El juicio por la violación de los derechos humanos en Argentina contra Daimler-Chrysler en Estados Unidos atenta contra la seguridad nacional de Alemania.

El argumento de la empresa con sede en Stuttgart

En enero del 2004, el abogado estadounidense, Dan Kovalik, inició junto a la ONG ’International Labor Rights Fund’, ante la Corte Federal en San Francisco, California, un juicio civil para recibir una indemnización por daños sufridos. Durante la dictadura militar en Argentina al menos 18 obreros de Mercedes Benz Argentina fueron secuestrados, 15 de ellos desaparecieron. Según declaraciones de testigos, los gerentes de Mercedes Benz Argentina colaboraron activamente con el aparato represivo del régimen militar. A pedido del abogado de las víctimas, Ricardo Monner Sans, la fiscalía en Buenos Aires investiga contra la empresa por ’asociación ilícita para delinquir’. El juez Rodolfo Canicoba Corral, ordenó la detención de Rubén Lavallen, el ex -jefe de seguridad de Mercedes Benz, quien hasta ahora no fue detenido y continúa cobrando su jubilación como policía retirado en la Comisaría de Investigación en San Justo.

La empresa alemana debía ser notificada en abril. Es un requerimiento de la ley norteamericana y del derecho alemán, para que una sentencia pueda ser reconocida en un tribunal de otro Estado. El presidente de la Corte en Friburgo (una pequeña ciudad perdida en la selva negra), sobre quien recayó este trámite, ordenó la notificación a la empresa en el mes de julio, apoyándose en el ’Convenio sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial’ (La Haya 1965). Según este convenio internacional, los Estados se comprometen a entregar, dentro de su territorio, los documentos judiciales provenientes del exterior, aún en procesos ajenos a la propia jurisdicción. Por razones de seguridad judicial, así lo define el acuerdo, se debe notificar siempre. Prácticamente sin excepción. La única circunstancia que permite, excepcionalmente, la no-entrega de los documentos, es si la mencionada entrega pone en peligro los derechos soberanos, o la seguridad nacional del Estado entregador. Artículo 13 del Convenio : ’El cumplimiento de una petición de notificación o traslado conforme a las disposiciones del presente Convenio podrá ser rehusado únicamente si el Estado requerido juzga que este cumplimiento es de tal naturaleza que implica un atentado a su soberanía o a su seguridad.’

El Ministro de Justicia en Berlín comunicó a la Corte en Friburgo que no había problemas y que proceda con la entrega de la notificación a la empresa. Por esta razón el presidente de la Corte en Friburgo, decidió que no es necesario un informe judicial especial, porque es ’tarea del tribunal estadounidenses decidir si es competente para esta causa’. Con la notificación se cumple una simple formalidad, mas tarde los querellantes podrán pelearse, por contenidos y pruebas, con la empresa demandada. En EEUU, un Estado de derecho, están garantizados los derechos de los participantes en un juicio.

Pero DaimlerChrysler ve en peligro la existencia de la República Federal de Alemania y apeló frente al tribunal superior, a la Corte de Apelaciones (OLG) de Karlsruhe. Solicitó la suspensión de la notificación. La empresa presentó un informe de un experto (el catedrático Burkhard Hess), pedido y pagado por la empresa - que alega que el juicio ’abusa’ de la ley de EEUU, e intenta extorsionar a Daimler para que acepte un acuerdo financiero, ’a pesar de que los hechos, presentados en el pleito, no tienen ninguna sustancia’. Como prueba de la falta de evidencia agrega un informe de otro experto - el profesor Christian Tomuschat, también pedido y pagado por la empresa demandada.

Según los abogados de DaimlerChrysler la decisión del Ministerio de Justicia fue ’obviamente motivada políticamente’, para ’evitar un conflicto judicial con Estados Unidos’. Como prueba de la intención abusiva de los querellantes, los abogados mencionan que éstos - los familiares de los desaparecidos y las víctimas sobrevivientes - quieren para ellos solamente una parte del dinero que pagaría la empresa, en caso de que ganen el juicio. Con la mayor parte del dinero pretenden construir un hospital en González Catán. ’De esta manera se crea una situación en que nuestro cliente se ve forzado a hacer una obra social para protegerse de un juicio por daños y perjuicios en EEUU’.

De qué manera esta ’situación’, de una empresa privada, pone en peligro la seguridad nacional de Alemania, es algo que los abogados de la DaimlerChrysler no explican.

Ahora se supo que en setiembre, la Corte de Apelaciones en Karlsruhe suspendió la notificación. Dice : ’la empresa plantea que el juicio se hace con un propósito abusivo, porque frente a la ausencia clara de pruebas y con pocas chances de ganar jurídicamente el pleito se verá forzada, presionada por los medios, a correr el riesgo de ser juzgada en caso de aceptar el pago de una indemnización.’

La OLG pretende suspender la decisión final, hasta que la Corte Constitucional Alemana se haya expresado sobre la ’causa Napster’. En ésta causa varios cantantes norteamericanos presentaron en EEUU un juicio colectivo - ’class action’ - contra la editorial alemana Bertelsmann, por violación de sus derechos de autores por un valor de 17 mil millones de dólares. Se acusa a la editorial de estar presuntamente vinculada con la bolsa de música de internet ’Napster’. La Bertelsmann apeló a la Corte Constitucional Alemana diciendo que los juicios ’class actions’ violan el derecho constitucional alemán. La Corte Constitucional aún no emitió un fallo.

El abogado Dan Kovalik sostiene que el juicio contra DaimlerChrysler no es un ’class action’, sino un juicio normal por daños y perjuicios - que también es reconocido por la jurisdicción alemana. Frente a las pruebas claras de su culpabilidad la empresa reacciona con pánico. Con una conciencia limpia, podría enfrentar tranquilamente un juicio en cualquier parte del mundo. ’Por un lado obtiene millones de dólares con el producto de venta de automóviles en el mercado estadounidense, y por el otro no quiere reconocer nuestra jurisdicción’.

Argepress . Buenos Aires, 10 de octubre del 2004