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17 de febrero de 2013

Ecuador, un resultado contundente que no resuelve los problemas

por Guillermo Almeyra *

 

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Es casi seguro que Rafael Correa será elegido presidente en la primera vuelta de estas elecciones, y casi seguramente la inestable coalición plurinacional de las izquierdas que se le opone –y que se opone también a la derecha clásica– obtendrá menos de 6 por ciento de los votos. Correa podrá entonces, a justo título, hablar de consagración popular, sobre todo si la abstención disminuye, como es probable, y el Alba, la Unasur y el grupo de los gobiernos « nacionales y populares » respirarán con alivio tras el duro golpe sufrido con la devaluación venezolana. Correa, en efecto, en este último grupo, y pese a no haber podido sacar a su país de la paridad con el dólar, es uno de los más firmes, pues a diferencia de otros gobiernos hizo auditar la deuda externa, en vez de reconocerla, rompió con el FMI y desconoció al Banco Mundial para la solución de las disputas comerciales (por supuesto, la solución en favor de las trasnacionales). Su victoria electoral, por consiguiente, es también en buena medida una derrota de las fuerzas de derecha ecuatorianas e internacionales y será una buena noticia para Venezuela, Bolivia y Cuba.

En cuanto a la coalición de izquierdas, entre cuyos principales integrantes están el partido indígena Pachakutik y la Conaie, creo que una parte del movimiento indígena será atraído por la tentación correísta y que la siempre oscilante política de los maoístas del Movimiento Popular Democrático, entre el ultraizquierdismo sindical y el oportunismo, también recibirá un golpe, sobre todo porque el MDP ya estaba en crisis y buscó en la Unidad Plurinacional de las Izquierdas una salida positiva. Este posible debilitamiento de los componentes de masa de la oposición izquierdista pesará sobre el núcleo intelectual más consecuente, que encuentra su expresión en Alberto Acosta, quien une una política ecologista radical con ideas democráticas y sociales avanzadas y, muy a la izquierda de la línea socialcristiana, desarrollista-extractivista del presidente Correa.

Éste, en efecto, defiende y aplica –como todos los gobiernos « progresistas » o no de los países dependientes– una política extractivista que descansa sobre todo en las esperanzas en la gran minería a cielo abierto (en el caso argentino, en ésta y en la costosísima extracción del petróleo no convencional). Incluso, para refutar a sus críticos les ha preguntado dónde en la obra de Marx hay una crítica a ese tipo de minería (obviamente, en los tiempos de éste no existía y era técnicamente impensable; por tanto no podía ser criticada). La izquierda, por su parte, junto con las poblaciones afectadas por esas minas que las dejan sin agua y destruyen el ambiente, no explican suficientemente cómo en una primera fase de transición, un gobierno democrático y ecologista podría prescindir totalmente del extractivismo impuesto por la dependencia del mercado mundial y con qué recursos se contaría para trabajar por una alternativa al extractivismo y al desarrollismo que dé origen a otro tipo de economía nacional, a un gobierno de las autonomías y anticentralista, a una producción fundamentalmente para el consumo y no para la exportación, así como a un sistema de comunas autogestionarias unidas por la solidaridad y por planes elaborados de común acuerdo a escala nacional.

Porque el gobierno paga hoy sus planes sociales, sus subsidios y sus obras públicas con el impuesto a los exportadores de materias primas y, por tanto vela por el fortalecimiento de las grandes trasnacionales y las grandes empresas, lo que le impide salir de la dependencia del capital financiero internacional. Cuando mucho, mediante el aparato estatal trata de sustituir a una burguesía nacional casi inexistente. De ahí que necesite seguir exportando plátanos, petróleo y minerales a granel, y no pueda recuperar una moneda propia. Si dejase de lado de repente esa política, Ecuador no tendría ingresos y su economía se derrumbaría.

Por eso el problema no consiste en una oposición lisa y llana en nombre del ambiente y de las necesidades sociales a la política de Correa. Hay que oponerle una para la obtención de recursos (impuestos a los bancos y grandes empresas, supresión de gastos militares, modificación de las políticas alimentarias y las importaciones de alimentos e insumos, creación de infraestructuras para reducir los costos de transporte y otros, por ejemplo), así como una política de preservación de los bienes comunes y de las bases para la producción indígena que ante cada proyecto estatal o empresarial discuta caso por caso si los efectos ambientales, económicos y sociales inmediatos y de largo plazo no son demasiado onerosos e irreversibles. Si hubiera una disputa entre los técnicos y los habitantes, en nombre de las autonomías regionales, de la autogestión, de la democracia y de la propia Constitución, debe predominar la posición de estos últimos.

Correa seguramente obtendrá una Asamblea que le será fiel. Habría que aprovechar esta nueva composición del aparato legislativo para completar –y no retacear– lo alcanzado por la Constituyente. En ese trabajo constituyente la izquierda perdería si se aferrase a los no sistemáticos y en cambio ganará si se define por sus planes y proyectos ambientalistas y anticapitalistas, pues eso le permitirá hacer frente común con una parte del correísmo.

Éste, aunque es adversario duro de la izquierda, no puede ser considerado su enemigo, sino un aliado inseguro, vacilante e inconsecuente so pena de nuevamente, como cuando Pachakutik coqueteó a Gutiérrez y con la derecha, hacerle el juego a ésta o sea, al gran capital extranjero y a las trasnacionales extractivistas que tanto Pachakutik como la Conaie combaten.

Guillermo Almeyra para La Jornada de México.

La Jornada. México, 17 de febrero de 2013.

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