán deportados y no tendrán derecho a volver a entrar a Estados Unidos aunque tengan familiares en este país". Estas expulsiones se aplicarán sin importar el estatus legal del joven.

Aunque el fenómeno de las pandillas no es nuevo en la Unión Americana, las autoridades están preocupadas por los recientes incidentes de violencia registrados en Washington D.C. La guerra entre pandillas latinas, como Vatos Locos, Mara R, 1-5 Amigos y Street Thug Criminals (Criminales y Matones de la Calle o STC, por sus siglas en inglés), en la capital estadunidense ha causado cuatro muertos y un herido grave en las últimas dos semanas.

En este contexto, la nueva ley aprobada en El Salvador establece que un deportado podrá ser detenido de inmediato a su llegada al país si "por sus antecedentes, apariencia o conducta se deduce que pertenecía a una pandilla". Es este aspecto y otros similares de dicha ley lo que ha hecho ruido entre activistas y organismos de derechos humanos. Una de las primeras personas en denunciar las arbitrariedades fue la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, quien aseguró que "las recientes medidas tomadas por el Presidente están sesgando imprudentemente el combate contra la delincuencia que presenta aspectos gravísimos en otros campos : el crimen organizado, el secuestro, el lavado de dinero, el comercio de drogas y la corrupción social e institucional que manchan la imagen de El Salvador ante el mundo entero".

Por su parte, la directora de Hommies Unidos, Silvia Beltrán, señala que, si bien es más difícil defender a jóvenes pandilleros que a campesinos o torturados, los derechos humanos no discriminan a nadie.

En ambos casos se involucra al Ejército para resolver problemas sociales, hecho denunciado como violatorio de los derechos civiles.Para Beltrán, el plan de mano dura del gobierno salvadoreño es una acción propagandística que no va a detener la delincuencia. "El Presidente quiere que la gente vote por miedo en las próximas elecciones, pero El Salvador ha vivido la violencia por mucho tiempo y lo que busca es que haya respeto a los derechos civiles", señaló. De nada servirá que el "Ejército, de manera parecida a lo que hacía antes con los guerrilleros, ahora se suba a los buses y exija que los jóvenes se levanten la playera. Si tienen tatuajes, eso es suficiente para arrestarlos por 72 horas, aunque después no tengan prueba de que hicieron algo incorrecto. El problema es más complejo y necesita de soluciones muy creativas, duras, pero que les den a los jóvenes algunas opciones". Hommies Unidos fue fundada en 1996 y se dedica a reducir el pandillerismo en Estados Unidos y El Salvador mediante programas de reinserción social y de reeducación.

Por su parte, Hugo Martínez, diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), propone conformar un marco social, legal y político, de carácter integral que apunte a la erradicación de las maras, pero que incluya la educación, fuentes de trabajo para los jóvenes y que no implique únicamente la represión. En este sentido, el director para América Latina de Casa Alianza, Bruce Harris, que dedica sus esfuerzos para atender a niños y jóvenes en situación de calle, asegura que desde hace más de 10 años su institución ha estado hablando con las autoridades gubernamentales centroamericanas, pero que éstas no han invertido en la atención a los niños y jóvenes abandonados. "La única respuesta de las autoridades ha sido la represión. Y después de 10 años de represión, ¿qué esperamos de los ya grandes mareros ? Casa Alianza está muy de acuerdo en que las autoridades enjuicien a los que violan la ley. Pero la ley sólo puede tener credibilidad si se aplica de forma equitativa, incluso contra asesinos uniformados, políticos corruptos y también mareros asesinos o ladrones", puntualizó Harris.

Pese a las dificultades para enfrentar el problema de las pandillas, han surgido programas exitosos de rehabilitación. Un caso es el del centro de rehabilitación "Dios al Rescate", iniciativa impulsada por la familia Milla y la Iglesia católica. Este centro alberga a decenas de jóvenes ex pandilleros y ha conseguido trabajo para 42 ex mareros.

La tentación de la vida delictiva en la calle es grande frente a la falta de oportunidades de educación y empleo. En El Salvador, la otra opción socorrida por los adolescentes es la emigración hacia México y Estados Unidos.

Bandas delictivas declaran la guerra a los gobiernos de Honduras y Nicaragua

La ciudad de San Pedro Sula, en Honduras, está controlada casi por completo por las pandillas de delincuentes armados con pistolas y puñales. Ahí, las drogas y la muerte son cosa de todos los días. En esa ciudad, la cuarta en índices de violencia de América Latina, sólo detrás de Medellín, Cali y Caracas, operan unos 36 mil pandilleros.

