recherche

Accueil > Empire et Résistance > Ingérences, abus et pillages > Cronología abreviada de la imposición y la entrega de MéxicoPartes (...)

24 mars 2014

Cronología abreviada de la imposición y la entrega de MéxicoPartes I->VII

par Carlos Fazio *

 

Primera Parte

El pasado 22 de noviembre, la 51 reunión interparlamentaria México-Estados Unidos concluyó con la difusión de un comunicado conjunto, en el que la delegación estadunidense manifestó su interés « por una mayor interdependencia y seguridad energética de Norteamérica » . En la reunión, Michael McCaul, presidente de la delegación visitante y del Comité de Seguridad Interior de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, elogió el paquete de contrarreformas neoliberales impulsado por Enrique Peña y el Pacto por México y, tras mencionar los acuerdos transfronterizos de hidrocarburos de su país con México, abogó por una profundización de la « alianza energética » entre ambos y Canadá.

En el marco de las privatizaciones en curso de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el Congreso mexicano, las « aspiraciones » de McCaul y los parlamentarios estadunidenses no fueron para nada inocentes. Abrevan en la histórica ambición anexionista y de clase que desde los tiempos del secretario de Estado William H. Seward, en la segunda mitad del siglo XIX, se expresó en un proyecto de control infraestructural y económico de dimensiones continentales que incluía la absorción de México y Canadá ; proyecto revitalizado en documentos oficiales del gobierno de Franklyn Delano Roosevelt en 1941, cuando se diseñó la Doctrina de Áreas Ampliadas (Grand Area Doctrine), plan geopolítico de integración vertical imperial para la competencia comercial entre bloques, con eje en la noción de « seguridad nacional » estadunidense.

En su última fase, dicho proceso arranca a finales de los años 70 del siglo pasado, cuando el lobby petrolero texano logró colocar en la Oficina Oval a Ronald Reagan y George Bush padre.

Veamos :

1973. El embargo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a Estados Unidos, a raíz de su apoyo a Israel en la guerra de Yom Kippur, exhibió su vulnerabilidad energética y generó un trauma geoestratégico. Desde entonces, de cara a cualquier interrupción futura del flujo de hidrocarburos (petróleo y gas natural) del golfo Pérsico, Washington priorizó por razones de « seguridad nacional » sus políticas hacia « fuentes amigables, estables y seguras » como Inglaterra, Canadá, México y Venezuela.

1979. La vinculación entre la seguridad, la dependencia estratégica y las iniciativas para la inclusión de Canadá y México en esquemas de « integración » de América del Norte ingresa como tema central de la seguridad nacional de Estados Unidos. Para dejar de ser « rehenes » de la OPEP y de cara a la pugna interimperialista con los megabloques económicos de la Unión Europea y el Asia/Pacífico (Japón y los tigres asiáticos) que desafían la hegemonía de Estados Unidos, ese año, cuando el tema del petróleo y el gas era casi un tabú en las relaciones bilateral y regional, Ronald Reagan promueve en su campaña por la Casa Blanca la « desvinculación » del petróleo mexicano y el gas natural canadiense del mercado mundial y la « regionalización » de los recursos hidrocarburíficos de ambos países bajo la idea de un « mercado común energético » de América del Norte.

Años 80. En el caso de México, los mayores obstáculos para la conformación de un mercomún energético en el área espacial y territorial de Norteamérica eran el nacionalismo revolucionario, con su artículo 27 constitucional, y la noción misma de la soberanía nacional mexicana. Para librar esos escollos, Washington optó por instrumentos « no militares » (es decir, financieros y monetarios derivados de las líneas de condicionalidad del Banco Mundial, el FMI y el BID atadas a la deuda externa) y de « inteligencia política » (cooptación-corrupción de gobernantes, políticos y empresarios y las presiones derivadas de sus eventuales vínculos con el tráfico de drogas y otros ilícitos).

