El caso Aguas Argentinas :
Apuntes para la actual misión del FMI y el Banco Mundial

Los contratos de concesión de servicios públicos se encuentran bajo revisión. En este marco, la comisión negociadora, cuyos avances no han sido exhibidos pero se le ha prorrogado el período de vigencia, ha recomendado no otorgar las modificaciones solicitadas por la empresa Aguas Argentinas, lo que provocó un debate que aumenta día a día. Debe recordarse que la Corporación Financiera Internacional tiene el 5% de la empresa.

En el marco de la renegociación de contratos de las empresas de obras y servicios públicos, la comisión renegociadora ha recomendado la improcedencia de los aumentos solicitados por Aguas Argentinas.

Pocos días atrás, sin embargo, mediante un decreto del Ejecutivo Nacional se otorgaron mínimos incrementos (respecto de los solicitados por las empresas) de tarifas para las empresas de gas y electricidad en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, que resultan precios testigos para el resto del país.

Estos aumentos se ubicaron entre el 7% y el 17%, básicamente para los usuarios residenciales.

En este contexto llegó al país de una misión del FMI y el Banco Mundial, cuya finalidad sería brindar "asistencia técnica sobre el proceso de renegociación de las concesiones de servicios públicos", y no tratar simples aumentos tarifarios.

El caso

Como el resto de las empresas de servicios, Aguas Argentinas ha sufrido fuertemente el impacto de la crisis argentina. Ya en abril del pasado año se declaró en default con sus acreedores externos, debido a que el 95% de su deuda estaba denominada en moneda extranjera no pesificable. El monto de la misma ascendía a $ 706,1 millones.

La propiedad de Aguas Argentinas se divide entre el francés grupo Suez (39,93%), Sociedad Gral de Aguas De Barcelona (25,01%), Programa de Propiedad Participada, los empleados de la empresa (10%), Banco de Galicia y Buenos Aires (8,26%), Vivendi S.A. (7.55%), Anglian Water (4.25%) y la Corporación Financiera Internacional, una extensión del Banco Mundial (5%).

En el caso de la provisión de agua, se privatizó la provisión del servicio, no así el patrimonio. Esto significa que todas las inversiones que realice la empresa, una vez terminado el contrato, pasarán a manos del Estado Nacional.

El contrato de concesión de Aguas Argentinas tiene una duración de 30 años, tiene algunas características particulares y complejas que lo distinguen de los otros servicios domiciliarios :

** Es pluri-jurisdiccional, pues comprende a la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

** La privatización se acompañó con una modificación en el régimen de cobro del servicio (tarifas por m3 en lugar de m2) lo que genera aún resistencia entre los sujetos involucrados o afectados por la privatización.

** Es la concesión más grande del mundo (más de 10 millones de usuarios a servir).

** El monopolio es completo, ya que existe una integración vertical (producción, transporte, distribución) y horizontal (exclusividad sin competencia).

** Tiene un nivel elevado de inversiones que hay quienes juzgan innecesarias, lo que genera conflictos continuos y una renegociación permanente del contrato.

Las renegociaciones parciales se han producido en diversas oportunidades pero aún no existe un texto ordenado del contrato y del marco regulatorio.

La empresa hizo su propuesta para la negociación en curso, según lo solicitado por la comisión que armó el Estado.

Persisten las dudas de si el Estado realmente quiere renegociar los contratos o sólo se cubrió ante la imprevisión provocada por la modificación de la política cambiaria, en enero de 2002, y para planchar las tarifas, como mecanismo compensatorio a los asalariados por la pérdida en el poder adquisitivo que provocó la devaluación.

En términos generales ésta consistió en :

** un aumento del 15%, el cual podría ser mitigado por una reducción simultánea de la alícuota del IVA ;

** cancelación de las deudas que el Estado mantiene con Aguas Argentinas por alrededor de $ 100 millones ;

** eximición del impuesto a la ganancia mínima presunta (aproximadamente $ 45 millones) que sería reasignado para solventar el programa de inversiones ;

** la definición de un sendero que permita cubrir el déficit de caja remanente y de mecanismos que permitan administrar el impacto de mayores costos, efectos de la inflación y la devaluación, sobre los flujos financieros de la empresa.

Según la solicitud de la empresa, estos aumentos no alcanzarían a aquellos beneficiarios encuadrados dentro de la denominada tarifa social.

La evaluación de la comisión dictaminó que la propuesta de la empresa era demasiado compleja e implicaba una renegociación más profunda que la contemplada por la Ley de Emergencia 25.561.

En verdad, la negociación propuesta por el Estado pretende simplemente "adecuar de común acuerdo los contratos hasta la finalización de la situación de emergencia, sin introducir cambios estructurales para preservar la vida del contrato y las condiciones originariamente pactadas con miras a su restablecimiento futuro".

Pero no define el plazo preciso de duración de la llamada situación de emergencia, lo que provoca incertidumbre en un tema tan difícil como es el cuadro tarifario y el plan de inversiones.

Perspectivas

La Ley 25.561 establece que en la renegociación se deberán considerar :

1) el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos,

2) la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente,

3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios,

4) la seguridad de los sistemas comprendidos ; y

5) la rentabilidad de las empresas.

También se contempla la imposibilidad de suspender el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el concesionario mientras dure el procedimiento de renegociación del contrato.

El proceso de negociación consta de cuatro etapas, actualmente ya se encuentra finalizada la 2da. etapa que consistía en la preparación de las presentaciones y la información del impacto que pueda haberles producido la emergencia, así como también sus propuestas.

El próximo paso comprende el manejo de esta información y las rondas de discusión mediante reuniones sucesivas avanzando hacia la búsqueda de acuerdos.

El problema es que se teme que la definición del problema sea postergado hasta la próxima administración.

Esta presunción tiene lógica si se evalúa que hoy es 18 de febrero y quedan poco menos de 3 meses para la finalización del actual gobierno.

Sin embargo, hay que considerar que fueron los gobiernos europeos en general, y Francia en particular, quien apoyó al país para lograr el acuerdo con el FMI.

Además, el tema de las tarifas es un tema prioritario, que dificilmente puede continuar abierto por mucho tiempo más por el efecto incertidumbre que provocaría.

El hecho es que el soberano (el Estado) tomó un compromiso con muchos agentes y luego lo rompió.

No podemos negar que, analizando los informes de ambas partes surgen incumplimientos tanto del concesionario como del Estado.

Y si bien los agentes económicos y sociales pueden discutir si los pliegos de las concesiones son justos o no, abusivos o generosos, flexibles o rígidos (lo cual es tema de otro debate), el problema es que quien siempre debe pagar los costos de las promesas rotas del soberano, el total de la población, mientras el soberano persiste en realizar otras promesas, sin evaluar su factilidad de cumplimiento.

Urgente24.info, 18/02/2003

(*) Licenciada en Economía UBA, en posgrado de Finanzas en Universidad de San Andrés.