Otra batalla para América Latina : Bolivia

Los parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) cambiaron provisionalmente de escenarios. Desde hace algunas semanas, mientras dialogaban con el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el líder del partido, Evo Morales, exigía que se trataran las reivindicaciones en forma conjunta, a lo que el gobierno se opone. De todas maneras más de diez mil jubilados están marchando hacia La Paz, en medio de una tenaz lluvia y del frío implacable del Altiplano. Cuatrocientos manifestantes de la tercera edad tuvieron que suspender su participación por razones de salud. El martes 14, en el Chapare y en diversos puntos de Cochabamba, hubo enfrentamientos entre militares y manifestantes que bloquean las rutas (’bloqueadores’). Un estudiante y dos campesinos murieron ametrallados con proyectiles de guerra.

La oposición del mas exige una plataforma de cuatro puntos: no vender el gas a Estados Unidos, rechazo a la llegada de un contingente de militares estadounidenses, reparto de tierras y freno a la erradicación de las plantas de coca. Paralelamente, busca incorporar bajo su liderazgo a otros sectores que están en conflicto, como el Movimiento Sin Tierra.

La marcha de los jubilados y pensionistas exige del gobierno que se mantenga la indexación de las jubilaciones según la evolución del dólar y no del ipc, como dispuso ahora el Ejecutivo. La negativa a tratar el problema por parte del gobierno ha llevado al presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas a romper el diálogo con las autoridades.

Algunos analistas recuerdan que bajo el anterior gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario encabezado por Sánchez de Lozada, sucedieron los acontecimientos de la Navidad de 1996 en Amayapampa, Capacirta y Llallagua, donde fueron asesinados por el ejército nueve trabajadores mineros. Dirigentes de la oposición comentan que cada vez que el presidente amenaza con ’aplicar las leyes’ recurre a la represión militar y policial. Así lo hizo recientemente, y despachó hacia el Chapare y a Cochabamba unos 5 mil militares y 2 mil policías.

A medida que el conflicto se agudiza y se extiende a otros departamentos, se van incorporando nuevos contingentes gremiales, como los maestros, que anunciaron que no iniciarán las clases, los estudiantes de la Universidad Pública de la ciudad de El Alto, que manifestaron su apoyo al mas y fueron reprimidos, y los movimientos regionales en Tarija y Sucre.

Washington presente

Para colmo de males, esta semana presentó sus credenciales el nuevo embajador de Estados Unidos, David Greenlee, viejo conocido de los bolivianos. Experto en operaciones encubiertas, estuvo en este país en 1986 y luego en 1988 como ministro consejero interino. Pero su relación con Bolivia data de los años sesenta, cuando sirvió como voluntario del Cuerpo de Paz en el Altiplano. En 1988 Greenlee fue el número uno de la CIA en Bolivia e impulsó el ingreso de tropas del Comando Sur para realizar ejercicios de guerra en el Chapare que, junto a los cuerpos ’antinarcóticos’ acribillaron a decenas de campesinos que se oponían al uso de herbicidas para erradicar cocales. Para muchos, su llegada al país en las condiciones actuales no depara nada bueno.

Mientras duró el diálogo del gobierno con la oposición, se había acordado encomendar a una institución internacional un estudio del mercado de la hoja de coca para fijar los límites de la producción para el mercado nacional y establecer el monto de los cultivos excedentes. También estuvo en discusión la modificación de la ley 1008, un instrumento que contradice a la Constitución boliviana. Hasta qué punto el gobierno estaría dispuesto a acordar en estos temas, no se sabe a ciencia cierta.

Por otra parte, en la región del lago Titicaca ha estallado un movimiento de protesta campesino, no vinculado al de Evo Morales, y cuyos dirigentes dieron al gobierno un plazo perentorio de 30 días para que cumpla sus compromisos electorales de hace cinco meses.

La decisión del Ejecutivo de disolver la marcha de los jubilados, mediante la irrupción de efectivos policiales y militares que trasladaron a los ancianos a la fuerza en camiones, desperdigándolos en varias ciudades, parece presagiar que antes de instalar cualquier ’mesa de diálogo’ el gobierno prefiere la represión.

Por Brecha
Uruguay