El Departamento de Estado EE UU desclasificó 4677 documentos sobre la dictadura argentina.

"Al discutir el continuo apego a tácticas extrajudiciales, Emboff (un miembro de la Embajada de Estados Unidos) preguntó por qué los militares no sentían que fuera posible llevar a esta gente ante cortes formales, inclusive cortes militares. Nuestro informante dio dos razones.
– Primero, las fuerzas de seguridad ni confían ni saben cómo utilizar las soluciones legales. Los métodos actuales son más fáciles y familiares.
– Segundo, no hay ningún hombre militar importante que "tenga el coraje" para asumir la responsabilidad formal por la condena y ejecución de un montonero. Bajo las reglas actuales "nadie" es responsable en los registros por las ejecuciones." La información surge de uno de los 4677 documentos sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar que fueron desclasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Los papeles demuestran que lo que los militares callaban y aún ocultan en público, lo admitían sin tapujos hace 25 años ante funcionarios de la embajada norteamericana.
La descripción o interpretación de por qué los militares no realizaban juicios a los supuestos subversivos durante la última dictadura figura en un cable fechado el 14 de mayo de 1980 y elaborado con datos que "una fuente bien ubicada para tener información de primera mano" le dio a un miembro de la embajada de Estados Unidos. En el mismo papel juraba que a fines de 1979 habían salido "órdenes muy duras" para "los procedimientos de seguridad". Estas nuevas directivas consistían en que "montoneros activos que son miembros de las llamadas tropas especiales de infantería (TEI) y de agitación (TEA) serían tratados "de la misma manera que antes : su destino era la tortura y ejecución sumaria".

Además de su valor histórico, los archivos del Departamento de Estado proporcionan información valiosa para las diferentes causas judiciales en trámite, como en la que hace cuarenta días el juez federal Claudio Bonadío ordenó el arresto de 44 represores. Entre los papeles hay abundante información sobre el Batallón de Inteligencia 601, que está siendo investigado por ese magistrado. Uno de los documentos, fechado el 6 de febrero de 1980, es un organigrama de la por entonces nueva composición organizacional del 601. También hay datos de este tipo en un "memorándum de conversación" que fue titulado "tuercas y tornillos de la represión gubernamental al terrorismo-subversión". Se trata del resultado de una charla del 7 de agosto de 1979 entre el consejero político de la embajada de Estados Unidos, Willam Hallman ; el Oficial de Seguridad Regional, James Blystone y un militar cuyo alias era Jorge Contreras.
"Contreras -dice el papel- habló de dos categorías de casos. La primera eran aquellos que fueron introducidos al sistema y después de "interrogatorios cuidadosos" se encontraba que no tenían ninguna vinculación con la subversión. Muchos de éstos, afirmó Contreras, eran simplemente liberados. Dijo que él cree que en el pasado otros eran asesinados, en caso de que su liberación constituya un riesgo para "el sistema" -personal involucrado, localizaciones, etc-. Una vez más dijo, mucho dependía del personal del centro de detención : algunos comandantes estaban dispuestos a arriesgar sus operaciones y facilidades, haciéndose conocidos a fin de devolver a alguien cuya inocencia había sido establecida. Otros comandantes creen que el proceso era más importante que cualquier individuo y que inclusive los inocentes deben ser sacrificados a fin de evitar que el sistema en sí peligre (...) prisioneros no involucrados tan profundamente eran tratados de variadas maneras".

En un memorando del 31 de mayo de 1978 se afirma que "si ha habido una reducción neta en las denuncias de tortura, no es porque la tortura se ha dejado de practicar, sino que deriva de la reducción de las operaciones porque el número de subversivos ha disminuido" y aclara que las desapariciones "incluyen no sólo a sospechosos de ser terroristas sino que abarcan a una gama más amplia -dirigentes gremiales, trabajadores, sacerdotes, activistas de derechos humanos, científicos, médicos ypolíticos. Un hecho dramático reciente fue el secuestro de cinco madres de desaparecidos y dos monjas francesas, cuyos cuerpos, supuestamente, se descubrieron a orillas del mar".

