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7 avril 2010

El Gobierno salvaje de Perú

par Alberto Ampuero

 

Estableciendo las reglas de juego el gobierno desde un principio la protesta de los mineros artesanales del Perú devino en tragedia desde su primer día.

Ocurrió cuando los policías de la Dinoes (División Nacional de Operaciones Especiales) arremetieron contra más de diez mil manifestantes que se encontraban bloqueando la carretera Panamericana Sur a la altura del Km 600, en el puente Caleta del distrito de Chala, provincia de Caravelí, en Arequipa
Seis personas murieron cuando la policía intentó, sin éxito, romper el bloqueo de la carretera.

La principal acusación contra los mineros informales es que contaminan el ambiente, en particular los ríos.

Una de las regiones más afectadas es el departamento de Madre de Dios, en el sureste del país, donde la explotación artesanal de oro en los ríos, que es la actividad que mueve la economía de la zona, ha ocasionado graves daños ecológicos en la selva amazónica, con la deforestación de bosques y la contaminación de ríos con mercurio

El decreto gubernamental que desató las protestas está dirigido a la minería artesanal de oro en Madre de Dios, sin embargo desató las protestas en cadena en al menos una docena de regiones del país, donde los mineros informales han visto en esta norma una amenaza a sus actividades.

No hay un censo sobre la minería informal, pero se estima que podría haber unas 300 mil personas dedicadas a esta actividad. En todo el país hay 19 millones 500 mil hectáreas explotadas por la minería, de las cuales unas dos millones corresponden a la minería informal.

Los mineros consideran que el tema ha sido politizado desde el gobierno central, que se niega a considerar el Plan Nacional de Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesana, que no sólo debe abarcar a Madre de Dios, sino al resto de regiones donde se desarrolle la minería aluvial.
Los mineros aseguran que lo que quieren es sacarlos de esta actividad para otorgarles a las grandes empresas los yacimientos que ellos explotan, particularmente los de oro, que hacen de este país el quinto productor mundial.

Piden derogar las leyes 1010, 1040 y el Decreto de Urgencia Nº 012-2010, los cuales ponen en riesgo su trabajo.
El gobierno ha dicho que "No vamos a ceder".

Según las cifras del gobierno, esta actividad minera ya ha deforestado 18 mil hectáreas de bosques y causado enormes daños al medio ambiente.

Y si bien es cierto que la minería artesanal a pequeña escala causa graves daños al medio ambiente y debe ser ordenada. Hay una evidente incoherencia (o doble discurso)del gobierno en su discurso : permisividad con las grandes empresas cuando éstas dañan el medio ambiente y un discurso ecológico cuando ese daño lo producen los mineros artesanales.
Sin embargo frente a las grandes empresas el gobierno no actúa. Y ha otorgado muchas concesiones mineras en reservas naturales protegidas

La estadística de concesiones mineras en el Perú demuestra que sólo en el lapso de un año (de noviembre de 2008 a noviembre de 2009) el territorio nacional concesionado a la gran minería se expandió del 13.46% al 15.38%. Es decir, 19,573.752 hectáreas poseen hoy concesiones mineras.

En cambio la estadística de la “minería salvaje” , como el presidente llama al trabajo artesanal, hay que buscarla en los partes policiales. La Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI PERÚ, tiene registrados, hasta la fecha, a 242 autoridades y líderes comunales (162 varones y 80 mujeres) denunciados por diversos delitos como : daños contra la propiedad privada ; contra la seguridad pública,etc. Todos denunciados por agentes de empresas mineras y en algunos casos por representantes del Estado.

Todo esto se inscribe dentro de una política de gobierno que trata de resolver los conflictos a balazos en vez buscar el diálogo con los sectores discrepantes.

Una semana antes de la matanza del 5 de abril, los mineros artesanales exigían que se abra un diálogo con el gobierno pero el primer ministro, Javier Velásquez Quesquén, no dio mayores esperanzas de que ese diálogo se pueda hacer realidad.
Un día después el gobierno declaró en estado de emergencia las provincias de Nasca, Palpa y San Juan de Marcota, en Ica ; Caravelí y Camaná en Arequipa ; y en Madre de Dios, Tambopata y Manu.

No fue difícil adivinar que la suerte de los mineros estaba echada.
Llegó a traición, alrededor de las 7 de la mañana. “Estaban tomando desayuno a un lado del puente y la carretera, porque recién habían llegado los mineros de Ayacucho, Puno y Huancavelica, cuando de pronto fueron atacados en forma criminal por helicópteros de la Policía Nacional”.

Argenpress. Buenos Aires, 7 de abril de 2010.

Alberto Ampuero es periodista radicado en Riverside, California.

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