Históricamente, al aparato militar y diplomático estadunidense no le ha sido difícil detectar esas vulnerabilidades, porque, como dijo el ex secretario de Estado de Woodrow Wilson, Robert Lansing, « dominar a México es extremadamente fácil porque basta con controlar a un solo hombre : el presidente ». Labor que han venido desarrollando los emisarios de Washington desde el primer gobierno neoliberal de Miguel de la Madrid hasta el presente, con Enrique Peña, pasando por Carlos Salinas (líder de la facción santannista de lo que Manuel Buendía llamó « neopolkos »), Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. En abono de lo anterior, y como señaló hace más de dos lustros John Saxe-Fernández en La compra-venta de México, desde 1982 se ha venido generalizando en México el « quintacolumnismo », es decir, una quinta columna integrada por un grupo de poder local colaboracionista, antinacional y entreguista, afín a un anexionismo vertical, subordinado y dependiente de Estados Unidos.

1991. Durante el gobierno salinista, en el marco de la primera guerra del golfo Pérsico, Timothy O’Leary dio a conocer que en una reunión celebrada en Toronto, el 12 de junio de ese año, Los Pinos y la Casa Blanca pactaron que « sin modificar la Constitución mexicana », el petróleo y las operaciones nacionales e internacionales de Pemex entraran en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus siglas en inglés).

1994. Con la entrada en vigor del TLCAN, definido por el ex director de la CIA William Colby como un instrumento importante para « desvanecer » la soberanía mexicana y « reorientar » la función y la existencia misma de México como Estado nación, se profundizó el proceso de « constitucionalización del neoliberalismo disciplinario ». Esto es, el ajuste del aparato normativo mexicano con el fin de garantizar « seguridad jurídica » a los inversionistas privados extranjeros, con especial fruición, la desde entonces furtiva, larvada e ilegal contrarreforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución en materia energética : electricidad, agua, petróleo, gas natural y otros minerales considerados « críticos y estratégicos » por el Pentágono.

Segunda parte

Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, Estados Unidos y los organismos financieros internacionales (BM, FMI, BID, verdaderos perros guardianes al servicio del Departamento del Tesoro y las compañías multinacionales), han venido avanzando sin límite de continuidad en el cogobierno o manejo conjunto del territorio nacional y sus recursos geoestratégicos. Incluida la privatización multimodal de la infraestructura (carreteras, puertos, aeropuertos, vías de ferrocarril, redes de fibra óptica, de electricidad e hidrocarburos), propósito principal del Plan Puebla Panamá (PPP), diseñado durante la administración de Ernesto Zedillo y profundizado con Vicente Fox.

2000-2001. Tras la elección de Fox en julio de 2000, Washington arreció en sus propósitos de transformar el espacio territorial mexicano, de adecuarlo con las nuevas mercancías, a los nuevos negocios y tecnologías. De cuadricularlo, ordenarlo y hacerlo funcional y productivo.

Durante su campaña electoral, en un debate televisado con Al Gore en octubre de 2000, el entonces gobernador de Texas, George W. Bush, recuperó la idea de Reagan y su padre (George Walker Bush, ex director de la CIA y vicepresidente de los dos mandatos de Reagan, a quien sucedió en 1988) de formar un mercomún energético de América del Norte. Dijo : Le hablé (a Fox) de cómo sería mejor apresurar la exploración de gas natural en México y transportarlo a Estados Unidos para que seamos menos dependientes de fuentes externas de petróleo crudo. En febrero de 2001, el experto George Baker, directivo de Mexico Energy Intelligence, planteó que Bush podía ofrecer fondos para convertir a Pemex en la mejor empresa petrolera del mundo. Por supuesto, tendría que ser una propuesta del presidente Fox, que no corresponde plantear al presidente Bush, dijo Baker. En marzo, Bush no tuvo empacho en afirmar que el gas encontrado en México era hemisférico y debía beneficiar a Estados Unidos. Afirmó entonces : Una buena política energética es aquella que entiende que tenemos energía en nuestro hemisferio y cómo explotarlo mejor y transportarlo a los mercados. Poco antes, con Fox de anfitrión, el secretario de Energía de EE.UU., Spencer Abraham, había logrado introducir en la Declaración de México −suscrita por los ministros de Energía del hemisferio− una frase que abogaba por la integración energética del continente. Allí quedó formado un grupo de trabajo trilateral (integrado por Abraham y los ministros del ramo de Canadá y México). Encontramos que hay dependencia mutua, sin socios minoritarios ni socios mayoritarios, dijo entonces Abraham desafiando la ley que rige la fábula del tiburón y las sardinas.

