La lucha social en América Latina es una historia de persecuciones y resistencia

Desde las comunidades indígenas originarias hasta los movimientos surgidos en respuesta a las políticas neoliberales, la lucha social es uno de los puntos característicos de los pueblos latinoamericanos.
En la actualidad los movimientos sociales parecen ser actores políticos del naciente siglo XXI. Sin embargo, su lucha no son acciones sumergidas sólo en los escenarios actuales. También existen procesos históricos que marcan los caminos que tuvieron que seguir dentro la escena política latinoamericana.

Desde el proceso de colonización de los territorios latinoamericanos con la llegada de los europeos, los pueblos originarios fueron perseguidos y saqueados en su identidad y costumbres. No sólo se los invadió sino que se realizó sobre ellos todo tipo de maniobras ofensivas, alcanzando el genocidio de estos habitantes nativos.

En este sentido, el día 12 de octubre, los indígenas latinoamericanos se movilizaron en rechazo del 515 aniversario de la Colonización y el posterior desarme de las tradiciones y de los modos de vida de los habitantes continentales.

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), que agrupa a las diversas organizaciones indígenas de regiones como Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, conmemoró el Día Internacional de Pueblos Indígenas, el 9 de octubre, con el fin de evocar que la invasión todavía sigue vigente a través de los actuales contratos y acuerdos económicos, como los Tratados de Libre Comercio (TLC), que generan la exclusión de los pobladores originarios y la apropiación de los valiosos recursos naturales.

De esta manera, hasta el día de hoy, las comunidades indígenas siguen padeciendo el desalojo y el desarraigo de sus lugares de origen debido a la incorporación de las grandes empresas multinacionales y de los magnates que, beneficiados por las políticas de flexibilización de los países del Tercer Mundo, eligen a Latinoamérica para hacerse adjudicatarios de grandes extensiones de tierra.

Es así como, en la Patagonia argentina, el pueblo mapuche se vio obligado a desalojar sus lugares de residencia como consecuencia de la venta de los mismos al empresario italiano Luciano Benetton. La familia Benetton, propietaria de la mundialmente conocida marca de ropa, es poseedora de casi 900 mil hectáreas que pertenecían a pueblos aborígenes, que se vieron obligados a recurrir a la justicia nacional ante la expulsión.

En Chile, algunos integrantes de la comunidad mapuche padecen persecución política. Un ejemplo de esto, es lo que ocurrió el 11 de septiembre del año pasado, cuando una joven dirigente estudiantil mapuche llamada Amanda Huichalaf, fue arrestada mientras se dirigía a la universidad.

La muchacha, de 21 años, acusa al Estado por persecución política debido a su pertenencia al Colectivo Mapuche Pelentaru. Al momento de ser detenida, la policía chilena no le brindó justificación alguna ni se le leyeron sus derechos de inmediato.

"De lo que estoy segura es que mi detención se debió a que hasta ese momento era dirigente del Colectivo Mapuche Pelentaru y Presidenta del Centro de Estudiantes de la escuela de Acuicultura de la ULA", declaró Amanda. La joven debió abandonar su participación en dichos movimientos debido a lo sucedido y al temor que ello le produjo. Además, agregó en una entrevista realizada por el periodista Hernán Scandizzo, que considera que su detención "fue arbitraria, discriminatoria y racista por mi condición de mapuche".

Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la CAOI, expresó, a través de una notificación realizada por la conmemoración del mal llamado Día de la Raza : "denunciamos la permanente violación de los derechos humanos a los pueblos indígenas, no podemos callar frente a los crímenes horrendos que vienen ocurriendo con nuestros hermanos y hermanas, de parte de las Fuerzas Armadas y de los Gobiernos Nacionales a través de las políticas de Estado y las leyes, que están hechas para violentar nuestros derechos colectivos, al perseguirnos, al contaminar nuestros territorios, y desplazarnos con la intención de exterminarnos sistemáticamente".

