La empresa deforestadora chilena Alto Paraná ya es dueña del 8% de Misiones en Argentina y quiere 100.000 has. más.

La empresa de capitales chilenos Alto Paraná es la dueña del 8% de Misiones y el gobierno de Carlos Rovira quiere que obtenga la certificación ISO 14001 como tenía Perez Companc, a quien Alto Paraná le compró 60.000 hectáreas.

La empresa forestadora Alto Paraná S.A. (Apsa) acaba de sumar a su patrimonio las 60.000 hectáreas que Pecom tenía en Misiones, y se convirtió en la propietaria de 230.000 hectáreas, es decir, de casi el 8% de todo el territorio misionero. Y compraría 100.000 hectáreas más entre las localidades de Eldorado y Montecarlo.

Por esto, el gobierno provincial gestionará para que Alto Paraná se someta a algún tipo de certificación de gestión ambiental de las actividad forestales, de igual manera que Pecom estaba suscripta a la norma ISO 14001.

Se aclaró que no se trata de una cuestión de discriminación. Ocurre que no faltan quienes dirán que la exigencia es porque se trata de una empresa de capitales chilenos, pero ocurre que una empresa de capitales argentinos que controlaba muchas de esas tierras tenía esa norma ISO.

Además, Alto Paraná tiene por delante ya una multa por una infracción cometida en el paisaje protegido del lago Uruguaí.

"El ministerio tiene pensado instrumentar controles más estrechos de las actividades forestales de la empresa y se marcará de cerca la situación debido al volumen de bosque que maneja Apsa", explicó un asesor gubernamental.

Entre las tierras que adquirió la forestadora chilena se encuentran unas 20.000 hectáreas de bosque que Pecom mantenía como parque privado.

Ecología provincial envió recientemente al Ejecutivo misionero un proyecto de decreto para declarar esas tierras como bosques protegidos. Sin embargo, resulta casi inviable teniendo en cuenta que, posteriormente, la provincia tendría que comprar dicha extensión de tierra, y carece del dinero suficiente.

Según trascendió, el ministro dio directivas expresas para ponerle especial atención a las actividades de la empresa. Incluso, impulsaría una nueva política con relación a los efluentes que Apsa tira al río.

Pero no es todo. Ecología estudia también la posible implementación de un arancel o tasa que recaería sobre las forestadoras como contraprestación de las certificaciones y demás actividades que les brinda.

Previa a la transacción, el ministro Miguel Alterach se había manifestado en contra de la concentración y el monopolio de las tierras en Misiones. Incluso, su postura había chocado con la del gobernador Carlos Rovira, quien le bajó el perfil a la cuestión y para quien "no hay que temer".

A las medidas desde el Ministerio de Ecología se suman las gestiones de los legisladores misioneros y de distintas entidades del sector privado que visitarán la Secretaría de la Competencia de la Nación, en un intento por evitar que Alto Paraná monopolice el negocio forestal, como ya ocurre con Ramón Puerta en el negocio de la yerba mate...

Las tierras de Pecom compradas por Apsa incluyen 17.700 hectáreas de pino, 3.700 de araucarias, 1.000 de eucaliptos y 37.350 de silva nativa. También un aserradero con una capacidad de 94.000 m3 al año.

El tema de fondo es que Alto Paraná tiene pensado comprar unas 100.000 hectáreas más en Montecarlo y Eldorado.

La Asociación Forestal Argentina (Afoa) aclaró que no tomará partido ante la reciente compra de 60.000 hectáreas en Misiones por parte de la forestadora Alto Paraná S.A., teniendo en cuenta que la misma "se ajusta a lo dispuesto en la reglamentación vigente".

Para la Afoa, no se produjo ninguna violación a la ley por lo que no encuentra motivos para hacer ninguna objeción a la transacción que le dio a Apsa el control del 35% de la superficie plantada con pinos de la provincia.

Apsa es una de las 14 socias que la Afoa tiene en la región y de las más de 40 que tiene en el ámbito nacional.

El gerente regional de la Asociación, José Eduardo Saiz, aclaró a la Cámara de Diputados provincial "una posición de respeto irrestricto de las leyes para mantener la estabilidad jurídica imprescindible para las inversiones".