Las conexiones de la Ford Motors y la represión de la dictadura argentina de los Años de Plomo

En la Embajada de Estados Unidos leyeron la noticia en los diarios del viernes. La vieja causa por la desaparición forzada de 25 ex delegados de la Ford Motors Argentina, en los primeros meses del golpe militar de 1976, volvió a cobrar fuerza a partir de una denuncia a dos puntas. A la denuncia penal de hace tres años, los sobrevivientes acaban de sumar una demanda civil que incluye a la Ford Motor Company e incorporaron un pedido de indagatoria y de prisión para cuatro ex directivos de la empresa. Entre ellos hay un teniente coronel retirado que -de acuerdo a la nueva presentación judicial- luego de la Ford trabajó como personal de seguridad de la embajada estadounidense en Argentina hasta el 27 de febrero de 2004. El reclamo judicial sumó además una serie de nuevos documentos desclasificados del Departamento de Estado, entre ellos una pieza clave para entender la "alianza" entre las compañías privadas y las fuerzas de seguridad durante la dictadura. Página/12 revela parte de los documentos y el perfil del militar de la Ford contratado por la embajada. "No hacemos comentarios sobre la cuestión de los contratos del personal", respondió una fuente diplomática ante una consulta de este diario.

La historia con mayúsculas de Ford Argentina comenzó el día de la primavera de 1961 en que se cortaron las cintas celestes y blancas de la gigantesca planta de Pacheco, recuerda un viejo artículo que compila la vida de la filial local de la multinacional norteamericana. Dos años más tarde, el 15 de julio de 1963, Pacheco daba origen al primer Falcon producido completamente en el país, ante la mirada del nieto del mismísimo Henry Ford, convocado especialmente para la ceremonia. "Fui bien de familia, fui taxi, fui campeón de Turismo Carretera, fui todo. Duro, fuerte, incansable : un titán", dice un Falcon en el artículo reseñado. Se olvida que fue más que eso, fue uno de los símbolos menos celebrados de la dictadura militar.

Con el correr de los años, a la planta de Pacheco le sucedió lo mismo que a su auto modelo. Ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) un grupo de ex delegados de la Ford denunció en 1983 que el campo de deportes de esa fábrica funcionó como "cuartel militar" : dentro de la Ford, dijeron, "operaba un asentamiento o comando militar integrado por distintas fuerzas de seguridad". Las fuerzas militares se instalaron en Pacheco con un campamento, ocuparon las canchas de fútbol y rodearon con un cerco de lona uno de los dos quinchos, desde entonces convertido en centro de alojamiento transitorio para los obreros detenidos y denunciado con el paso del tiempo como centro clandestino de detención.

Los obreros de la fábrica sabían que los tiempos se habían puesto duros después del golpe. Pedro Troiani, uno de los ex delegados de la planta, secuestrado que sobrevivió, aún recuerda una reunión convocada por la empresa para anunciar la suspensión de la actividad gremial. Los militares rápidamente hicieron el resto del trabajo. Montados en una F-100 con la que recorrían la planta, el 24 de marzo se llevaron a tres compañeros de Troiani y el 14 de abril se lo llevaron a él. De marzo a mayo, los secuestros en la Ford sumaron en total 25 delegados ; todos pertenecían a la comisión interna formada por 200 delegados de una planta con 5000 trabajadores. Los 25 estuvieron técnicamente desaparecidos durante un promedio de 30 a 60 días, a la mitad los secuestraron en sus casas y los llevaron a la comisaría de Tigre, dispuesta como centro clandestino. A la otra mitad los levantaron en sus lugares de trabajo, dice en este caso Tomás Ojea Quintana, abogado y representante de los querellantes.

En general, los obreros permanecieron horas o unos pocos días en el quincho del campo de deportes de la Ford. Luego eran trasladados a Tigre o a una comisaría de Mas-chwitz. Treinta, cuarenta o sesenta días más tarde, abandonaban la calidad de "desaparecido" y pasaban a las cárceles de Devoto o Sierra Chica, legalizados y detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Por lo general, al cabo de un año eran trasladados a La Plata, desde donde recuperaban la libertad.