El documento realizado con "Contreras" describe parte de la estructura represiva y de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Explicó, por ejemplo, que "Reunión Central" era una "unidad albergada en el 601" pero que contenía elementos de seguridad del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y federales. "Fue establecida al comienzo del gobierno militar y se mantiene en su lugar". "Un coronel Tepedino es Comandante del 601. Un coronel Arias Duval es la cabeza de Reunión Central", dice Contreras. Tepedino es Carlos Alberto, quien fue jefe del Batallón entre 1976 y 1983 y está preso por orden de Bonadío. Arias Duval es Luis Jorge, que está prófugo.
La "Reunión Central" contenía siete grupos de tareas. Contreras era el director del número 7, que fue creado en mayo de 1979 y se encargaba de estudiar las actividades de los estudiantes, grupos políticos y cuerpos religiosos. En esa época también se estableció el grupo 6, que hacía el seguimiento de "sindicatos y economía". El documento explica que el sistema de "grupos de tareas" había sido creado en 1971-1972 y que en principio consistía en cinco conjuntos. El 1 se ocupaba del ERP y el 2 de los Montoneros. Además, la Armada y la Fuerza Aérea tenían sus propias unidades de inteligencia y operativa y, dentro del Ejército, cada comandante de cuerpo tenía quienes investigaba y secuestraban y mataban.
Contreras aseguró a los funcionarios de la embajada que "un problema central en controlar la campaña antisubversiva era el hecho de que la persona que recibía la inteligencia acerca de supuestas actividades subversivas era la misma que tenía la responsabilidad de realizar las detenciones, conducir los interrogatorios, etc. La competencia entre muchas unidades puso una alta atención en las acciones rápidas, lo que muchas veces implicaba que la acción había sido mal considerada".

La desclasificación de alrededor de 4677 documentos por el Departamento de Estado de Estados Unidos se produjo como respuesta a pedidos de familiares, organismos de Derechos Humanos, jueces y la subsecretaría de Derechos Humanos. El 16 de agosto de 2000 la entonces secretaria de Estado Madeleine Albright se reunió en Buenos Aires con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto ; el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Horacio Verbitsky y Carmen Lapacó, de madres de Plaza de Mayo línea fundadora y se comprometió a que el gobierno norteamericano desclasificaría información sobre la dictadura argentina, tal como lo había hecho con el Chile de Augusto Pinochet en 1999.

En enero de 2001, el National Security Archive (organización gubernamental de los Estados Unidos) presentó al Departamento de Estado una guía con 300 tópicos claves para tener en cuenta al hacer públicos los archivos. Allí se advertía que se tuviera en cuenta la coordinación de los servicios de inteligencia del Cono Sur (Plan Cóndor), nombres de represores, unidades de inteligencia y fuerzas de seguridad y nombres de desaparecidos y niños secuestrados. En octubre del año pasado, el CELS y The National Security Archive presentaron una colección de 32 documentos que ya estaban desclasificados de distintas agencias norteamericanas. Esos papeles, como también en los que se dan a conocer ahora, son pruebas de las masivas violaciones a los derechos humanos y el asesinato de decenas de miles de personas durante la última dictadura. También demuestran que la embajada de Estados Unidos mantenía una comunicación fluida con los militares.

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ruckauf y el de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Juan José Alvarez, presentaron ayer a los periodistas cuatro cajas de cartón cerradas con sus respectivas etiquetas
que indicaban que provenían del Departamento de Estado y que se trataba de Official Business. Los documentos quedarán bajo custodia de las respectivas áreas de derechos humanos de ambos ministerios -a cargo de Oscar Fappiano y Carlos Sersale-. Las Abuelas de Plaza de Mayo recibierontambién una copia del material, en el que, entre infinitas cosas que deberán ser analizadas y evaluadas, figuran diez mil fichas de casos de violaciones a los derechos humanos recopilados por el equipo de Allen (Tex) Harris (de la embajada de Estados Unidos) y descripciones crudas de los tormentos a los que eran sometidos los prisioneros, relatadas por algunas víctimas.

