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Leyes de semillas en América Latina:
Una ofensiva que no cede y una resistencia que crece y suma
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Introducción
Los intentos por privatizar las semillas continúan desplegándose globalmente de las manos de los gigantes corporativos del agronegocio. Detrás de ellos hay un objetivo claro de apropiarse de las semillas de manera monopólica y de convertir la práctica histórica y milenaria de mantener y reproducir semillas en un delito. América Latina no está libre de tales ataques.
Aunque la agresión tiene actualmente como punta de lanza las leyes UPOV, lo que en realidad se vive es una andanada de leyes, decretos y regulaciones que incluyen patentes sobre eventos biotecnológicos, normas sanitarias, normas de comercialización, leyes de certificación, registros varios, reglas tributarias, las mal llamadas « buenas prácticas agrícolas », programas de investigación, políticas de establecimiento de mercados de semillas y más.
Ya en el año 2005 decíamos « Observadas hoy en día, todas las leyes de semillas refieren a la represión. Tratan acerca de lo que los agricultores no pueden hacer. Dictan qué tipo de semillas no pueden venderse, no pueden intercambiarse y en algunos casos incluso no pueden usarse. ¡Todo en nombre de la regulación comercial y la protección de los productores agrícolas! En este sentido, las leyes de semillas se complementan con los regímenes de derechos de propiedad intelectual (DPI) como la protección de variedades vegetales y las patentes. Los dos tipos de leyes — regulaciones para la comercialización y derechos de propiedad— se refuerzan mutuamente.
Si algo ha cambiado desde entonces, es que las estrategias de privatización se han multiplicado y se han hecho más extremas y ambiciosas. Lo que empresas y gobiernos no esperaban es que simultáneamente se han multiplicado las resistencias desplegadas a nivel nacional y regional.
La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza). La UPOV fue creada por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. El Convenio fue adoptado en París en 1961, y fue revisado en 1972, 1978 y 1991. Según su propia definición « la misión de la UPOV es proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales, con miras al desarrollo de nuevas variedades vegetales para beneficio de la sociedad ». En el lenguaje de UPOV, « protección » significa privatización.
La historia de UPOV muestra una expansión permanente y aparentemente sin límite de los derechos de las empresas semilleras junto a una reducción también permanente y sin límites de los derechos y libertades de agricultores y campesinos. El Convenio original otorgaba derechos de propiedad solamente sobre variedades que hubiesen sido desarrolladas por quien solicitaba la privatización, concedía poco más que el derecho exclusivo de comercializar una variedad privatizada y no establecía sanciones específicas. Con las sucesivas transformaciones en 1972, 1978 y 1991, UPOV actualmente concede propiedad sobre variedades « descubiertas » y otorga derechos monopólicos sobre la producción, comercialización, exportación, importación, además de permitir a las empresas pedir la confiscaciòn de cultivos, plantaciones, cosechas y productos derivados de la cosecha. Asimismo, establece que las empresas pueden demandar penalmente, lo que implica penas de cárcel.
El Convenio UPOV 91 es el que hoy se está intentando imponer en todo el mundo bajo el pretexto de la « protección ». Sin embargo en el presente está ampliamente demostrado que UPOV 91 niega los derechos de los agricultores tanto a nivel particular como en su sentido más amplio al cercenar su derecho a guardar semilla para la siembra y permitir a las corporaciones adueñarse de la biodiversidad, logrando un control comercial completo sobre las semillas y los conocimientos de las comunidades. Además los criterios de protección de obtenciones en UPOV exacerban la erosión de la biodiversidad por promover la uniformidad de las semillas. Esto es tremendamente peligroso pues la uniformidad conduce a pérdidas de cosecha y a mayor inseguridad alimentaria. Finalmente la privatización de las semillas afecta negativamente a la investigación y el intercambio de conocimientos.
En América Latina y el Caribe son miembros de UPOV Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay. De estos Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Perú son los únicos que en este momentos aplica UPOV 91.
El saco sin fondo de las ambiciones empresariales
Las leyes de semillas que hoy buscan imponerse son una aplicación irrestricta y a menudo ampliada de UPOV 91. Por lo tanto, (...) Seguir leyendo en el documento pdf:
Grain. 18 de octubre de 2013.
El Correo. París, 15 de noviembre de 2013.
