Entidades denuncian fraude en estudio ambiental de hidroeletrica

Por Rogéria Araújo
Adital, 30 de septiembre del 2004

Una vez más las grandes empresas intentan imponer la política del hecho consumado para burlar la legislación y lucrar a costas de la destrucción del medio ambiente. Es lo que está ocurriendo en la Usina Hidroeléctrica de Barra Grande, en su etapa final de construcción en el río Pelotas, en el límite entre Rio Grande do Sul y Santa Catarina. Para obtener la licencia previa que permitió el comienzo de la construcción de la represa en 1999, la empresa constructora Energética Barra Grande S.A. (Baesa), se basó en un Estudio de Impacto Ambiental (EIA/Rima) fraudulento, elaborado por la empresa de consultoría Engevix. La existencia de dos mil hectáreas de florestas vírgenes de araucaria y otras cuatro mil hectáreas de florestas en estado avanzado de regeneración, lo que representa 2/3 del área total del reservorio, fue completamente ignorado por el informe.

En el estudio, el área a ser inundada estaría constituida por "pequeños cultivos, capoeiras ciliares bajas y campos con arboledas dispersas". El EIA/Rima afirmaba, además, que "la formación dominante en el área a ser inundada por el emprendimiento es el de ’capoeirões’ (terrenos de bosques quemados para cultivo) que representan niveles iniciales y ocasionalmente intermedios de regeneración". Y lo que es peor, garantiza que en el lugar no es común la existencia de Araucaria angustifolia, especie amenazada de extinción y protegida por la ley. Basados en estas informaciones, el Ibama consideró ambientalmente viable la construcción de la represa de Barra Grande, alegando que el área a ser inundada no tiene gran significación en cuanto a su cobertura vegetal y que la obra no traería graves perjuicios a los bienes ambientales importantes o protegidos por la legislación.

Omisión del órgano fiscalizador

La constatación de la existencia de una de las últimas áreas primarias de araucaria en Brasil, sólo fue realizada con el muro de la represa prácticamente concluido, cuando la Baesa - consorcio formado por el grupo Votorantin, Bradesco, Camargo Corrêa, Alcoa y CPFL - pidió al Ibama la emisión de la Licencia de Operación (LO) para llenar el reservorio. El Ibama solicitó entonces, la presentación de un programa de remoción de la vegetación del área a ser inundada. Un equipo especializado fue contratado para realizar el trabajo, que de acuerdo con el EIA sería razonablemente simple, por tratarse de área cubierta por "capoeirões". En mayo de 2003, después de ir al campo, el equipo presentó el plan de la remoción, donde consta que el 25% del área del futuro reservorio está compuesto de vegetación primaria, o sea, de Mata Atlántica, principalmente de florestas de araucarias en óptimo estado de preservación. El 45% del área a ser inundada está compuesta por vegetación secundaria en estado avanzado y medio de regeneración y riquísima en biodiversidad.

Para el abogado Raul Silva Telles do Valle, del Instituto Socio Ambiental, el EIA/Rima del proyecto de construcción de la UHE Barra Grande es un fraude delictivo. "No existen dudas, el EIA presenta informaciones falsas y totalmente equivocadas que fueron utilizadas para conseguir la licencia ambiental, todo el proceso está absolutamente viciado", declaró. La Red de ONGs de la Mata Atlántica y la Federación de las Entidades Ecologistas de Santa Catarina (Feec) ingresaron una acción civil pública contra el Ibama y la Baesa, pidiendo la anulación del proceso de licenciamiento ambiental. El Ibama, a través de su asesoría de prensa, declaró que son graves las omisiones del EIA-Rima que terminaron comprometiendo la licencia, pero se limitó sólo a anunciar la apertura de una investigación para averiguar responsabilidades.