* Se puede acceder a todos los documentos desclasificados en www.foia.state.gov

DATOS CONCRETOS PARA LA CAUSA QUE LLEVA EL JUEZ CLAUDIOBONADIO

El Cóndor es un blanco accesible

"La inteligencia militar argentina (601) contactó a su colega de inteligencia militar brasileña para solicitar permiso para realizar un operativo en Río para capturar a dos montoneros que llegaban desde México. Los brasileños otorgaron su permiso y un equipo especial de argentinos voló bajo en comando operacional del teniente coronel Román a Río en un C130 de la Fuerza Aérea. (...) Estos dos montoneros están actualmente bajo custodia en la cárcel secreta del Ejército, Campo de Mayo." Los dos montoneros eran Horacio Campiglia y Mónica Pinus de Binstock -cuyas desapariciones están siendo investigadas por el juez federal Claudio Bonadío- y la descripción de sus secuestros figura con detalles en un memorándum del Oficial de Seguridad Regional (RSO) de la Embajada, James Blystone.

Este ejemplo demuestra que los papeles desclasificados serán útiles para las causas judiciales en trámite sobre las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Pero este papel es, además, uno de los pocos -de los analizados hasta el momento- que permiten extraer información sobre el destino de algún desaparecido.

El documento confirma algunos datos que hasta ahora intuía Edgardo Binstock, quien viajó a Estados Unidos para pedir datos sobre su esposa, Mónica Pinus. Por ejemplo, describe que la mujer fue secuestrada junto con Campiglia en Río de Janeiro. También aporta información novedosa sobre la forma en que se realizó el operativo que terminó con la desaparición de Pinus y Campiglia. "Ambos montoneros de México fueron capturados vivos y volvieron al país en el C130. Los argentinos, que no querían alertar a los Montoneros que habían realizado una operación en Río, utilizaron a una mujer y un hombre argentinos para registrarlos en un hotel empleando los documentos falsos obtenidos de los otros dos Montoneros capturados, de esta manera dejaron rastros de que los dos Montoneros de México habían llegado a Río, se habían registrado en un hotel y después se marcharon".

Blystone obtuvo los datos de una reunión con "un miembro del servicio de inteligencia" que se realizó el 2 de abril de 1980. Pinus y Campiglia fueron secuestrados a mediados de marzo de ese año. "Al comienzo él (el RSO) preguntó bromeando qué había pasado con los dos Montoneros que habían desaparecido entre México y Río. La fuente contestó que me diría pero sólo en la más estricta confidencialidad ya que esta información era ultra secreta", comienza el memorando.

Este papel también detalla los secuestros de 12 personas que ingresaron al país por rutas de ómnibus desde Paraguay, Uruguay y Brasil : los miembros de la contraofensiva cuyos secuestros investiga Bonadío. "Los servicios de seguridad argentinos, con la cooperación de la policía, tendieron una trampa para capturar a los 12 miembros. La policía llevó a cabo procedimientos de control de documentación y drogas en la terminal de ómnibus de Buenos Aires y los servicios de inteligencia fueron capaces de aprehender a miembros del TEI que llegaban en ómnibus. Una vez que el miembro montonero era identificado, la policía solicitaba controlar su documentación y aconsejaba al individuo que tendría que ir a la estación de policía por cuestiones policiales de rutina. Una vez que el montonero era introducido al auto para el traslado a la estación, la inteligencia militar tomaba el mando y transportaba al Montonero a la cárcel secreta de Campo de Mayo."

Ilusiones perdidas

Par Horacio Verbitsky

El 16 de agosto de 2000 las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales se reunieron con la entonces secretaria de Estado de los Estados Unidos, Madeleine Albright, y le pidieron que abriera los archivos de su país sobre los años de espanto. La canciller accedió. Para obtener el mejor resultado de esa disposición favorable, el CELS celebró un convenio con la ONG estadounidense National Security Archives, especializada en la investigación sobre materiales públicos compartimentados. Su labor había sido muy eficaz en la desclasificación previa de documentos sobre Chile, Guatemala y El Salvador. Esa experiencia enseñó que era preciso refinar la búsqueda, de modo que no fuera ir tras una aguja en un pajar. La formulación de interrogantes precisos sobre ciertos episodios, acerca de determinadas personas, tanto víctimas como victimarios, con la mayor exactitud posible de tiempo y lugar, ordenó la requisitoria. La calidad de la pregunta anticipa la de su contestación.

