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23 mars 2006

La nueva administración estatal detectó una serie de irregularidades

Encuentran en Aguas Argentinas del grupo Suez malversaciones de todo tipo.

Turbia era también la contabilidad francesa

 

Con los actuales ingresos y gastos, Aguas Argentinas hubiera podido solucionar el problema de nitratos, a lo que se resistió hasta ser una de las causas de la rescisión. Los funcionarios detectaron erogaciones millonarias en consultoras y maniobras con las obras.

Por Alfredo Zaiat
Página 12
. Buenos Aires, Jueves, 23 de Marzo de 2006


Las primeras evaluaciones contables de Aguas Argentinas realizadas por la nueva administración, planillas a las que tuvo acceso Página/12, revelan que la actual ecuación económica-financiera le hubiera permitido a la compañía francesa resolver en un año el problema de los nitratos -una de las causales de la rescisión- con el propio giro del negocio. Además, detectaron exageradas erogaciones a consultoras por 25 millones de pesos por año, contratos por montos abultados con firmas vinculadas en el rubro construcción, gastos en el rubro Repuestos y Reparaciones en obras que nunca se realizaron, transferencias millonarias al operador por el concepto de administración. A la vez, comenzaron un relevamiento específico en el área impositiva. Ante los primeros sobresaltos que provocaron los números de la empresa, el Gobierno decidió realizar una investigación total sobre el funcionamiento de Aguas Argentinas.

La historia de la estatización del servicio de provisión de aguas y cloacas bajo la concesión de Aguas Argentinas reúne en los últimos tres años maniobras de distracción de los franceses, operativos de espionaje de funcionarios del Estado para obtener información que la compañía negaba, intentos desesperados del Banco Galicia -socio minoritario de la empresa- para encontrar compradores y negocios turbios con obras de construcción y contratación de consultorías por parte de la firma gala. Un equipo de 50 personas de distintos organismos del sector público trabajaron para la estatización del servicio durante meses con la peculiar virtud de no provocar filtraciones, para así tomar por sorpresa a Suez y a sus socios y evitar que el Estado quedara en una posición de debilidad ante los millonarios pleitos cruzados que existen.

La administración Kirchner está convencida de que los franceses no tenían ninguna intención de quedarse en Argentina desde el mismo momento en que se rompió la paridad 1 a 1. Y que durante los últimos tres años sólo buscaron un incremento de casi 60 por ciento de las tarifas y la transferencia de su deuda al Estado argentino. Según evalúan funcionarios que prepararon el desembarco en Aguas, Suez siempre buscaba pretextos para irse sin aceptar las propuestas oficiales de brindar el servicio durante un par de años sin aumentos de tarifas, hasta estabilizar la economía y la situación política de gobernabilidad, para luego mejorar el esquema financiero. Esos mismos técnicos explican que, para ellos, el negocio de Suez no era la facturación del servicio, sino el manejo de las obras de construcción de reparación, repuestos y expansión de la red. Esa actividad era realizada por compañías vinculadas a los franceses en un esquema de integración vertical. "Con el estallido de la convertibilidad disminuyeron las ganancias en dólares de esas operaciones con firmas vinculadas y, por lo tanto, la concesión perdió atractivo para Suez", apuntó el funcionario.

Uno de los últimos intentos del Banco Galicia para acercar compradores, antes de la convocatoria a Eduardo Eurnekian, fue el que realizó al magnate de las finanzas mundiales George Soros. Este manifestó que no le interesaba el negocio de la provisión del servicio, y sí el manejo de las obras de expansión. El rubro construcción es "la crema" de esa actividad. Suez ya lo sabía.