Indulto Público

A pesar del fraude, el Ibama autorizó el último día 17 de septiembre, la deforestación del bosque, alegando que no es de interés público paralizar una obra en estadio final de conclusión. Un Término de Ajuste de Conducta (TAC) fue firmado con Baesa y representantes del Ministerio Público y de los ministerios de Medio Ambiente y de Minas y Energía. En el término, la empresa queda comprometida a comprar un área de 5.700 hectáreas para constitución de una reserva ambiental, además de formar un banco de germoplasma para la preservación de los recursos genéticos específicos del bosque nativo que será inundado.

André Sartori, de la coordinación del Movimiento de los Damnificados por Represas (MAB), ironizó la firma del Término. "Un acuerdo entre Baesa y el Ibama sólo puede ser una broma. La empresa no cumple con sus obligaciones sociales y falsifica el estudio del impacto ambiental. Y el Ibama, en cinco años, no consiguió ver que en la región existe araucaria en lugar de capoeira".

Sartori recuerda además, que aparte de los graves daños ambientales, la construcción de la UHE de Barra Grande está expulsando a cientos de agricultores de sus tierras. "Aún con la represa prácticamente lista, innumerables problemas sociales todavía no han sido resueltos y muchas familias esperan por el reasentamiento", afirmó. Varias movilizaciones y ocupaciones de la obra fueron realizadas en los últimos años por los damnificados, con la esperanza de forzar a Baesa y solucionar los problemas.

Dos pesos y dos medidas

El anuncio de la autorización del Ibama a Baesa remover las araucarias está causando revuelta entre los pequeños agricultores de los municipios alcanzados por la UHE de Barra Grande. Según el agricultor Marciano Santos da Silva, habitante de la comunidad de São Roque, en Pinhal da Serra/RS, el sentimiento de todos es de humillación ante la situación. "A veces necesitamos una madera para reformar la propia casa, y si buscamos en los matorrales, aunque sea una madera que ya está caída, el Ibama viene y nos multa, y hasta hay amenazas de llevar a los colonos a la cárcel", relata el agricultor.

João Orli Melo da Silva, habitante de la comunidad Conceição, también en Pinhal da Serra, cuestiona el trato que Baesa está recibiendo de los órganos públicos. "Lo que nos preguntamos ahora es si estos criminales van a la cárcel, ¿o la ley sólo vale para los pobres ?".

Banalización de la Licencia

Según el abogado Alvenir de Almeida, del MAB, la situación en Barra Grande no es un caso aislado y refleja la presión política que el Estado brasilero ha recibido de los grandes grupos económicos para flexibilizar la legislación ambiental y distribuir licencias sin criterios. "La preservación del medio ambiente es considerada por el área económica del gobierno federal, un obstáculo para la expansión del capital. Esa mentalidad está trayendo graves perjuicios para el país", finaliza.

El director de Costos y Contrataciones y de Responsabilidad Social de Baesa, José Raul Fabri, negó que la Hidroeléctrica esté siendo construida a partir de un estudio deficiente, agregando que esta información no es verídica.

La construcción comenzó a ser realizada, afirma, teniendo en cuenta un estudio elaborado por la propia empresa y que respeta todas las hectáreas que comprenden la obra. Indagado sobre la utilización del estudio realizado por la empresa Engevix "en el cual una extensión de dos mil hectáreas de florestas vírgenes es completamente ignorado" el director resaltó que este estudio fue hecho para el Gobierno local, mucho antes de la licitación.

"No existía ni la Baesa. Después el consorcio ganó la licitación y la Baesa hizo el estudio y ella misma comprobó que el trabajo realizado en el pasado no era lo que estaba retratado en la realidad. Nosotros estamos reparando una información incorrecta de la época de la licitación", dijo.

Conforme garantizó, el Término de Ajuste de Conducta (TAC), utilizado también para que la legislación ambiental sea respetada, firmado el último día 15, será cumplido. En el caso que el consorcio no cumpla el término, la licencia de la operación podrá quedar comprometida.