¿Por qué los detuvieron ? ¿Por qué sobrevivieron ? ¿Por qué los levantaron a cielo abierto con un despliegue ostentoso dentro de la fábrica ? Los delegados aún no saben gracias a quién sobrevivieron, pero están convencidos de que la empresa autorizaba los movimientos de los militares, la ostentación de armas y el amedrentamiento, para desactivar el gremialismo dentro de la fábrica. Llamaron a esa metodología terrorismo de Empresa y señalaron a cuatro directivos y a un militar como responsables.

El otro terrorismo

A partir de la documentación recogida durante los tres años de investigación en el Juzgado Federal Nº 3, de los testimonios de las víctimas y de numerosos testigos, los ex delegados de la Ford lograron construir una hipótesis sobre la lógica de los secuestros. Aquella época era una de las más prósperas de la fábrica, con obreros politizados que exigían aumento de sus ingresos y reclamaban mejoras en las condiciones insalubres de trabajo. Eso, según Troiani, molestaba. En la presentación judicial explicó : "La empresa urdió y ejecutó un plan preciso y concreto para deshacerse en forma violenta de la actividad gremial y sindical (...) valiéndose del aparato engendrado por el terrorismo de Estado, aunque proveyendo también, como nunca antes había ocurrido, instalaciones propias para el funcionamiento de un Centro Clandestino de Detención y para el mantenimiento del personal militar y de seguridad".

En ese contexto, los directivos de la empresa habrían jugado un rol esencial en la ejecución de ese plan. Para los empleados, los responsables son Nicolás Enrique Courard, presidente y representante legal de la compañía Ford Motor Argentina SA ; Pedro Muller, gerente de manufactura ; Guillermo Galárraga, a cargo de la gerencia de Relaciones Industriales, y Héctor Francisco Sibilla, el militar retirado del Ejército contratado tiempo después por la Embajada de Estados Unidos, jefe de Seguridad en la Planta de Pacheco y ascendido el 26 de julio de 1978, luego de los secuestros de obreros, al rango de teniente coronel.

De acuerdo a la causa, Sibilla, "tenía el control de toda la planta y lo mantuvo aún en época que las fuerzas militares habían ocupado el campo de deportes, lo que le hacía tener conocimiento de los secuestros y del traslado de los secuestrados desde el Centro Clandestino de Detención hasta la Comisaría de Tigre". Según los testimonios, Sibilla era una de las personas de la empresa que participó en los interrogatorios de los delegados detenidos "para extraer información vinculada a la actividad gremial dentro de la planta". Y Sibilla no era el único personal de las fuerzas de seguridad contratado por la compañía. Los testimonios señalan el mismo origen para todas las personas que se desempeñaban como personal de seguridad de la Ford, un dato que abona la hipótesis de que existía, según los abogados, una "coordinación logística entre la empresa Ford y las fuerzas militares".

Francisco Guillermo Perrotta no era operario sino uno de los 2500 empleados administrativos de la planta que hasta mediados de los ’70 no tenían representación gremial. Como empleado de la Oficina de Análisis de Costo Material e Inventario, Perrotta poseía manejo de información detallada y abultada de las cuestiones internas de la fábrica. Junto a otro delegado del área financiera, fueron los dos únicos torturados con picana. En el caso de Perrotta, dice la causa, "la empresa decidió participar en forma directa de su interrogatorio a través del jefe de Seguridad de la planta".

Perrotta relató su paso por la tortura en su declaración testimonial para la causa. "Preguntado para que diga si reconoció a Sibilla como uno de sus torturadores en la Comisaría 1ª de Tigre, respondió que no reconoció a Sibilla como quien lo interrogara" sino que lo ubicó como la "segunda persona que le sugería a quien lo estaba interrogando que le preguntara tal o cual cosa". Le "pareció que la voz de la persona que lo interrogaba se correspondía con la de Sibilla, pero como se encontraba con el rostro vendado y con las dolencias propias de las torturas nunca pudo ver la cara del interrogador". Sus interrogadores mencionaron datos y nombres internos de la Ford como si supieran de qué hablaban. Durante todo ese tiempo, Perrotta era torturado con picana : "Lo desnudaban y lo amarraban a una especie de catre de hierro y le colocaban un anillo en el dedo del pie.

Luego lo mojaban con agua y le aplicaban descargas eléctricas en los genitales, en el pecho y en la boca". En su declaración, recordó que "le aplicaron dicho método alrededor de cuatro o cinco sesiones".

