Indemnizarán a torturados durante la dictadura en Brasil

Desde que terminó la dictadura militar en Brasil, que implantó un régimen represivo con asesinatos, desapariciones y torturas entre 1964 y 1985, ningún responsable por esos crímenes fue investigado, juzgado ni condenado. Después de casi treinta años, el Estado de Río de Janeiro decidió indemnizar a los que sufrieron torturas en ese período. Garantizar este derecho no cerrará las heridas de las víctimas, pero sus testimonios por primera vez serán públicos y tendrán reconocimiento oficial abriendo camino al reclamo de justicia.

Los archivos de los Servicios de Inteligencia militares son celosamente guardados y ningún gobierno democrático en casi treinta años asumió el compromiso de llegar a la verdad investigando qué sucedió y, sobre todo, quiénes fueron los responsables de aplicar el terrorismo de Estado que sufrió Brasil a partir del golpe militar que interrumpió la presidencia de Joao Goulart en 1964.

La Comisión Especial de Reparación tendrá la responsabilidad, a partir de este 1º de junio, de examinar los casos de torturas y determinar el valor de las indemnizaciones, aunque el Gobierno de Río de Janeiro pretende que el monto sea único (unos 9 mil dólares) porque considera que no es posible evaluar para más o para menos el sufrimiento de las víctimas.

El grupo Tortura Nunca Más es una organización no gubernamental que desde 1986 se dedica a trabajar por el esclarecimiento de los crímenes durante la dictadura. Para la vicepresidente de esta ONG en Río de Janeiro, Cecilia Coimbra, esta iniciativa es importante pero no debe confundirse con el cierre de un proceso que aún está pendiente : Que el Estado asuma la responsabilidad de investigar lo que pasó, dé a conocer los nombres de los culpables y que de esta manera abra las puertas para acciones judiciales.

Según la crítica de Tortura Nunca Más, si la reparación económica se entiende como el fin del reclamo de justicia, se produce una inversión perversa que obliga a las víctimas a demostrar que estuvieron presas y fueron torturadas. La ONG reclama que el Estado abra los archivos de la represión -que los organismos de Derechos Humanos afirman que todavía existen a pesar de la negativa de los militares- y revele la verdad.

Pero aunque considera que la iniciativa es "precaria y tímida", Tortura Nunca Más va a formar parte de la Comisión Especial - junto a las secretarías de los diferentes estados - de Derechos Humanos y la Orden de Abogados de Brasil (OAB), porque, aún con las limitaciones señaladas, entiende que será una posibilidad de documentar la historia, al reunir registros y declaraciones de víctimas nunca oídas antes.

La información sobre los casos de muertes y desaparecidos ha sido mejor documentada a lo largo de estos años, no así la de los torturados. Según el cálculo de Tortura Nunca Más, las personas sometidas a tormentos en el Estado de Río de Janeiro entre abril de 1964 y agosto de 1979 fueron 1.500. Pero están seguros de que llegarán a la Comisión casos nunca denunciados.

Flora Abreu, integrante de Tortura Nunca Más, explica a Radio Nederland que la organización no persigue las indemnizaciones, sino del rescate de la memoria. La reparación económica, si bien es un derecho, es una cuestión simbólica, dice Abreu, y destaca que el interés es recabar la mayor cantidad de información posible para poder ahondar en las investigaciones e incluso publicar los testimonios para ayudar a su difusión y a crear conciencia en la sociedad sobre lo ocurrido.

Los muertos y los desaparecidos no hablan, pero los torturados sí. La negativa del Estado a buscar y abrir los archivos de la represión puede mantener una parte de la Historia silenciada, pero no puede hacer lo mismo con las víctimas de la tortura que son testimonio viviente de la impunidad.

La Comisión, señala Abreu, es un instrumento muy importante porque ayudará a que estos testimonios sean públicos y reconocidos oficialmente, algo que hasta ahora no existe en Brasil. En Río de Janeiro, durante doce meses la Comisión recibirá declaraciones de las que saldrán nombres, fechas, lugares, que serán el puntapié de investigaciones concretas para los organismos de Derechos Humanos. Muchos de los responsables por la represión en esa época, asegura la activista de Tortura Nunca Más, están ocupando cargos en el exterior, en consulados, embajadas o cargos de confianza dentro de los gobiernos estaduales y municipales del país y, a partir de las pruebas que surjan de los testimonios de las víctimas, la impunidad de la que gozan esos represores podría acabar.

No sólo por el rescate de la memoria del pasado reciente de Brasil, sino también por las secuelas y la escuela de tortura que la dictadura dejó como legado, es imperativo que el país haga de las acciones para terminar con la impunidad una política de Estado. La tortura, de acuerdo a un informe de la ONU, ratificado por trabajos de investigación de grupos locales de Derechos Humanos, es una práctica "sistemática, habitual y generalizada" de las instituciones policiales y penitenciarias brasileñas.

Radio Nederland , Sao Paulo, 26 de mayo 2004