La idea de crear redes o corredores energéticos a través de ductos transfronterizos para el intercambio de hidrocarburos, así como la integración eléctrica entre Estados Unidos, Canadá y México, fue retomada en la Cumbre de Quebec (abril de 2001), donde participaron 34 jefes de Estado y de gobierno de América. Uno de los compromisos de la cumbre fue norteamericanizar los mercados de energía −ante la deficiencia de Estados Unidos en la materia esgrimida por Bush−, para lo cual se requería cambiar el marco legislativo y regulatorio de los países involucrados.

En mayo de 2001, el presidente Bush −principal operativo del cártel petrolero-gasero texano conformado por las trasnacionales Exxon-Mobil, Halliburton, Enron y El Paso Corporation− dio a conocer su plan energético nacional (conocido como Plan Cheney), donde el combustible extranjero pasó a ser el eje del proyecto. En ese esquema, México fue definido como una fuente primordial para garantizar la seguridad energética de Estados Unidos.

Varios meses antes de los atentados contra las Torres Gemelas, el Grupo para el Desarrollo de una Política Energética Nacional, que elaboró el Plan Cheney, había mostrado un mapa de la República Mexicana que identificaba las cuencas de Burgos, Sabinas y Pedregosas, en el norte de México, frente a Texas (dominios del clan Bush), como las principales reservas de gas no explotado. En esa región, sugería el documento, podría darse una interrelación energética natural. El grupo recomendó a Bush que instruyera a sus secretarios de Estado y de Energía para que, en consulta con la Comisión Reguladora de Energía, se revisaran los permisos presidenciales para la construcción de infraestructura que permita el cruce de petróleo, gas natural y electricidad, y se propongan las reformas a las regulaciones que sean necesarias para hacerlas compatibles con el comercio intrafronterizo.

Cuando en septiembre de 2001 Fox visitó a Bush en Washington, ambos recibieron la propuesta del Consejo Binacional México-Estados Unidos de llevar a cabo, cuanto antes, la integración energética de Norteamérica. El principal destinatario de la solicitud fue Fox : a él le recomendaron aumentar la inversión privada en Pemex ; abrir el sector de refinación de crudo al capital extranjero ; dividir en varias compañías la red de oleoductos mexicanos y acceder a una pronta integración eléctrica con Estados Unidos. Para todo ello, señalaron, hay opciones : liberalizando los marcos regulatorios y legales. Es decir, modificando la Constitución mexicana.

2002. El 20 de septiembre de ese año Bush presentó su Estrategia de Seguridad Nacional en la Casa Blanca. Entre las nociones básicas del documento, una decía : Debe mejorar la seguridad energética (de Estados Unidos). Fortaleceremos nuestra propia seguridad energética y la prosperidad compartida de la economía mundial, colaborando con nuestros aliados, socios comerciales y productores de energía. En buen romance, fue el anuncio estratégico de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (Aspan), suscrita en Waco, Texas, el 23 de marzo de 2005.

Tercera parte

Año 2005. Según lo definió entonces la llamada Fuerza de Tarea Independiente (sic) sobre el Futuro de Norteamérica −cuyos copresidentes eran el ex viceprimer ministro de Canadá, John Manley ; el ex gobernador de Massachusetts, William Weld y el ex secretario mexicano de Hacienda, Pedro Aspe−, el nuevo « paradigma » en las relaciones de México con Estados Unidos y Canadá ha sido la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN).