El presidente Ricardo Maduro lanzó un plan de seguridad que fue aprobado por el Congreso por unanimidad. La nueva ley entró en vigor en agosto pasado e impone una pena de nueve a 12 años en prisión y una multa de hasta 12 mil dólares a los cabecillas de pandillas, maras o grupos que se asocien para agredir, dañar bienes, amenazar de muerte, extorsionar o cometer actos delictivos en contra de la población. A los integrantes de estas pandillas, definidas por el presidente Maduro como "empresas criminales que perjudican a la juventud y aterrorizan a Honduras", se les impone tres años de prisión. El gobierno ha reaccionado contra los mareros tan duramente como en El Salvador.

Recientemente, el ministro de Seguridad, Oscar Alvarez, aseguró a La Prensa de Honduras que "los líderes de las maras están reunidos para llevar a cabo acciones contra algunos funcionarios del gobierno y su intención es disuadirlos para que no se cumpla la nueva disposición legal". La guerra está declarada.

Por su parte, el director del Proyecto Victoria (PV, organismo que participa en la readaptación social de jóvenes), Mario Fumero, aseguró que "detrás de los mareros están los narcotraficantes y delincuentes". Fumero, pastor evangélico, se dedica desde hace 30 años a rehabilitar a delincuentes y alcohólicos juveniles. El sacerdote aseguró que las pandillas bien podrían considerarse como bandas criminales organizadas, pues "tienen una estructura a nivel centroamericano y se están ayudando mutuamente para enfrentar lo que califican como una lucha del estado en contra de ellos. Los mareros se siente acorralados y hay que esperar una reacción violenta de su parte".

En Honduras operan más de 500 grupos violentos de la Mara Salvatrucha y la M18, con unos 100 mil miembros en edades de ocho a 35 años. Según el gobierno, 77 por ciento de los jóvenes ingresan a las maras antes de los 12 años, debido al desempleo, inestabilidad económica, fracaso escolar y falta de afecto en hogares desintegrados. Se dedican a robar, violar mujeres y matar. Ellos también consumen y venden cocaína y marihuana. Controlan los barrios populares de las principales ciudades hondureñas, donde no llega la policía. Incluso cobran a los autobuses públicos por circular en esas zonas.

Ante la amenaza de encarcelamiento, decenas de pandilleros hondureños están desertando de las maras para buscar refugio en centros de rehabilitación, informó en un comunicado de prensa el Proyecto Victoria. Esta situación plantea otro problema, pues de acuerdo con el organismo, sus instalaciones ya no tienen capacidad para albergar más jóvenes.
En Tegucigalpa hay 100 albergues y en el de San Pedro Sula hay 28. "Lo más terrible es que muchos de estos muchachos están amenazados de muerte por desertar de la mara a la que pertenecían. Se nos viene una tremenda crisis de asistencia, para lo cual no estamos preparadas las ONG privadas, ni el mismo Estado", advirtió la organización.

En este contexto, la Iglesia católica de Honduras pidió un cese al fuego a las maras que participan de la guerra territorial en San Pedro Sula. La idea es abrir un canal de comunicación con ellos. Para alcanzar este objetivo, monseñor Rómulo Emiliani, obispo auxiliar de San Pedro Sula, se comprometió a servir de mediador entre las pandillas y el gobierno, al que calificaron de cómplice de una violencia que tiene de rodillas al país. Sin embargo, los máximos líderes de las pandillas que operan en esa ciudad radican en Estados Unidos y son los únicos que podrían ordenar un alto al fuego a sus seguidores.

Emiliani viajará pronto a Estados Unidos para pedirle a los jefes de las pandillas, la mayoría ubicados en cárceles californianas, que permitan una tregua en Honduras para sacar de la calle a unos 40 mil jóvenes en todo el país y unos dos mil en la ciudad. La iglesia hondureña cuenta, además, con programas de rehabilitación que han tenido éxito. Gracias a un programa denominado "Adiós tatuajes", implementado desde el 2000 en Chamelecón, unos 12 mil jóvenes se han borrado los tatuajes que tenían en sus cuerpos, sello distintivo entre los pandilleros, lo que en la práctica significa su retiro de las bandas. Lo que se busca es reintegrar a los jóvenes a la sociedad y que tengan una vida normal.

La apuesta por la reinserción social

Para la población del barrio Cristo del Rosario, en Managua, está muy claro : para derrotar a las pandillas que operan en la zona hace falta más presencia policial y mayor trabajo de coordinación, porque hasta el momento, el programa de reinserción social impulsado por la Policía del Distrito Dos de Managua no ha tenido el eco esperado entre las maras.

Rosa Avilés Aguirre, miembro del Comité de Prevención Social del Delito (CPSD), dijo al diario La Prensa de Nicaragua que el trabajo de reinserción ha tenido pocos efectos entre esas pandillas porque hace falta mayor esfuerzo de los padres de familia para participar en las reuniones que se organizan con la policía, más trabajo coercitivo y mayor presencia policial para controlarlas. "Es necesario que la policía patrulle las calles con más frecuencia, porque cuando estas pandillas están haciendo el desorden, ellos no se aparecen, sino hasta que hay muertos y heridos", dijo Avilés.