A su vez, Palacín Quispe se refirió a los procesos de militarización y persecución por parte de los Gobiernos latinoamericanos. La CAOI denunció, que los pueblos originarios, al pretender defender sus territorios y recursos naturales que le pertenecen histórica y tradicionalmente, "sufren el asesinato permanente de dirigentes y líderes sociales e indígenas, el encarcelamiento injustificado y la criminalización de los movimientos sociales". "Todo esto nos demuestra que no existe libertad, ni derecho a decidir nuestro modelo de desarrollo", concluyó el Coordinador General de la CAOI.

Según un informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), "entre un 8 y un 10 por ciento de la población total del continente es indígena, con más de 400 grupos lingüísticos diferentes. Son los más pobres, tienen menor acceso a salud, educación, servicios básicos y agua potable, las condiciones de vida más precarias y escaso reconocimiento cultural".

Asimismo, los gobiernos latinoamericanos de los presidentes Álvaro Uribe, de Colombia, Michelle Bachelet, de Chile, y Alan García, de Perú, son algunos de los denunciados en el informe de la CAOI como las principales naciones dónde se generan "hostilizaciones de los pueblos indígenas y persecuciones a los dirigentes".

El acecho a los pueblos originarios y el saqueo a sus costumbres y modos de vida, es una de las formas más antiguas y ancestrales de persecución. No obstante, esta "cacería" fue tomando diversos rumbos, de la mano de la agudización de las carencias que sufren los pueblos latinoamericanos y la consecuente derivación en protestas, así como de la conformación de movimientos y organizaciones sociales que luchan por sus derechos.

La criminalización de los pobres y de los movimientos sociales es el común denominador en este sistema capitalista y neoliberal que los concibe, entre una de sus formas, como consecuencia de la relación de explotación entre los proletarios y los empresarios, que actúan con el apoyo de los Estados.

Los movimientos sociales se plantean, desde la lógica capitalista, como la raíz del mal de la sociedad, debido a que ponen en tela de juicio las estructuras sociales productivas, a través de la defensa de la dignidad, de los derechos humanos violados en pos de los intereses del poder y de la resistencia a esos mismos núcleos de poder.

Desde la perspectiva marxista de la "lucha de clases" hasta los actuales movimientos sociales, el mundo ha atravesado por diversos y enormes cambios que hicieron que el reclamo del pueblo tome diferentes rumbos así como también el accionar de los gobiernos estatales, de las potencias mundiales y de las grandes entidades internacionales.

A pesar de que el capitalismo, tras la caída del comunismo y el establecimiento de Estados Unidos como la potencia mundial, presenta como uno de sus factores básicos la exaltación del individualismo, las identidades de grupo y las representaciones sociales todavía coexisten sobre todo en aquellas regiones que optan por la solidaridad social ante el desamparo de quienes deberían representarlos y defender sus derechos como trabajadores pero, sobre todo, como seres humanos.

No obstante, los mismos Estados que deberían resguardar los derechos de sus ciudadanos y habitantes ecuánimemente, ante el temor a la desobediencia y al desorden social, optan por la represión, la persecución, la criminalización, entre otros mecanismos.

Este proceso de persecución se agudiza en la medida en que los movimientos sociales se incrementan ocupando los espacios vacíos dejados por los partidos políticos y los miembros e instituciones gubernamentales. Estos factores conllevan a reunir esfuerzos colectivos con el objetivo de reestructurar y restablecer aquellas cuestiones de Estado - económicas, políticas y sociales - que determinados grupos de la sociedad conciben como erróneas y perjudiciales para los intereses populares.

Planteando como iniciadores de este fenómeno social a los indígenas, se puede establecer como otro de los puntos más fuertes en la movilización de los latinoamericanos a aquellos que reunían fuerzas para contrarrestar los efectos dictatoriales, a las llamadas "fuerzas revolucionarias", incrementadas a gran escala durante los años setenta como consecuencia del oleaje de gobiernos de facto en toda Latinoamérica.

Tal como se publica en el portal de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en una investigación sobre movimientos sociales realizada por Marcel Arévalo, "la influencia de la guerra fría, de la revolución cubana y, fundamentalmente, del intervencionismo estadounidense sobre el mapa, transformó en movimientos de liberación una diversa gama de alianzas de fuerzas revolucionarias y democráticas".