Una de las sorpresas de la contabilidad de Aguas la brindó el rubro fee de administración. En casi todas las privatizadas, el operador había acordado con el grupo de control -en la mayoría era la misma empresa- recibir un monto de dinero por brindar su servicio. Lo que llamó la atención de los funcionarios, en este caso, fue el monto : desde el comienzo de la concesión hasta el 2001 -último año en que cobraron ese fee- Suez embolsó la friolera de 128 millones de dólares. Esa suma surgía de calcular el 6 por ciento de la utilidad operativa de cada uno de los ejercicios. Para la tarea de "operador" en Buenos Aires enviaron a tres franceses -destacan en el Gobierno-, apoyándose en todo el cuerpo técnico y gerencial heredado de Obras Sanitarias. Carlos Ben, por ejemplo, flamante presidente de Aguas y Saneamiento Argentinos, estaba en OSN y luego siguió en Aguas Argentinas hasta alcanzar el cargo de director de la compañía. Esos millones "fáciles" que se llevó Suez no fueron los únicos. Durante el período de "oro de la convertibilidad" Aguas (se) distribuyó dividendos por la nada despreciable suma de 110 millones de dólares. Con la estatización del servicio desaparecerá ese fee de administración y el objetivo con las utilidades será la reinversión para ampliar el alcance del servicio. De todo el personal de Aguas quienes perderán el empleo en Buenos Aires serán esos franceses.

Del balance de la compañía, en las proyecciones para este año, se contabiliza una facturación de unos 840 millones de pesos y gastos (con todos los excesos arriba mencionados) por 570 millones, resultando una utilidad operativa de 270 millones. En el rubro gastos está incluido el de personal, compras, servicios y pago de impuestos. Para solucionar el tema de los nitratos, la nueva empresa invertirá 143,5 millones de pesos. Estas cifras son utilizadas por los funcionarios para demostrar que Suez no tenía ningún interés en seguir con la concesión, puesto que con el actual giro podía salvar una cuestión dramática para 300 mil personas-clientes del conurbano. "No era un problema de ingresos, o sea de tarifas, para no realizar las obras ; era simplemente una estrategia para irse", concluyó el técnico.

El jueves próximo, el empresa estatal de aguas y cloacas anunciará su plan de obras, entre las que se encuentra la vinculada a los nitratos. Existen 150 pozos, en distintas zonas de la concesión. La mayoría está contaminada. Y Aguas no realizó las inversiones necesarias para solucionar el problema. AYSA presentará el programa para asegurar que el agua suministrada no esté contaminada con nitratos : se clausurarán los pozos y se realizarán acueductos de vinculación con la red principal junto a inversiones para aumentar la presión en la bomba de Bernal. Además, comenzará la obra de una nueva planta de potabilización ubicada en Paraná de las Palmas, en el Tigre.

La batalla con Suez se jugó en todos los terrenos. Un grupo de funcionarios del Ministerio de Planificación estaba en alerta por la provisión de agua en el verano. Aguas, en una de los tantos cruces con el Gobierno, había adelantado a fines de noviembre que podría haber problemas en el abastecimiento por falta de inversiones ante la intransigencia oficial de no dar el aumento de tarifas. En Planificación sospechaban de ese presagio dramático. Entonces enviaron un emisario, en acuerdo con el gremio, para contactarse con los gerentes regionales de Aguas. De ese modo se aseguraron información directa sobre el funcionamiento de la compañía. En los primeros días de calor empezaron a registrarse problemas de presión. Esos empleados de Aguas informaron al emisario del Gobierno que la empresa apagaba a la noche la bomba de alimentación de las plantas de producción, con el argumento de ahorrar energía y así bajar costos. El gremio denuncia esa maniobra, Aguas dejó de apagar la bomba y no hubo problemas de abastecimiento en el verano.

Francia, mosquetero de Suez reclamó la intervencion de un tribunal arbitral

El gobierno francés asumió como propia la estrategia de Suez ante la anulación del contrato de Aguas Argentinas. El Ministerio de Relaciones Exteriores reclamó que las "instancias de arbitraje internacional desempeñen plenamente su función". La compañía se juega a conseguir una indemnización millonaria, de 1700 millones de dólares, a través del Ciadi, el tribunal del Banco Mundial. Ese reclamo es por la devaluación y pesificación de las tarifas del 2002, pero le podría sumar otro por la caída de la concesión. El fuerte apoyo político a Suez vuelve a tensar la relación con la Argentina. Néstor Kirchner respondió ayer que "durante 15 años se llevaron cientos de millones de ganancias y los argentinos tenemos que rogar para que nos den una gota de agua".