Al cumplirse dos años de aquel encuentro, llegaron cuatro cajas de documentos. Responden al reclamo de aquellos organismos argentinos, de algunos jueces y de organizaciones de otros países de la región. Se trata de comunicaciones que funcionarios de la embajada en Buenos Aires remitieron en aquellos años al gobierno de Washington, demostrativos de la organización estatal del terror y refutadores de la pretensión de que pudo tratarse de excesos o errores de grupos aislados.
Entre ambas fechas cambiaron el gobierno de los Estados Unidos y el contexto mundial. El demócrata Bill Clinton fue sucedido por el republicano George W. Bush y Colin Luther Powell reemplazó en la cancillería a Madeleine Albright.

Luego de los ataques del 11 de setiembre pasado contra el World Trade Center y el Pentágono, el gobierno de Washington hizo de la denominada "guerra contra el terrorismo" el eje de su política exterior e interior. Si algún dinosaurio de las pampas, o el foro que los congrega, creyó que esas novedades permitirían alguna suerte de reivindicación de la guerra sucia militar contra la sociedad argentina, ayer debe haber sido otro día de ilusiones perdidas. Harían bien en tomar nota de lo que esto significa.

Cuando se produjo el golpe del 24 de marzo de 1976 gobernaba en Estados Unidos el republicano Gerald Ford, cuya política exterior, conducida por Henry Kissinger, era continuidad de la de Richard Nixon, que instrumentó en todo el continente la doctrina de la seguridad nacional. Tres meses después, Kissinger se reunió en Chile con su contraparte argentina, el almirante de la Armada golpista de entonces, César Guzzetti, quien le expuso los pormenores del plan de exterminio que se estaba aplicando. Kissinger, quien había sido el principal ideólogo del golpe militar que llevó al poder en Santiago al dictador Augusto Pinochet, le dijo que se apuraran a concluir su faena, porque no tenían mucho más tiempo. No se equivocaba. En enero de 1977 asumió la presidencia el demócrata Jimmy Carter, cuyo gobierno enarboló la defensa de los derechos humanos como estandarte de una nueva era. Su primer Secretario de Estado, Cyrus Vance, y su secretaria de asuntos humanitarios, Pat Derian, presentaron al gobierno militar argentino una lista con 7.000 nombres sobre los cuales el gobierno de Carter reclamaba información. También exigieron que se admitiera la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo informe fue un punto de inflexión, el principio del fin.

Fueron dos partidos políticos, dos momentos distintos, dos concepciones antagónicas. Un cuarto de siglo más tarde, demócratas y republicanos mantienen discrepancias sobre muchas cuestiones del presente, pero ambos expresan un consenso básico sobre aquellas vinculadas con el pasado argentino. Es difícil imaginar dos personalidades tan distintas como la académica centroeuropea Albright y el general afroamericano Powell, por no hablar de Clinton y Bush. Sin embargo todos ellos coinciden en un punto de extrema importancia para nuestro país y éste es que la desaparición forzada de personas, las torturas a detenidos, las ejecuciones clandestinas constituyen crímenes contra la humanidad, que la comunidad internacional no consiente, bajo ninguna circunstancia. Aunque todavía falta la desclasificación de los datos que guardan el Pentágono y la CIA, los que acaba de entregar la cancillería estadounidense servirán para agregar nuevas piezas al rompecabezas que los organismos de derechos humanos vienen armando desde el momento mismo en que los hechos sucedieron, valiosas para completar el cuadro general pero también para avanzar en las causas judiciales concretas abiertas, dentro y fuera del país. Nada más importante, sin embargo, que el mensaje que su envío transmite. Eso no se hace.

Por Victoria Ginzberg

Página 12, 21 de agosto 2002