A su vez, Arévalo plantea que "los movimientos sociales tienen ante sí desafíos trascendentales en una actualidad en la cual el capitalismo se mueve en sus intereses como cuando los terratenientes despojaron a los campesinos y los orillaron hacia los suelos pobres e inhóspitos".

Realizando un recorrido por los diferentes países latinoamericanos, son miles los movimientos u organizaciones sociales que se presentan inspirados en las ancestrales luchas indígenas. Algunos de mayor conocimiento público, otros desconocidos por gran parte de la sociedad, algunos más numerosos, otros con pocos integrantes, algunos más antiguos, otros recientes, pero todos con fines y objetivos claros que forjaron su surgimiento.

Entre esos movimientos puede destacarse la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que ya lleva 25 años luchando y resistiendo ante el genocidio de los pueblos originarios. Su objetivo es la construcción de una nación más justa e incluyente a través de un pacto social que permita superar los planes de militarización implementados en el país colombiano luego de las tratativas de sus gobernantes con Estados Unidos.

El pueblo colombiano no sólo vive inmerso en la militarización externa sino que, también, vive acechado por las fuerzas paramilitares que generan cientos de muertes civiles por año en medio de un contexto caracterizado por la violencia, la violación a los derechos humanos y la destrucción de la pseudo democracia.

A través de la falsa justificación de la lucha contra el terrorismo y por medio de la Doctrina de Seguridad, Estados Unidos, en acuerdo con gobiernos latinoamericanos obsecuentes, como el Colombiano, implementa políticas de exterminio de los movimientos indígenas, políticos disidentes, populares y sociales con el afán de acentuar sus planes económicos, políticos, militares y, sobre todo, de apoderamiento de los recursos naturales.

En este sentido, la implementación de políticas represivas por parte de los Estados Nacionales latinoamericanos es acompañada o iniciada por las directivas de los países hegemónicos, primordialmente, Estados Unidos. En tal aspecto, Colombia, bajo la excusa de luchar contra el movimiento contrainsurgente, inició el contacto con el país norteamericano, que le suministró material militar, asesoría y efectivos militares para asentarse en las numerosas bases de control, en lo que se denominó Plan Colombia.

El General estadounidense Yarborough del Centro de Guerra Especial de Carolina del Norte Fort Braga, afirmó que :

" debe crearse un equipo en el país acordado, para seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de represión (…) en la medida que sea necesario, e impulsar sabotajes y/ o actividades terroristas paramilitares contra los conocidos partidarios del comunismo. Los Estados Unidos deben apoyar esto ".

En este sentido, toda persona o movimiento social que se muestre disconforme con el sistema o se plantee como una amenaza para la prosecución de los planes hegemónicos, se considera como, según la etapa histórica, " comunista ", " subversivo ", " antidemocrático ", " contrainsurgente " o " terrorista ".

El " Centro de Investigación y Educación Popular " notificó que las Fuerzas Armadas colombianas, entre junio de 2006 y julio de 2007, fabricaron 90 operaciones a través de las que terminaron con la vida 169 víctimas civiles. En el mismo informe, se denuncia que estas personas asesinadas y demás desaparecidas forzosamente y torturadas fueron presentadas como miembros de organizaciones guerrilleras.

De esta manera, el Estado colombiano encontró la mejor excusa posible para justificar su violación a los derechos humanos, amparándose en el resguardo del orden nacional a través de la ejecución de estas " amenazas ".

Colombia plantea un desmantelamiento y eliminación sistemática de los movimientos sociales y populares que luchan en defensa de la soberanía nacional, de los derechos humanos y de su territorio, exigiendo justicia e igualdad.

Siguiendo esta línea de análisis, Héctor Mondragón, asesor de organizaciones campesinas e indígenas y movimientos sociales urbanos en Colombia, desde hace 20 años, escribió un libro llamado " Movimientos sociales, una alternativa al conflicto colombiano ".

