El CIADI rechazó una demanda iniciada por Thales Spectrum contra el Estado argentino

La compañía reclamaba 600 millones de dólares luego que el gobierno de Néstor Kirchner le rescindiera en 2004 el contrato, sobre la base de incumplimientos e irregularidades en las licitaciones.

El CIADI, el tribunal de controversias que funciona dentro de la órbita del Banco Mundial, rechazó en forma total la demanda iniciada por 600 millones de dólares contra el país por la empresa Thales Spectrum (TSA), informó ayer la Procuración del Tesoro de la Nación.

La decisión fue tomada por un tribunal compuesto por Grant D. Aldonas, nombrado por Thales ; el profesor Georges Abi-Saab, designado por Argentina, y Hans Danelius, nacional de Suecia y presidente del Tribunal nombrado por el CIADI, quienes señalaron que "el CIADI no tiene jurisdicción sobre el arbitraje" iniciado por la firma.

El pronunciamiento sobre Thales se suma al formulado la semana pasada respecto a una presentación hecha por la petrolera Wintersall.

"La anterior semana recibimos la notificación de otro laudo en el que se rechazó la jurisdicción del CIADI, en el caso de una petrolera alemana llamada Wintersall, en ambos casos por montos cercanos a los 400 millones de dólares cada uno, en total suman cerca de unos 1.000 millones de dólares", dijo a Télam el titular de la Procuración del Tesoro, Osvaldo Guglielmino.

"El CIADI cierra el caso y si a Thales le parece puede iniciar su caso ante la justicia argentina, en realidad es un reconocimiento del CIADI, del Banco Mundial, del derecho internacional y de la comunidad internacional a la seguridad jurídica argentina", remarcó Gugliemino.

La dependencia oficial recordó que el vínculo del Estado data de "mediados de 1997 cuando la Comisión Nacional de Comunicaciones, luego de una licitación que luego sería muy cuestionada, le otorgó una concesión a Thales Spectrum para la administración, gestión y control del espectro radioeléctrico por 15 años con la opción de prorrogarlo por 5 años más".

En 2004, el contrato fue rescindido por el gobierno nacional, sobre la base de incumplimientos de TSA y de irregularidades en el proceso de licitación. En julio de 2001 se inició una investigación en la justicia criminal, como resultado de una denuncia de la Oficina Anticorrupción en relación con las irregularidades en el proceso de licitación.

En octubre de 2004, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 7 de la Ciudad de Buenos Aires sobreseyó parcialmente a algunos de los acusados, pero en noviembre de 2005 la Cámara Criminal y Correccional Federal, Sala II, revocó el sobreseimiento parcial y ordenó llevar a cabo otras investigaciones.

A principios del corriente año, el 26 de febrero, se dictó el procesamiento sin prisión preventiva de varios de los acusados, por los delitos de defraudación por administración infiel agravada por ser en perjuicio de la administración pública. Argentina presentó cuatro objeciones a la jurisdicción del Tribunal.

El Tribunal determinó que el CIADI "no tiene jurisdicción sobre el reclamo, aceptando la tercera objeción a la jurisdicción de la Argentina porque TSA, una empresa argentina, estaba controlada al momento de iniciarse el arbitraje, por un nacional argentino, Jorge Justo Neuss".

En cambio, al comienzo de la concesión TSA se encontraba controlada por el grupo francés Thales, que luego salió del negocio, recordó Guglielmino.

Esta decisión se suma a una serie de decisiones del CIADI favorables a la Argentina, que incluyen los laudos en los casos Metalpar, Continental, Wintershall, y también LG&E, que reconoció la emergencia en nuestro país y que ahora ha sido suspendido por acuerdo de las partes.

TSA estaba representada en el CIADI por el estudio estadounidense King & Spalding, el mismo que eligieron los inversores de Aerolíneas Argentinas, cita un parte de prensa distribuido por la Procuración del Tesoro.

Télam. Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008.