El « menú » del pacto trilateral, definido entonces por la Casa Blanca con el colaboracionismo de tecnoburócratas gubernamentales, asociaciones empresariales y círculos intelectuales conservadores y entreguistas de Canadá y México, incluyó seis puntos básicos de seguridad : militar, interna, energética, global, social y de acceso al agua dulce. No fue casual que los puntos de la agenda definían los intereses geoestratégicos de Washington ; subordinaban el comercio a los asuntos de seguridad definidos en la doctrina Bush de guerra preventiva y lucha contra el « terrorismo », y perseguían una dirección única : la dominación imperial estadunidense en el siglo XXI.

Los objetivos claves del « nuevo acuerdo » −en cuya elaboración participó de manera activa Andrés Rozental Gutman, medio hermano del ex canciller del foxismo Jorge G. Castañeda− fueron desarrollar mecanismos de seguridad marítima, aérea y terrestre que permitieran hacer frente a cualquier « amenaza » en América del Norte ; una estrategia energética basada en el incremento de la oferta para satisfacer las « necesidades » de la región (léase Estados Unidos), y facilitar inversiones en infraestructura energética, para las mejoras tecnológicas, la producción y el suministro confiable de energéticos, mejorando la « cooperación » en la materia.

En forma complementaria, un objetivo estratégico de la política petrolera del dúo Bush-Cheney fue persuadir u obligar a México y países productores del golfo Pérsico a que abrieran sus empresas estatales a la inversión multinacional privada. En ese sentido, en Waco, Bush aprovechó la extrema debilidad del presidente Fox y definió la nueva agenda, que los tecnoburócratas locales tratarían de rellenar después con regulaciones, estándares y modificaciones graduales, pequeñas pero sustanciales, de modo de ir « armonizando » la legislación mexicana con los intereses de Washington y las trasnacionales del sector energético.

A su vez, para garantizar « la producción y el suministro confiable de energéticos » en Norteamérica −que comenzaba ya a tomar forma como nuevo espacio geopolítico y geoeconómico−, los estrategas castrenses de Washington impulsaron la idea de un « perímetro exterior de seguridad », lo que colocó a Canadá y México bajo el manto militar nuclear del Comando Estadunidense de Defensa Aeroespacial (conocido como NORAD, por sus siglas en inglés), y su extensión al Comando Norte (creado en 2002), ambos bajo el mando del Pentágono, encargados de proteger de facto los suelos, mares y cielos trinacionales. La anuencia tácita de Fox al plan de seguridad de Bush, colocó desde entonces al territorio mexicano como blanco de cualquier contingencia bélica interimperialista. Pero, además, ese proyecto estadunidense que asumió a México como problema doméstico, incluyó el sellamiento militar del Golfo de México, desde los cabos de la Florida hasta la península de Yucatán, y el corrimiento de la frontera norte al istmo de Tehuantepec para controlar el tránsito de indocumentados mexicanos, centro y sudamericanos, según el diseño original del Plan Puebla-Panamá.

La ASPAN (el TLCAN militarizado), que desde su concreción ha venido funcionando con un « gobierno sombra » de las élites empresariales y militares de Estados Unidos y sus socios menores en Canadá y México, incluyó una integración energética transfronteriza (petróleo, gas natural, electricidad) subordinada a Washington y megaproyectos del capital trasnacional que subsumieron los criterios económicos a los de seguridad, justificando así acciones que de otro modo no podrían ser admitidas por ser violatorias de la soberanía nacional, y una normativa supranacional que hizo a un lado el control legislativo (según la Constitución, el Senado es el encargado de vigilar los acuerdos internacionales suscritos por el Poder Ejecutivo), mientras se impusieron leyes contrainsurgentes que criminalizaron la protesta y la pobreza y globalizaron el disciplinamiento social.