La reacción desde Francia por la rescisión del contrato no se hizo esperar. Es todo un dato que haya sido el gobierno de ese país el que respondió primero. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jean-Baptiste Mattéi, dijo que "desde luego deseamos que la seguridad jurídica de las inversiones francesas en el extranjero sea garantizada, y que las instancias de arbitraje internacional puedan desempeñar plenamente su función". En la década del 90, la Argentina aceptó al Ciadi como tribunal arbitral para dirimir conflictos con las privatizadas. Allí acudió Suez luego de la devaluación y allí iría nuevamente para exigir una reparación económica por su expulsión de la explotación del servicio.

La razón principal por la cual Suez no pudo vender Aguas Argentinas a otra compañía fue porque se opuso tenazmente a bajar su demanda ante el Ciadi. La empresa estima que por esa vía tiene mayores posibilidades de hacerse de una fuerte cantidad de dinero, mucho más de lo que hubiera obtenido con la transferencia a otro operador. El gobierno francés también exhortó al argentino a adoptar "las medidas adecuadas" para que Suez "pueda terminar sus actividades en condiciones satisfactorias".

El Gobierno publicó en el Boletín Oficial los dos decretos que terminaron con la explotación de Aguas Argentinas y crearon Aguas y Saneamiento Argentino (AYSA). Allí deja sentado que la culpa por la anulación del contrato fue del concesionario. "El poder concedente estima que el incumplimiento de la concesionaria registra tal persistencia y afecta garantías tan primarias a los usuarios que se ve obligado a rescindir el contrato de concesión por culpa del concesionario", asegura. Esta postura rechaza cualquier reclamo ante el Ciadi o la Justicia local.

Julio De Vido advirtió que "el Estado nacional va a contrademandar a la empresa por la denuncia que presente en la Justicia". El ministro también reiteró que AYSA no aplicará aumento de tarifas y defendió la reestatización. La encargada de comunicación de Suez, Eleine Engieger, remarcó que "el proceso ante el Ciadi sigue su curso, no veo por qué eso debería cambiar. Pretendemos recuperar nuestra inversión".

En cuanto a la creación de AYSA, el decreto de necesidad y urgencia 304 -que fue enviado al Congreso para pedir su ratificación- establece que la firma tendrá "un capital inicial" de 150 millones de pesos. Su directorio estará compuesto por cinco integrantes fijos y cuatro suplentes. El único designado hasta el momento es su presidente, Carlos Ben. Este abogado platense, ex menemista, es socio político de José Luis Lingeri, el secretario general del gremio Obras Sanitarias y número dos de la CGT.

Ben, curiosamente, era hasta ahora director adjunto de Aguas Argentinas por Suez. Es decir, representaba a la empresa denostada por el Gobierno. El funcionario se negó a hablar ayer de la responsabilidad de sus antiguos patrones por la contaminación que determinó la anulación del contrato y dijo que la empresa "hizo algunas cosas bien y otras mal".

Lingeri, por su parte, defendió la designación de Ben. Dijo que "es la persona idónea" para el puesto y aclaró que en Aguas Argentinas "no manejaba la empresa ni tomaba decisiones". Sin embargo, era uno de los tres vicepresidentes y tuvo una larga y ascendente trayectoria con Suez. También fue un defensor de la privatización, como Lingeri. Sobre este punto, Ben dijo que "en ese momento fue un remedio, al cual se apeló parasalir de una situación" de parálisis, porque "no había posibilidad de financiamiento ni de obras".

CARGOS EN FACTURAS DE SERVICIOS
Quién paga las obras

Por Cledis Candelaresi
Página 12. Buenos Aires,

Antes de firmar el decreto que da por caída la concesión de Aguas Argentinas y antes, aún, de que Suez advirtiera su voluntad de dejar el negocio, ya se había tomado la decisión política de que el Estado solventaría con recursos propios la expansión de la red, recuperando luego ese aporte vía tarifa. Este criterio, que implica un drástico cambio respecto de la filosofía que inspiró las privatizaciones, también está plasmado en el proyecto oficial para crear cargos específicos sobre las facturas de luz y gas que el subsecretario de Energía, Cristian Folgar, defendió el martes en el Senado sin mucho poder de convicción.