A la querella no le sorprendió la participación de Sibilla en la sesión de tortura. "No debe sorprender que haya participado en este interrogatorio y en otras acciones -indicaron-, ya que pertenecía a las Fuerzas Armadas, habiendo sido ascendido a teniente coronel después de la erradicación del gremialismo y el disciplinamiento en la empresa Ford".

La Embajada de Estados Unidos hizo honor a sus méritos. Luego de su paso por Ford, Sibilla quedó contratado como personal de seguridad de la sede diplomática en un cargo que ocupó hasta 2004. Fue la propia embajada la que suministró la información cuando las partes lo solicitaron. Página/12 preguntó a un vocero de la embajada el motivo de la contratación del militar al que los delegados señalan como uno de sus represores. "En general la Embajada de los Estados Unidos no hace comentarios sobre las decisiones internas sobre sus empleados", explicaron discretamente.

Historia de los secuestros

La causa de los ex delegados de la Ford comenzó cuando apenas concluía la dictadura militar. Un grupo de ex trabajadores encabezados por Pedro Troiani acercó a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas un pedido para que incluyera entre las víctimas a los 25 delegados de la planta de Pacheco secuestrados entre marzo y mayo de 1976 por la actividad gremial desarrollada en la fábrica. Aunque el pedido logró un primer impulso, la denuncia no cobró trascendencia hasta 1998 cuando -como sucedió con muchas de las causas locales trabadas por las leyes de impunidad- la CTA decidió impulsar la denuncia en el juzgado español de Baltasar Garzón.

La presentación en el exterior sirvió para movilizar a la opinión pública nacional e internacional sobre los sucesos padecidos por Troiani y su gente, pero los reclamos jurídicos de fondo no avanzaron hasta hace tres años. Recién entonces el fallo de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final habilitó una vía local de reclamo en el Juzgado Federal Nº 3, ahora a cargo de Daniel Rafecas. El jueves pasado este último tramo del reclamo judicial fue el que volvió a cobrar vuelo. "Ya han trascurrido tres años y varios meses de investigación en un expediente de casi mil fojas", señaló en la presentación judicial Pedro Troiani, que,en su carácter de querellante, le reclamó al juez por primera vez la detención e indagatorias de un militar y cuatro directivos de la Ford, entre ellos Héctor Francisco Sibilla.

En varias oportunidades los delegados pidieron a la Justicia una inspección ocultar sobre el terreno, como se hizo en el Olimpo o en los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, dice el abogado Tomás Ojea Quintana, patrocinante de los delegados. Ya en 1998, cuando Página/12 se hizo eco de la denuncia presentada por la CTA en España, la empresa salió a negar cualquier vínculo de Pacheco con un campo de detención. Su gerente de relaciones institucionales, Jorge Di Nucci, insistió de uno u otro modo con que "acá no hubo centros de detención". En esa misma lógica, la empresa dijo que los delegados ya hicieron un juicio laboral oportunamente, juicio que hasta ellos reconocen haber ganado. Sin embargo, ni una ni otra explicación parecen suficientes. Los empleados recurrieron a su juicio laboral por las indemnizaciones pendientes por los despidos, porque era lo único que tenían a mano. En palabras de Ojea Quintana, "fue lo único que se les ocurrió".

Durante la última semana, esos mismos delegados dieron los primeros pasos para impulsar ahora una vía civil a nivel local similar a la abrieron y luego retiraron en enero de 2004 en los Estados Unidos contra la Ford Motors Company por los secuestros y desaparición forzada de 25 delegados. Esa denuncia no prosperó por cambios de jurisprudencia interna. Los abogados la retiraron y ahora abrieron una ruta para impulsar ese mismo reclamo fronteras adentro del país. A diferencia de la legislación penal, la civil impide impulsar una demanda sobre causas de más de dos años de antigüedad. Por esa razón, los abogados de los delegados de la Ford no abrieron la causa con una demanda contra la Ford. A través de una pregunta, le pidieron a un juez civil que se pronunciara a favor o en contra de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad en el campo civil, donde no existen antecedentes de este tipo.