Año 2007. Ya bajo el mandato espurio de Felipe Calderón, la Iniciativa Mérida, anunciada por George W. Bush en Washington el 22 de octubre de 2007, fue diseñada como un paquete de asistencia militar en especie a México por un monto de mil 400 millones de dólares para el trienio 2008-2010. El « nuevo paradigma de cooperación » entre Estados Unidos y México en materia de seguridad estuvo dirigido a hacer frente a « amenazas comunes » asimétricas, mismas que fueron identificadas como organizaciones trasnacionales del crimen organizado, en particular las dedicadas al narcotráfico, el tráfico de armas, las actividades financieras ilícitas, el tráfico de divisas y la trata de personas. Con un dato adicional : la virtual equiparación desde la óptica punitiva estadunidense de tres términos y sus manifestaciones concretas : terroristas, narcotraficantes y migrantes sin documentación válida (indocumentados).

Símil del Plan Colombia, en su parte sustantiva, el millonario paquete de asistencia militar incluyó aviones y helicópteros de combate, barcos, lanchas ; armamento y equipo bélico, radares y sofisticados instrumentos para monitoreo aéreo e intervención de comunicaciones ; software para análisis de datos asociados a inteligencia financiera, y recursos para sufragar cursos de entrenamiento y asesorías del Pentágono, la CIA, el FBI, la DEA y otros organismos de seguridad estadunidenses a sus contrapartes mexicanas. También incluyó recursos para la instrumentación de reformas judiciales, penales y de procuración de justicia, áreas que de manera paulatina serían homologadas a las de Estados Unidos.

Cuarta parte

Cuando el 14 de abril de 2012, durante la sexta Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, Colombia, el presidente Felipe Calderón le confesó a su homólogo peruano, Ollanta Humala, que en algunas partes del territorio nacional el narcotráfico había comenzado a remplazar funciones del Estado, como la recaudación de impuestos, pareció avalar la matriz manufacturada en Washington tres años antes, que definía a México como un Estado fallido.

Y aunque era admitir el tácito fracaso de « su » guerra a las drogas después de cinco años de terror y muerte, Calderón volvió a redondear la idea en Puerto Vallarta, Jalisco, tres días después, en el Foro Económico Mundial para América Latina. Dijo allí : « Los cárteles de la droga han conformado un Estado paralelo al suplir funciones de gobierno. (…) Imponen su ley y cobran cuotas. (…) Estos señores tienen un comportamiento monopólico y no quieren que entre su competencia. En lugar de vencer con precio y calidad, se matan. Eso genera caos en algunas regiones (donde) buscan controlar ciudades y territorios ».

De hecho, Calderón parecía asumir las matrices de opinión del experto en contrainsurgencia y contraterrorismo y asesor del Pentágono John P. Sullivan, sobre la existencia de una suerte de « estado criminal liberado » o « soberanías paralelas » y « enclaves criminales » en zonas de Tamaulipas, Michoacán, Yucatán, Durango, Nuevo León y Coahuila.

2013. La orden de Enrique Peña, en mayo, de enviar militares a Michoacán dio inicio a una nueva fase en materia de seguridad. Subordinado a la agenda militar/policial de Washington –como garantía para la imposición de la contrarreforma energética–, el Presidente fue empujado a adoptar algunos cambios de forma bajo el monitoreo in situ del embajador Earl A. Wayne y de la entonces secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano. Los encuentros de ambos funcionarios estadunidenses con los secretarios Miguel Ángel Osorio, Emilio Chuayffet y Luis Videgaray, de Gobernación, Educación y Hacienda, respectivamente, y con el procurador general de la República, Jesús Murillo, y el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Manuel Mondragón, en el marco de la Declaración sobre la Administración de la Frontera en el Siglo XXI (el mecanismo ejecutivo bilateral suscrito por los presidentes Calderón y Barack Obama en mayo de 2010), junto con las filtraciones previas a la designación del ex procurador Eduardo Medina Mora como embajador en Washington, formaron parte de los amarres para la continuidad de las agendas privatizadoras y de seguridad en su nueva etapa.