Ni siquiera los justicialistas que integran las cuatro comisiones que deben dictaminar sobre esta iniciativa, de Presupuesto, Hacienda, Legislación y Combustible, están muy seguros de defenderla. Se trata de un proyecto que prevé cargar sobre las facturas de los usuarios finales, sin discriminación -en rigor, el PEN se reserva la facultad de exceptuar a algún segmento-, el costo de expandir la infraestructura de generación o distribución de luz y gas con un cargo que nutrirá un fondo específico.

Tal como objetó durante el plenario de aquellas cuatro comisiones el radical Gerardo Morales, ese proyecto entraña un cambio de modelo de ventajas dudosas. Según el esquema de los ’90, los concesionarios estaban obligados a invertir, recuperando luego con más tarifa.

Pero éstas sólo podían modificarse con un procedimiento más riguroso, bajo el control de los entes y audiencias públicas", se lamenta el jujeño. Para el legislador es poco beneficioso dejar sobre las espaldas del Estado la obligación de ejecutar obras que originalmente eran competencia de los privados habilitando, además, una corrección en el precio de esos servicios, sin que esta decisión esté sometida a control alguno.

Quizá lo más controvertido de la propuesta es hacer aquello a través de la creación de fondos fiduciarios que, por definición, estarán fuera del control presupuestario, aunque el Poder Ejecutivo se obligue a "informar trimestralmente al Congreso" sobre las obras a las que asigne esos recursos. Ni Folgar pudo negar otra prerrogativa de la que gozará Planificación, que podrá contratar esos trabajos por vía directa, es decir, sin que medie licitación alguna. Amén de la posibilidad del Tesoro para enfrentar algún apuro echando mano de ese dinero que por definición no podría afectarse a una cosa diferente que aquella para la que se recaudó : en este caso, ampliar las redes eléctricas y gasíferas.

Los resquemores que la oposición plantea a viva voz, los justicialistas los sugieren en ámbitos más discretos. Como fuere, se acordó que el 4 de abril habrá una reunión con asociaciones de usuarios y representantes del Enre y del Enargas antes de dictaminar sobre una propuesta muy polémica pero, en rigor, no demasiado novedosa.

El 7,9 % de la tarifa que pagan los consumidores de Aguas Argentinas hoy nutre con 3,6 millones de pesos mensuales un fideicomiso creado para costear obras, que la Secretaría de Recursos Hídricos prorrogó hasta fin de año. Antes del quiebre con Suez, el Gobierno ya había prometido alimentar ese pozo con 400 millones de pesos para expandir las redes, lo que hubiera eximido a los franceses (o a sus sucesores) de ese desembolso. En el capítulo final aún no escrito, el Estado recuperaba esos fondos a través de la tarifa, algo que hoy se hará a través de Aysa.

Aunque no existe respaldo legal, las transportadoras de gas (TGN y TGS) están cobrando a los usuarios industriales de esos ductos un cargo próximo al 75 por ciento de la tarifa para financiar las obras de ampliación, que se ejecutan vía fondo fiduciario. Aquellas empresas, lideradas respectivamente por Techint y Petrobras, esperan que la nueva ley dé mayor sustento legal a lo que ya se hizo bajo el amparo de Julio De Vido

***
Un menú novedoso
Por Mario Wainfeld
Página 12
Buenos Aires, 23 de Marzo de 2006

Hace cinco años o diez o quince la reestatización producida anteayer no hubiera sido polémica, sino imposible. La hubieran vetado el clima ideológico, la correlación de fuerzas entre el gobierno y las empresas privatizadas y por último (sólo en lo que al orden enumerativo se refiere) porque el Estado era impotente. No tenía "con qué", ni en recursos económicos ni en simbólicos. Un cambio de época significativo da contexto al parto de AYSA que, como suele suceder con las iniciativas de la actual gestión, incluso las más relevantes, nace sietemesina, bastante antes de lo esperado aun por sus progenitores.

Pero la fecha del alumbramiento es un detalle, siendo lo relevante un cambio de tendencia en un país que ha sobrellevado demasiadas. La Argentina tuvo el más expandido Estado benefactor de habla hispana, cuando Keynes era rey y Franklin D. Roosevelt fue su primer profeta. Luego, cuando la ola neoliberal cubría todo, realizó uno de los más profundos, veloces y desaprensivos procesos de privatización de que se tenga memoria. Ahora, un tercer presidente peronista vira el timón en un nuevo sentido, lo que da bastante que pensar (por usar palabras relativamente neutrales) sobre la laxitud y la productividad del justicialismo.