Relaciones con la matriz

La relación y el tipo de intercambio entre la planta argentina de la Ford y la Ford Motor Company estadounidense es otro de los puntos sobre los que avanza la investigación. La Ford local no era subsidiaria de la norteamericana, aunque existía un control logístico, operacional y financiero de la empresa. Fuera de ello, no está claro cuánto de lo que sucedía con los obreros argentinos se sabía en la casa matriz. Hasta el momento, los únicos indicios de intercambio de información de uno y otro lado se limitan a la de tipo comercial y administrativo. Entre otros ejemplos, se encontró una serie de archivos en manos del Departamento de Estado norteamericano, ahora desclasificados, sobre la posibilidad de un intercambio comercial de la Ford Argentina con La Habana, para lo cual necesitaban una intermediación de Estados Unidos (ver foto). Fuera de ello, el abogado Tomás Ojea Quintana señala un dato llamativo. Los legajos del personal de la empresa estaban en español, pero el de las áreas más sensibles, como finanzas, se escribían en inglés. Para el abogado, sería una señal más de los cruces de información con la sede de Estados Unidos.

La alianza de capital y fierros

Un informe de la embajada revela cómo se coordinaba entre empresas y militares los secuestros de dirigentes gremiales. La causa de los ex delegados de la Ford incorporó un documento desclasificado del Departamento de Estado de los Estados Unidos considerado como una pieza sugestiva para quienes impulsan las causas por el terrorismo de Estado. Es un informe girado por la embajada de Estados Unidos en Argentina al Departamento de Estado a raíz del secuestro de 19 trabajadores de la planta de cerámica Lozadur. El documento no sólo da cuenta de los circuitos de intercambio de información, sino que con algunos detalles refuerza la hipótesis de la existencia de una alianza entre las fuerzas de seguridad y los sectores empresarios en las políticas de represión. La foto arriba es la primera página del dossier.

El documento fechado en Buenos Aires el 14 de junio de 1978 lleva como referencia "Disappearance of ceramics workers in 1977" (Desaparición de trabajadores del gremio ceramista en 1977). El contenido relata la relación entre los directivos de fábricas y fuerzas de seguridad por la desaparición de los trabajadores de la fábrica de cerámica de los alrededores de Bella Vista.

Luego de mencionar que "una fuente" informó la desaparición de "entre 15 y 20 trabajadores de Lozadur en noviembre de 1977" y de "5 a 10 en otras plantas de la mima área y en la misma época", el documento explica que estas desapariciones sucedieron en un momento de conflicto gremial por las pobres condiciones de trabajo y los malos salarios, con quite de colaboración de los obreros y un lockout empresario que resultó en 350 despidos.

El texto avanza con un comentario de "una fuente protegida de la gerencia" de Lozadur que la desliga de cualquier tipo de responsabilidad sobre la desaparición de los trabajadores, "sosteniendo que el Ejército se infiltró en la planta por las suyas. Y no tenía ninguna necesidad de consultar a la gerencia para identificar o actuar contra los sospechosos montoneros".

En el párrafo siguiente, el encargado de hacer el informe y remitirlo a los Estados Unidos dejó de lado las fuentes de la gerencia de Lozadur para dar cuenta de un comentario elaborado en nombre propio a partir del contacto con "autoridades de las agencias de seguridad". Allí aparece la caracterización del vínculo que existía entre las empresas y las fuerzas de seguridad, el elemento que más interesa a quienes trabajan en las causas de terrorismo de Estado :

"Creemos que en general hay un alto grado de cooperación entre directivos y las agencias de seguridad -dice el informe- dirigido a eliminar terroristas infiltrados de los lugares de trabajo industriales, y a minimizar el riesgo de conflictos en la industria. Autoridades de seguridad comentaron recientemente a la embajada -sin referencia especial al caso de Lozadur- que están teniendo mucho más cuidado que antes cuando reciben denuncias de los directivos sobre supuesto activismo terrorista dentro de las plantas industriales, que podrían ser en realidad apenas casos de legítimo (aunque ilegal) activismo gremial."

Para Tomás Ojea Quintana el párrafo es otra prueba de peso. Refuerza la hipótesis de que la Ford, como un gran abanico de empresas, se habría montado al engranaje de la represión para deshacerse del personal más conflictivo de la fábrica.

Página 12. Buenos Aires, 26 de Febrero de 2006