En éste plantea, tal como lo expresó en una entrevista realizada en el Canal Solidario de Barcelona -España- , la violencia por la que deben atravesar los movimientos sociales del país latinoamericano, las estrategias de supervivencia que desarrollan para revertir esta situación y la impunidad ante las amenazas, los asesinatos y las presiones hacia los líderes.

Mondragón, afirmó que " los movimientos colombianos comparten las luchas fundamentales del movimiento social que hay en todo el mundo, pero presentan algunas diferencias. " Destacó que la principal particularidad "es que está tremendamente desangrado por la violencia" y denunció que eso le " ha costado la vida a miles de personas, campesinos, indígenas, miembros de sindicatos y de movimientos urbanos. La lista de los dirigentes que han sido asesinados es interminable ".

Por otra parte, el asesor de organizaciones indígenas, campesinas y sociales, se refirió al fenómeno de persecución que sufren hoy en día las mujeres activistas, llevándolas a un lugar de simetría con la violencia que el Estado colombiano ejerce hacia los hombres. " Muchas de éstas líderes campesinas están ahora exiliadas en España y otros países europeos ", agregó.

Sin embargo, el caso de Colombia no es el único de América Latina. En una segunda parte de este artículo se detallará la resistencia de otros movimientos sociales de la región que son amedrentados por el poder político en sus países.

El protagonismo social en América Latina

Expresiones de cuño popular se han convertido en actores claves dentro del mapa político de la región, modificando el balance del poder y resistiendo a los embates de los gobiernos más conservadores.

Un claro ejemplo de la existencia de movimientos sociales y campesinos y de su acecho, es lo que sucede en Guatemala, donde, después de haber estado 30 años bajo conflicto armado -finalizado con la firma de la paz en el año 1996- aún persiste la inequidad, desigualdad, violencia y persecución hacia aquellos que buscan superar la marginalidad y luchar por la defensa de sus derechos.

Con la intención de superar esta situación, década tras década, fueron dándose paso diferentes organizaciones y movimientos sociales compuestos por sectores populares y pobres, integrados, primordialmente, por campesinos e indígenas.

En un principio, estas organizaciones surgieron, tal como la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (UNRG), en contraposición a la dictadura militar apoyada por los estadounidenses durante los setenta. Debieron padecer exilios, violaciones a los derechos humanos y miles de asesinatos.

Una vez culminado el conflicto armado, los problemas en Guatemala persistieron. Es uno de los países latinoamericanos con mayor iniquidad en la distribución de tierras, además de la asimetría existente a nivel económico y social y la desestructuración a nivel político. En este contexto, los movimientos sociales toman una relevancia notoria.

Tal como lo afirma el informe de Flacso, "los conflictos armados internos, especialmente en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, prolongados y cruentamente combatidos con la forma de terrorismo de Estado, dejaron una honda huella y cultura del miedo en la sociedad civil, cuya reconstitución aún padece de profundos rezagos".

En 2004, se produjo el desalojo violento de la finca Nueva Linda, Champerico, con lo que el Gobierno guatemalteco rompió con el compromiso de no ejecutar desalojos. Durante este hecho, se llevó a cabo el asesinato de ocho campesinos por parte de la policía y la agresión en contra de periodistas que se encontraban en el lugar.

En muchos casos, los movimientos sociales y la sociedad por medio de fuerzas particulares que se unifican, resistiendo la represión y en busca de mejoras en las condiciones de vida, lograron destituir gobiernos.

Una clara muestra de esto es lo sucedido en Argentina, en el año 2001, dónde, luego de semanas de conflictos sociales debido a la gran crisis económica y del asesinato de al menos 15 personas, Fernando de la Rúa debió renunciar a su cargo de Presidente de la Nación.

Algo similar sucedió, en el año 2003, en Bolivia cuando el Movimiento al Socialismo (MAS), encabezado por el dirigente aymara Evo Morales, logró destituir al presidente de ese entonces, Gonzalo Sánchez de Losada. Asimismo, en Ecuador, los movimientos sociales tuvieron una participación central en la deposición de Abdalá Bucaram, en 1997, de Jamil Mahuad, en 2000, y de Lucio Gutiérrez, en 2003.

