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12 novembre 2012

México, el Estado esquizofrénico

par Carlos Fazio *

 

El régimen conservador de Felipe Calderón heredará al país un Estado de guerra permanente. Una sociedad sumida en la violencia, el terror y el caos. Y en muchos espacios del territorio nacional, una sociedad militarizada y paramilitarizada. El dispositivo ideológico de la violencia institucionalizada es el miedo. Un miedo aterrorizante, paralizador, potenciado por una estrategia comunicacional no desprovista de ideología. Una estrategia mediática enajenadora e invisibilizadora de la realidad, que como parte sustancial de las operaciones de guerra sicológica utiliza diferentes máscaras.

Así, mientras exhiben cuerpos decapitados, descuartizados o colgados, y dan cuenta de ejecuciones sumarias extrajudiciales, desapariciones, matanzas colectivas, fosas clandestinas y desplazamientos forzosos de población, los grandes medios encubren que la campaña de intoxicación (des)informativa sobre esos hechos –junto a la práctica sistemática de la tortura y la actual guerra de exterminio de rasgos neomalthusianos– tienen como objetivo principal generar miedo, inseguridad, angustias y rumores para aprisionar la subjetividad colectiva de la sociedad mexicana y facilitar el tránsito hacia un nuevo modelo de Estado autoritario, de corte policial-militar.

Con la salvedad de que esa violencia cotidiana de apariencia demencial –puesto que se trata de una violencia reguladora planificada que forma parte de una técnica coercitiva gubernamental–, ya normalizada, y el estado de excepción permanente instaurado por Calderón, no se deben a la ausencia del Estado, sino a la presencia de un Estado reformado cuya función es generar ese tipo de escenarios de terror y caos para garantizar la imposición y la eficacia del actual modelo de acumulación capitalista, con eje en la privatización y la desregulación de la economía, en detrimento de las conquistas y los derechos de los trabajadores y las libertades constitucionales.

Tendencialmente, la reorganización del Estado con un perfil policial-militar llevaría a la construcción de lo que Robinson Salazar llama ciudadanías del miedo y Naomi Klein denomina « democracia big brother », cuyo objetivo central es llevar la guerra de baja intensidad a la ciudadanía mediante la eliminación de los derechos políticos y el recorte de los sociales y laborales. Ergo, el modelo de la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe en Colombia. Es decir, la conjunción de paramilitares, narcotraficantes y políticos y empresarios ligados a la economía criminal, que llevaron a la configuración de un Estado delincuencial y mafioso en ese país sudamericano. Un modelo cuya institucionalización en México corresponderá aterrizar ahora a Enrique Peña y el nuevo PRI, con la mediación del mejor policía del mundo, el colombiano Óscar Naranjo, quien responde a los intereses de Washington.

La articulación entre la neoliberalización de la economía y la represión marcan la tendencia hacia un terrorismo de Estado de nuevo tipo, funcional a la actual fase de reapropiación territorial y saqueo neocolonial trasnacional hegemonizada por Estados Unidos. No en balde la militarización de la seguridad pública en México ha sido impulsada y alimentada por Washington. El involucramiento de las fuerzas armadas mexicanas en funciones policiales –a la manera de un ejército de ocupación de su propio país o como brazo armado del poder civil–, sigue la lógica del combate al enemigo interno propia de la vieja Doctrina de Seguridad Nacional, replanteada hoy conceptual y operativamente por el Pentágono. Un enemigo interno a aniquilar o exterminar, pero que a falta de unas guerrillas operativas o actuantes –como en el caso colombiano– es necesario combatir de manera preventiva bajo la mampara de la guerra a las drogas o al crimen organizado, para lo que fue necesario generar nuevos sentidos o matrices de opinión que permitan generar vínculos justificadores de la contrainsurgencia, como narcoterrorismo y narcoinsurgencia, propalados por la actual secretaria de Estado, Hillary Clinton. Categorías introductorias, a la vez, de la guerra urbana como pretexto de la seguridad, todo lo cual ha llevado a una acelerada colombianización del flanco estratégico de Washington.

Paradójicamente, todo ello ocurre en el seno de un Estado mexicano escindido, que opera a la manera de dos Estados superpuestos –pero articulados e integrados por dos dinámicas contradictorias–, en uno de los cuales imperarían los principios del Derecho (proyectados por la Constitución y las leyes y compatible con los parámetros jurídicos internacionales), y en el otro una cierta ideología de la violencia estatal y paramilitar, como sustento de un aparato de poder fáctico al servicio de una minoría plutocrática y cleptocrática, insostenible sin altas dosis de violencia.

Al referirse al actual modelo de México : el Estado colombiano, Javier Giraldo identifica una identidad estatal profundamente escindida, pero cuya única posibilidad de conservar su unidad icónica fue la del ocultamiento o negación de parte del yo estatal convirtiéndola en una alteridad ficticia, asumida con fuerza en el discurso como alteridad real. Al buscar cierta analogía entre ese tipo de anomalía y la siquiatría, el jesuita colombiano descubrió que frente a fenómenos de un yo escindido, confuso, ambiguo, que llega al extremo de creerse otro y de definirse como otro, surgió lo que denomina un Estado esquizofrénico, una de cuyas manifestaciones más evidentes (pero no la única) es sin duda la estrategia paramilitar del Estado. Es decir, la conformación de una franja de la sociedad civil integrada de facto a la violencia del Estado sin reconocimiento formal, lo que permite al Estado como al Establecimiento identificarlo en el discurso formal como un no Estado, aunque sea de público dominio su íntima relación, histórica y estructural, con las instituciones oficiales. Fenómeno que se reproduce hoy en el México de Calderón.

