Empresas chilenas inician juicios contra la Argentina ante el Banco Mundial

Desde enero del año pasado han sido iniciados seis arbitrajes contra la Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, organismo dependiente del Banco Mundial. Entre ellos, Metalpar, y las eléctricas estadounidenses AES, que en Chile controla Gener; y Sempra, dueña de Chilquinta, Saesa y Frontel. Metalpar presentó su caso ante la Procuración General del Tesoro, que respondió que aceptar la negociación sería abrir una puerta sin fondo.

Diversas empresas chilenas analizan las acciones que seguirán para mejorar la condición de sus negocios en la Argentina. Y para ello, los estudios jurídicos se han convertido en parte esencial de su estrategia.

La fuerte devaluación, la modificación de la estructura tarifaria de los servicios públicos y la pesificación de las deudas en dólares afectaron a varias de las compañías chilenas que invirtieron más de US$ 13.000 millones en los últimos 10 años en la Argentina, según el diario La Tercera, de Santiago.

En marzo, Metalpar pidió un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial encargado de dirimir controversias entre países e inversionistas extranjeros.

A comienzos de la semana pasada, CGE anunció que iniciaría la negociación que precede a la presentación de una demanda arbitral. El procedimiento establece un plazo de seis meses para que las partes gestionen un acuerdo amistoso. Transcurrido ese lapso, el inversionista puede iniciar acciones en Washington DC, capital federal de USA.

La misma gestión fue iniciada el año pasado por las filiales chilenas de Endesa España, que controla en la Argentina a la distribuidora eléctrica Edesur.

También Enersis anunció que recurrirá al Ciadi. Y a ella se sumará Chilectra, cuyo directorio facultó esta semana a su gerente general, Julio Valenzuela, la presentación de las acciones legales ante el organismo internacional. Según algunas fuentes, Enersis podría trabajar en la Argentina con el abogado Emilio Cárdenas.

"La gran ventaja de este procedimiento es que la sentencia que dictan los árbitros es inapelable y el juicio puede tardar como máximo dos años", dice Eduardo Rodríguez.

El abogado chileno Roberto Mayorga explicó que los principales perjudicados fueron las empresas que eran acreedoras en la Argentina.

En la posición inversa, algunas compañías hasta se beneficiaron de la devaluación, como Parque Arauco, cuya deuda bajó y pudo pagar parte de ella por anticipado.

"Creo que la conciencia de que existe una vía de arbitraje internacional fue tomada lentamente", dice Mayorga, ex vicepresidente del comité de inversiones de Chile.

Desde enero del año pasado han sido iniciados seis arbitrajes ante el Ciadi. Entre ellos, Metalpar, y las estadounidenses AES, que en Chile controla Gener, y Sempra, dueña de las locales Chilquinta, Saesa y Frontel.

Mayorga sugirió en febrero al Ciadi acumular las causas que inversionistas extranjeros hayan iniciado contra Argentina en uno o dos tribunales. La petición, que persigue una economía procesal y que no se produzcan fallos distintos para casos similares, aún no ha sido respondida por el organismo.

Antecedentes

Todo partió a comienzos del 2002. Liderados por José Said y coordinados por el ex embajador de Chile en la Argentina, Eduardo Rodríguez, los empresarios chilenos iniciaron contactos con el gobierno trasandino, que luego fueron dirigidos por Juan Claro, presidente de la Sofofa.

Al alero de ese organismo se produjo el primer acercamiento al Ciadi. Invitado por Andrés Concha, el abogado Michael Grasty -que representa a los malayos de MTD en una demanda contra Chile- expuso que el único camino era el arbitraje internacional. Incluso, propuso la presentación de una demanda conjunta.

Laurence Golborne, de Cencosud, reconoce que a mediados del 2002 lo evaluaron junto a sus asesores legales -Cruzat, Ortúzar & Mackenna-, pero previniendo un juicio largo y costoso, lo descartaron.

Uno de los especialistas más recurridos fue Rodríguez, quien junto a Mayorga se reunió con Madeco, Parque Arauco y CAP. El ex embajador presentó a fines del 2002 un informe legal a la acerera, que a través de Cintac, tiene negocios en la Argentina. La firma aún no decide si iniciará acciones.

También aconsejaron a Metalpar, que en junio pasado decidió concurrir al Ciadi. En el directorio pesó la opinión del director Hernán Büchi, conocedor de las atribuciones del organismo. La demanda fue registrada el 7 de abril pasado.

Igual que Chilectra y Enersis, Metalpar presentó su caso ante la Procuración General del Tesoro, organismo público argentino que debe responder si está dispuesta a una negociación amistosa.

La respuesta fue clara: aceptar la negociación sería abrir una puerta sin fondo. Algo similar a lo que ocurrió a Chilectra y Enersis y que se podría repetir en el caso de CGE.

La ley le otorga al procurador del Tesoro funciones consultivas de especial naturaleza y atribuciones para decidir ciertos conflictos administrativos. En tal sentido, el Procurador del Tesoro de la Nación posee competencia para: a) brindar asesoramiento jurídico al Poder Ejecutivo de la Nación y organismos dependientes, b) asumir la representación y defensa del Estado Nacional en juicio, c) dirigir el Cuerpo de Abogados del Estado, d) instruir investigaciones y sumarios administrativos en los casos previstos por el ordenamiento jurídico y cuando así lo disponga el Ejecutivo Nacional, e) registrar y auditar los juicios en los que el Estado Nacional sea parte y f) atender las necesidades de capacitación superior del Cuerpo de Abogados del Estado.