Esto denota la persistencia de estas expresiones en la lucha, y el protagonismo que muchos de ellos tuvieron a la hora de configurar el nuevo mapa político de Latinoamérica, teniendo en cuenta que, luego de estos derrocamientos populares, las presidencias continentales fueron, mayoritariamente, ocupadas por gobernantes de ideología centroizquierdistas y progresistas, en comparación con las que caracterizaron los años noventa, etapa más aguda de la instalación de las políticas neoliberales y de desregularización de la economía a favor de los intereses extranjeros.

Los movimientos sociales reunidos bajo la consigna "Construyendo Soberanía", en la Cumbre de los Pueblos del Sur, realizada el 28 y 29 de junio de este año, en Asunción, Paraguay, se opusieron al avance de la militarización en la región, considerando que este proceso, por medio de las promulgación de leyes antiterroristas, agudiza la persecución sufrida y la criminalización de la pobreza de la lucha y de la protesta social.

A su vez, según lo informa Adital, la Cumbre, entre otros puntos, exigió la liberación de seis ciudadanos paraguayos detenidos en Argentina, ya que lo considera persecución política y violación de los derechos humanos. Por otro lado, requirió el retiro de la Misión Militar de las Naciones Unidas en Haití.

A pesar de que muchas veces en el imaginario de los movimientos sociales y de la sociedad en su conjunto, estos aparezcan desprotegidos frente a las amenazas de las fuerzas estatales y extranjeras instaladas en las regiones latinoamericanas, esto no es así.

Una de las entidades encargadas de proteger sus derechos es el Comité Internacional contra las Desapariciones Forzadas y la Tortura (ICAD) que lucha mundialmente con el objetivo de frenar la persecución política y la desaparición forzada de personas, como sucedía en tiempo de dictaduras y como aún, inexplicablemente, sucede en tiempos de democracia.

La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) estima que aproximadamente el número de desaparecidos en Latinoamérica es de más de 100 mil. La FEDEFAM recibe anualmente miles de denuncias sobre detenidos desaparecidos y actos de intimidación o persecución contra defensores de derechos humanos, en lugares como Argentina, México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Colombia.

Otros movimientos sociales que tomaron protagonismo y que se suman a los ya mencionados son los Sin Tierra, de Brasil, los zapatistas del sur mexicano, los piqueteros de Argentina y los cocaleros de Bolivia.

Con respecto a lo que sucede en Paraguay, el presidente Nicanor Duarte Frutos promulgó un decreto por el que las Fuerzas Armadas obtuvieron el permiso para salir a las calles con el objetivo de cumplir tareas de seguridad interna en las áreas rurales. A su vez, consumó la creación de Consejos de Seguridad Ciudadana y de organismos paramilitares armadas, tal como existen en Colombia.

Este hecho genera una visible amenaza y un factor de riesgo para los movimientos sociales paraguayos, los cuales, con la instauración del Consejo de Seguridad, integrado por 22 mil miembros, se ven notablemente perjudicados en su lucha. Cabe destacar, que el gobierno guaraní optó por el establecimiento paramilitar como una manera de contrarrestar los efectos de los movimientos sociales y campesinos que se desplazan a lo largo del territorio en reclamo de tierras y de una reforma agraria.

Esta lucha y estallido social surgió en la medida en que los grandes hacendados, apoyados por el Estado paraguayo, desplazan de las tierras comunales al campesinado para expandir la cosecha de soya. Debido a la relevancia que tomaron los conflictos encabezados por los campesinos, principalmente por organizaciones tales como la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), el gobierno de Duarte Frutos, de carácter conservador, dispuso que la policía era insuficiente para frenar los reclamos, por lo que decidió establecer formas más rigurosas de control.