II Parte

Similar a la ensayada en Colombia en el último medio siglo, la estrategia paramilitar del Estado mexicano –la conformación de agrupaciones de bestias humanas integradas de facto a la violencia estatal sin reconocimiento formal– ha sido también el instrumento eje para enfrentar la guerra irregular de las guerrillas mediante otra guerra irregular y clandestina desde el Estado. Y si en las teorías de la guerra, la guerra de guerrillas fundaba sus métodos específicos en el hecho de ser un ejército pequeño que se enfrentaba a una maquinaria bélica estatal superior en condiciones de extrema desigualdad, las sucesivas expresiones del paramilitarismo en México –desde el Batallón Olimpia en Tlatelolco (1968), pasando por los halcones y la Brigada Blanca de la guerra sucia de los años setenta y la llamada caravana de la muerte del ex gobernador Ulises Ruiz en Oaxaca (2006), hasta los chicos rudos de Mauricio Fernández en el municipio de Garza García (Nuevo León), los escuadrones de limpieza social en Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas y los reactivados grupos paramilitares que hostigan a las bases civiles zapatistas en Chiapas– adoptaron métodos irregulares, asimétricos e ilegítimos de extrema barbarie, en abierta contradicción con el hecho de estar al servicio del polo más poderoso y bien dotado de la guerra.

Pero, como dice el jesuita Javier Giraldo sobre su país, Colombia, el para-Estado que se revela en el paramilitarismo como una manifestación evidente de un Estado esquizofrénico al asumir la categoría de no-yo, en el discurso oficial de Felipe Calderón y los mandos militares y policiales trasciende a las instituciones de seguridad y se proyecta en todas las dimensiones del Estado mexicano, particularmente en los ámbitos de la justicia y del derecho, dado que el conflicto bélico es inseparable de un conflicto social (pretendidamente inexistente para el Estado esquizofrénico).

El sistema judicial mexicano reproduce el conflicto sico-social mediante la combinación de estrategias punitivas y no punitivas. Para los crímenes contra la humanidad que se originan en los agentes directos o indirectos (paramilitares) del Estado –verbigracia, ejecuciones sumarias extrajudiciales, tortura, desaparición forzada de personas y desplazamiento forzoso de población–, el sistema judicial ha adoptado estrategias de impunidad que en los últimos años han escandalizado a los organismos humanitarios nacionales e internacionales, mientras somete a los integrantes de los movimientos sociales y de los grupos disidentes o de oposición a una estrategia punitiva cuyo eje ha consistido en procesarlos como subversivos armados y/o integrantes del crimen organizado, sin serlo, para legitimar sus fallos en una lógica guerrera. Ello no puede darse sin un acomodamiento profundo del derecho penal y administrativo, acompañado de estrategias propagandísticas mediáticas legitimadoras de amplio alcance.

Se puede argumentar que la facticidad del paramilitarismo en el intento de consolidación de una sociedad de pensamiento único durante el calderonismo, que prorroga los parámetros de la vieja doctrina de seguridad nacional mediante la eliminación física de lo alternativo al actual sistema de dominación de clase (caracterizado como el enemigo interno), pero dentro de los estándares formales de la democracia (como son el voto popular, la existencia de partidos y la separación así sea ficticia de poderes), se apoya en el manejo esquizofrénico del Estado que mantiene al paramilitarismo –en sus diferentes formas y representaciones mediáticas reales o encubiertas– en el estatus de no-yo, para poder incluso combatirlo mediante formalismos seudolegales ineficientes, como en la Colombia de Álvaro Uribe, donde se llegó incluso a negociar su desmovilización, en una fórmula propagandística que, vía los medios, trató de esconder la verdad prosaica de una negociación (del Estado) consigo mismo (Javier Giraldo dixit).

Esa perversa combinación de estrategias punitivas y no punitivas exige al menos unos niveles superficiales de validez o legitimidad que se introducen necesariamente en el ámbito del derecho. Y es en ese campo donde se proyecta con toda su hipocresía y sutiliza la esquizofrenia del Estado. El divorcio entre ética y derecho cumple aquí su función ideológica (en sentido peyorativo) más profunda, y por ello los funcionarios son preparados desde las universidades en el más acendrado positivismo jurídico.

Esa preparación mental les permite asumir la contradictoria incoherencia personal entre eticidad y juridicidad, que se hace más soportable mediante cuadros esquizofrénicos sutilmente validados por la ciencia del derecho, mediante la domesticación de una serie de principios, figuras y mecanismos de impunidad y arbitrariedad judicial ; la ruptura entre la verdad procesal y la verdad real (que lleva a desviar la mirada de torturas, ejecuciones sumarias, desapariciones, chantajes, sobornos o imposiciones autoritarias), y la ruptura entre el derecho internacional y el interno, asumiendo el primero mediante la firma, ratificación y proclamación de tratados internacionales, pero omitiendo su traducción a los mecanismos del derecho local –o retrasando su aplicación con argucias legaloides– para que los funcionarios se escuden en el vacío al evadir su aplicación.

La progresiva positivación de los derechos humanos –que redunda en el carácter sustantivo del derecho versus dejar como adjetivo lo humano– se enfrenta hoy al riesgo de quedar atrapada en la racionalidad instrumental, lo que convertiría esa reserva jurídica –con su carga histórica– en una técnica autónoma, desligada del mundo de los valores, la rectitud normativa, la ética y de las utopías que han seducido el deber ser de los humanistas, para terminar siendo cooptada por la institucionalidad del Estado contra la cual se erigió en baluarte de defensa de los valores más esenciales de la especie.

Carlos Fazio para La Jornada de México.

La Jornada. México, 12 de noviembre de 2012.

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