La guerra contra las drogas en America Latina

A muchos puede parecerles que el fin de la guerra en Afganistán, que está por cumplir diez años, no está cerca todavía, pero América Latina ha soportado una lucha más larga aun y recientemente se ha vuelto mucho más sangrienta : la "guerra" contra el tráfico de drogas. Tan trillada –y violenta—se ha vuelto esa guerra que muchos latinoamericanos se preguntan cuál de los bandos es el que tiene la peor adicción patológica.

La nueva estrategia que ha estado promoviendo la secretaria de Estado estadounidense para cortar el crecimiento de los asesinatos relacionados con el narcotráfico –que según filtraciones de algunos informes del gobierno mexicano han sido más de 22,000 desde finales de 2006—es crear “comunidades más fuertes y resistentes”. Ciudad Juárez, una extensa ciudad fronteriza mexicana que se ha convertido en la capital mundial de los asesinatos, tendría que ocupar un lugar prioritario en esa lista.

Cuatro puentes e innumerables túneles y canales de desagüe comunican a Ciudad Juárez con El Paso, Texas. Los cárteles enemigos que luchan por el control de la plaza, nombre que se utiliza para designar cualquier ruta de tráfico, se matan entre sí y atacan a las fuerzas de seguridad. Aparentemente, no faltan jóvenes desempleados dispuestos a unirse a la masacre.

No obstante, abordar los arraigados problemas sociales y económicos de una ciudad como Juárez es mucho más difícil que llenar sus calles con 8,000 soldados armados con rifles de asalto. En este aspecto, el presidente mexicano, Felipe Calderón, se ha mantenido fiel al guión que se ha escrito para escenarios previos de la guerra contra las drogas, ya sea en Bolivia, Colombia o Perú, donde los gobiernos han utilizado la fuerza militar y la extradición para aplacar a los Estados Unidos y castigar a quienes tienen menos voz e influencia.

Pero el lenguaje que utiliza la administración Obama para describir la violencia y la corrupción gubernamental que permea desde los Andes hasta la frontera estadounidense está comenzando a integrar una nueva forma de pensar sobre los narcóticos. Tres ex presidentes latinoamericanos, el segundo hombre más rico de México, Ricardo Salinas, y la Suprema Corte de Argentina, entre otros, han criticado la guerra contra las drogas y se han referido a ella como un fracaso manifiesto que ha bajado el precio de venta en la calle, ha fomentado la producción y ha socavado a los Estados débiles.

Lo que resulta aún más sorprendente es que Bolivia y Ecuador están gobernadas por presidentes que han sufrido directamente las insensibilidades colaterales de la guerra contra las drogas. El presidente de Bolivia, Evo Morales, empezó a cobrar importancia como líder de los productores de coca del país durante una brutal campaña para erradicar sus cultivos, el Plan Dignidad. El padre del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, fue encarcelado por contrabando de drogas a los Estados Unidos cuando el futuro líder tenía cinco años de edad.

La profunda ambivalencia de estos líderes hacia la meta de un mundo libre de drogas ilegales es compartida por la Unión Europea, donde las restricciones al consumo de narcóticos se han relajado en la última década. Además, los últimos tres presidentes estadounidenses han admitido haber consumido –en mayor o menor medida—sustancias psicoactivas ilegales, mientras que, según las Naciones Unidas, siete millones de estadounidenses son consumidores habituales de cocaína.

Sine embargo, la inercia de la superestructura burocrática de combate a las drogas (que cuesta aproximadamente 40 mil millones de dólares tanto en los Estados Unidos como en la Unión Europea), apoyada por un arraigado temor a la “amenaza” que representan las drogas y los cárteles, parece ejercer presión repetidamente para que las políticas se dirijan hacia la conocida opción de la represión en piloto automático.

Por ejemplo, el apoyo estadounidense a la campaña mexicana contra los cárteles parece estar tallada en piedra, y el Congreso está aparentemente dispuesto a proporcionar 300 millones de dólares para actualizaciones militares y de seguridad durante un año más. En Colombia, están previstas siete instalaciones militares conjuntas nuevas, y es de suponer que no se interrumpirá el apoyo a los contratistas privados estadounidenses que han acaparado el mercado de la fumigación de cosechas.

No obstante, a medida que se hacen más visibles las fallas del aparato antinarcóticos que está en funcionamiento desde hace cuatro décadas, es cada vez más difícil creer que los riesgos del consumo de drogas son mayores que el daño que se hace al reprimirlas.

La prohibición incrementa el margen de beneficio de los precios –un sorprendente 15,000% en el caso de la cocaína que se transporta a Europa desde las instalaciones de procesamiento andinas. Mientras que la guerra contra los narcóticos se focaliza en destruir a los cárteles y a sus jefes, contribuye perversamente a la salud de sus mercados, que se insertan en los flujos de comercio legítimos y responden a los incentivos de precios.

En una entrevista que tuvo lugar este año con el semanario mexicano, Proceso, el segundo al mando del gigantesco cártel de Sinaloa, Ismael Zambada, planteó con claridad : “El problema del narco envuelve a millones. ¿Cómo dominarlos ? En cuanto a los capos, encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí. "

El surgimiento de las poderosas mafias de drogas de América Latina no se explica por la extrema maldad de determinados individuos. Estas personas han emergido bajo condiciones creadas por la profunda desigualdad de sus sociedades, por una guerra mal aplicada, inconsistente y burocrática.

En efecto, la ira de los Zetas en México se originó durante el entrenamiento de contrainsurgencia que se dio en los años noventa a un selecto grupo de soldados de las fuerzas especiales, que posteriormente desertaron. Los reclutados más sobresalientes de los zetas en años recientes han venido de las fuerzas militares especiales guatemaltecas, cuya infame técnica de inducción incluía arrancar a mordidas la cabeza de una gallina viva. Mientras tanto, en Jamaica y en lejanías rurales de América Central, los capos de la droga se convierten en benefactores y héroes de los pobres.

Es tiempo de que se reconsidere la situación y regulación de las drogas ilegales y haya una orientación hacia la legalización selectiva, así como una reclasificación del mercado como una cuestión de salud pública en lugar de una preocupación penal. Por el momento, los encargados del diseño de políticas en América Latina están apuntando hacia lo obvio.

Traducción de : Kena Nequiz

[Copyright : Project Syndicate http://www.project-syndicate.org/co.... La Haya, 13 de Julio de 2010.