Volviendo al día de hoy, el primer dato relevante es que el menú de políticas públicas incluya la reversión de concesiones pensadas como eternas, máxime teniendo en cuenta que los beneficiarios eran (son en la mayoría de los casos) empresas extranjeras, de países de postín. La recuperación de la solvencia fiscal es uno de los prerrequisitos del cambio. La medida, como cuadra, ha (ejem) dividido aguas entre analistas económicos, referentes políticos y medios de difusión. Pero, ni los "contreras" esgrimen como argumento la insustentabilidad económica de la decisión. Se controvierte la aptitud gerenciadora del Estado, se agita el (verosímil a la luz de la experiencia) espantajo de la corrupción, se alerta acerca de los resquemores de los inversores extranjeros. Pero nadie arguye que el Estado no contará con caja suficiente para hacer inversiones. Es, a su modo, un triunfo de la política oficial de acumulación de recursos y superávit. Néstor Kirchner propone que "estar líquido" es progresista, porque permite al Estado, representante de la comunidad, tener presencia, cambiar los escenarios, hacerse valer. Es opinable que el sobrante siempre se use correctamente pero innegable que un Estado con resto dispone de una virtualidad democrática que es la de contrapesar las tendencias atomísticas y concentradoras del mercado.

Otro punto llamativo es que, salvo la propia Aguas Argentinas, nadie se transforma en un defensor de lo hecho por la concesionaria. Los privatistas no tienen en su ocaso al equivalente del Bernardo Neustadt que ayudó a su cenit. Si bien se mira, si lo tuvieran, el hipotético reemplazante estaría en un brete porque no podría interpelar con éxito a Doña Rosa. Doña Rosa (seguramente en las próximas horas habrá encuestas que lo corroboren) detesta a las privatizadas, sencillamente porque las ha padecido durante años. Muchas Doñas Rosas no tienen agua corriente y unas cuantas padecen afecciones estomacales por agua no potable entregada por una empresa que, como muchas colegas, manejó las tarifas a su guisa mientras pudo, maltrató a sus trabajadores y relegó a los usuarios de escaso poder adquisitivo.

Los pueblos, decía Arturo Jauretche, son más certeros en lo que rechazan que en lo que proponen o acompañan hacia el futuro. Del pasado o el presente tienen fresca la experiencia, que es saber matizado de sentido común. Sobre el futuro se puede engatusar más o incurrir en errores fruto de la falta de experiencia o del exceso de candor. Las empresas de servicios han perdido el encanto de lo desconocido y, vistas en calzoncillos, no dejan ni un vestigio de ilusión en Doña Rosa. Déjà vu, gentes de Suez. Con la caja rozagante por la que tanto ha hecho y con el pulso de la opinión pública medido como ningún antagonista político sabe hacerlo, el Gobierno incurre en la audacia de agregar un nuevo plato al menú. No le tiembla el pulso en combinar una guerra santa contra la inflación (con el Presidente como primer paladín) con un incremento de un gasto público, en un rubro que parecía archivado para siempre. Su desprolijidad e improvisación (seguramente no mayor a la de sus compañeros peronistas cuando entregaron el patrimonio nacional) integran el combo del kirchnerismo.

Si Kirchner es el dueño del restaurante que sorprende con un nuevo manjar y Julio De Vido el chef, habría que suponer que José Luis Lingeri es el primer ayudante de cocina. Curioso lugar para uno de los sindicalistas que no acompañó sino que encabezó el infausto proceso de desguace del Estado y arrasamiento de las conquistas obreras de medio siglo. Dedicándole medio sarcasmo a quien merece epigramas mayores, sería bueno desearle a él y a su aliado Carlos Ben un éxito similar al que tuvieron en el pasado, antes de su furibunda conversión a la nueva política. No les será sencillo, porque es más fácil promover las condiciones del beneficio de unos pocos (que en demasiados casos tuvo su derrame en patrimonios personales de ciertos dirigentes gremiales) que el esquivo bien común.

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