Según lo informó el diario La Jornada, de México, para el año 2006, aproximadamente 100 campesinos fueron asesinados por paramilitares y las fuerzas de seguridad del Estado, más de 2 mil fueron procesados e inhabilitados para participar en movilizaciones públicas. A su vez, "los negocios de la soja siguen asfixiando la economía campesina de subsistencia y matando niños por la contaminación que producen los pesticidas. Los planes de las elites consisten en seguir expulsando gente del campo, hasta que la población rural quede reducida apenas a 10 por ciento", concluyó La Jornada.

El movimiento ciudadano paraguayo de Yby Yaú, denunció la desaparición de 49 personas en los últimos años, entre ellos el periodista "Enrique Galeano". A su vez, siguiendo la lógica de la dictadura de Stroessner, durante el gobierno de Duarte frutos, se detuvieron cientos de campesinos en Puentecinho y en Hugua y, de acuerdo a lo informado por organizaciones campesinas guaraníes, unos 80 mil campesinos son desplazados de sus tierras por año sumándose a los 600 mil campesinos sin tierra que existen actualmente.

En México, por ejemplo, un grupo de campesinos fueron gravemente reprendidos por parte de la policía mexicana durante una manifestación. El 3 y 4 de mayo de 2006, en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, en respuesta a las protestas de activistas de una organización campesina se cometieron decenas de torturas y maltratos, además de violencia sexual hacia las mujeres.

En Brasil, tal como lo publicó APM el año pasado, según las estadísticas de Amnistía Internacional (AI), entre 1999 y 2004, la policía de los estados de Río de Janeiro y San Pablo mató a 9.889 personas en situaciones registradas oficialmente como "resistencia seguida de muerte".

Esto representa una clara demostración de lo que significa la criminalización de la pobreza paradójicamente en países, como Brasil y Argentina, que cuentan con altos índices de marginalidad e indigencia.

Cabe destacar, que muchos de los detenidos que integran las unidades carcelarias son víctimas del acoso policial debido a su condición de pobres o son presos políticos recluidos en movilizaciones. Uno de los movimientos más perseguidos en los últimos años en la Argentina, son los denominados piqueteros.

Gabriel Roser, de 27 años, piquetero residente en la localidad de Berisso, Buenos Aires, fue detenido en su casa por personal policial el 29 de abril de 2004 para averiguación de antecedentes. Roser trabajaba en un comedor comunitario y había tenido una reyerta con punteros políticos duhaldistas y con la propia policía. Durante el juicio, tanto Roser como sus compañeros, declararon que los policías les decían que eran detenidos por la ropa que vestían o simplemente por "portación de rostro".

A su vez, en el caso de Brasil, la mayoría de las víctimas de la violencia policial son jóvenes pobres de raza negra o mestiza, muchos de los cuales carecen de antecedentes penales, tal como lo destacó APM en 2006. La realidad de los países vecinos en relación a este tema es similar. Tanto en Argentina como en Brasil, las villas y las favelas representan un punto de ambición para las fuerzas policiales.

En reiteradas ocasiones, la policía decide detener a un miembro de la villa o favela por el sólo hecho de estar sentado en una esquina, por ser de tez oscura o por vestirse de manera sospechosa, es decir, por motivos infundados. Según denunció Amnistía Internacional, cinco jóvenes murieron en enero de 2004 en la favela de Cajú, al norte de Río de Janeiro, tras ser sorprendidos por la policía que les disparó sin motivo alguno.

Es de vital importancia que el pueblo latinoamericano se solidarice con la resistencia popular y tome conciencia de que la protesta social es una de las formas que poseen todos los ciudadanos para hacer valer sus derechos y defender su dignidad ante los abusos del poder.

De esta forma, los movimientos indígenas, campesinos, sociales y populares constituyen un importante componente de los pueblos latinoamericanos debido a que gracias a sus esfuerzos por resistir, iniciados desde la llegada de los colonizadores, la lucha social continúa vigente a pesar de la paulatina extranjerización de las costumbres originarias, de la instauración a ultranza de las políticas neoliberales y capitalistas que actúan en detrimento de las condiciones de vida de los pueblos y de la violación de los derechos humanos.

APM. La Plata, Argentina, 30 de octubre de 2007.