Con la labor del Comité de Prevención Social del Delito (CPSD), que trabaja en el barrio de Cristo del Rosario, se logró apartar de la delincuencia a los jóvenes y adolescentes que conformaban la pandilla de "Los Miami Boys", integrada por unos 50 muchachos, lo que da esperanzas a quienes apuestan por la reinserción social.
En este país, hay al menos unos 60 mil pandilleros, que operan sobre todo en la capital, integrados en unas 170 bandas. Entre estas agrupaciones están las pandillas de El Chilamate, Los Gerber y Los Sultanes", que con bastante frecuencia cometen robos y otros delitos.
La Policía Nacional de Nicaragua ha buscado trabajar con la sociedad civil para neutralizar a las bandas. Así, se han integrado 123 comités sociales de prevención de delitos, se han realizado casi mil reuniones con pandilleros, se han organizado unas cinco mil juntas entre pandilleros y sus padres con los vecinos. Además, se han creado clubes de jóvenes, equipos de futbol, talleres y se les ha ayudado para conseguir empleo y para que continúen sus estudios. Si bien los recursos son pocos, Rosa Avilés Aguirre espera que en algunos años esta estrategia rinda buenos frutos.

La delincuencia y el debate sobre los derechos humanos

La aprobación de leyes contra la criminalidad en Honduras y El Salvador ha abierto un fuerte debate entre los que prefieren la mano dura y quienes prefieren estrategias de persuasión y rehabilitación. Así, por ejemplo, Eduardo López Blandón, lector de El Salvador.com, mandó una carta a ese diario en la que criticó "las preocupantes actitudes y aseveraciones de la Procuradora de Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, quien se preocupa por que la Constitución, los derechos de la niñez y solo Dios sabe qué cosas más se violan al poner en marcha planes como el de mano dura del gobierno contra las maras. Yo a la Procuradora le pregunto : ¿en qué bus viaja ella para dirigirse a su casa o trabajo ? ¿Qué hace cuando los antisociales la tocan e insultan por el simple hecho de no tener una moneda para darles ? ¿En qué escuela pública estudian sus hijas ? ¿Se queda suplicándole a Dios cada vez que las envía a estudiar ? ¿Cuánto paga de derecho de entrada a su colonia a las maras que la tienen bajo su control ?"

Blandón agregó : "No señora, por si usted no lo sabe, la mayoría de los salvadoreños somos gente trabajadora, honrada y que solo queremos ver vivir a nuestros hijos y hermanos en un ambiente limpio y seguro, lejos de los problemas de las pandillas por las que usted se preocupa tanto. Debería, a mi juicio, colaborar con la solución del problema, porque si no sabe diferenciar entre los salvadoreños de verdad y los mareros, y prefiere abogar por los derechos de estos últimos a mi juicio mejor debería renunciar a su cargo".

Para La Prensa de Honduras, en cambio, se debe hacer como en Los Angeles y Nueva York, donde la violencia de pandillas se ha reducido considerablemente. "¿Cómo se obtuvo ese logro ?", se pregunta en un editorial publicado recientemente. "Básicamente, las autoridades de ambas ciudades, las más grandes de EU, combinaron de manera equilibrada las acciones concebidas para revertir aquella tendencia destructiva que corroía el tejido social".

El editorial continúa : "Los estadunidenses no se trenzaron en una controversia acerca de si el camino para terminar con las pandillas era la represión o, por el contrario, la reeducación, basada en valores morales, éticos y espirituales. La policía realizó su trabajo de manera exhaustiva, capturando y poniendo ante los tribunales a los mareros, en tanto que la sociedad, las iglesias y los grupos de derechos civiles, en forma simultánea y sin atacar a la autoridad, organizaron sus programas de formación. La Corte Suprema de Justicia y los tribunales menores en aquel país no permiten que nadie, desde la oficina de una agencia multilateral relacionada con la ONU o algo parecido, les diga cómo garantizar la majestad de la ley. Si queremos resolver este síndrome, que es social, ético, espiritual y jurídico, hay que poner en sintonía a todos los segmentos de la sociedad. Pero, antes que nada, hay que asegurar que quien delinque sea castigado. Ese es el primer paso. La reinserción social, como la llaman ahora, vendrá por añadidura".

Sin embargo, en países con cuerpos policiacos corruptos y que tienen un historial de violaciones a los derechos humanos, la aplicación de la ley de mano dura suscita más sospechas y temores que buenos augurios.

Ciberoamerica, 14 de agosto 2003

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