La visita de Barack Obama a México los días 2 y 3 de mayo fue otra puesta en escena de la política como espectáculo. Publicitariamente, la Iniciativa Mérida, seguridad, inteligencia y el tráfico de armas fueron sustituidos por la « colaboración económica » y la « integración transfronteriza » como sinónimo de anexionismo larvado. Con el fantasma a cuestas del estallido en la torre II de Pemex (una explosión con sabor a C-4 típica de las acciones encubiertas desestabilizadoras), en los primeros meses de gestión Peña cumplió con sus patrocinadores, al imponer varias contrarreformas « estructurales » diseñadas por el Banco Mundial, el FMI, la OCDE y el Departamento del Tesoro estadunidense : la laboral, la educativa, en telecomunicaciones y la financiera, entonces en curso. Y Barack Obama vino a premiarlo. La novedad fue que Obama asumió la nueva épica del gobierno mexicano. Así, el México de los 150 mil muertos y los 25 mil desaparecidos de una guerra fratricida encubierta, propiciada por Washington, se transformó por arte de magia en un « país próspero », de « clase media urbana » en expansión y con « jóvenes nacidos para triunfar ».

El cambio de diseño y la nueva narrativa propagandística bilateral seguirían obedeciendo a las directrices geopolíticas de Obama y del complejo militar-industrial-energético-mediático de Estados Unidos ; objetivos plasmados en la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (Aspan), que opera con un gobierno empresarial en las sombras dispuesto, ahora, a « corregir » partes del TLCAN a través de un « nuevo » mecanismo de coordinación.

Para eso, la fracción anexionista del capital trasnacional local colocó en Washington a Medina Mora como « embajador » de México. Coordinador del equipo jurídico del TLCAN en los años 90, Medina fue uno de los « negociadores » de la Iniciativa Mérida (2007), herramienta punitiva para establecer un « perímetro de seguridad » en torno al territorio continental del imperio. Desde entonces, Norteamérica se ha venido consolidando como un espacio geográfico de cara a la competencia inter-capitalista con los otros dos mega-bloques subregionales : Europa comunitaria y Asia-Pacífico. Al proyecto hegemónico se sumó la reciente incorporación de México al Acuerdo Transpacífico (TTP), cuyo fin es construir un cerco militar, económico, comercial y financiero en torno a China, y que también intentará frenar el auge del yuan y extender la vida útil del dólar como moneda de referencia, en el marco de una guerra de divisas.

De allí, pues, el viraje discursivo cuasi esquizofrénico de Obama, quien pasó de México como un Estado fallido a punto de estallar a la matriz ilusionista de una democracia próspera. Con un agregado : inscrita en la « revolución » del gas shale (aceites de esquisto y arenas asfálticas no convencionales, cuya producción y explotación, según sus panegiristas, convertirán a Estados Unidos en primer productor mundial de crudo hacia 2017), la integración silenciosa de México en materia de hidrocarburos y electricidad –el viejo proyecto de un mercado común energético de América del Norte impulsado por la administración Reagan en los 80 y potenciado por George Bush Jr. a comienzos del siglo XXI– estaba próxima a consumarse.

Quinta parte

Año 2009. Durante la transición entre George W. Bush y Barack Obama en la Casa Blanca (enero-febrero de ese año), la fabricación mediática de México como Estado fallido incluyó la previsión de un colapso rápido y sorpresivo, lo que según el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (USJFCOM, por sus siglas en inglés) no dejaba más opción que la intervención militar directa de Washington. En plena guerra a las drogas de Felipe Calderón, la posibilidad de un colapso repentino fue atribuida al accionar de grupos de la economía criminal y llevó a una acelerada militarización del país, con la injerencia directa en el territorio nacional de especialistas del Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Oficina Federal de Investigación (FBI), la agencia antidrogas DEA, de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, los del Operativo Rápido y Furioso), del Departamento de Seguridad Interior y de la Oficina sobre Terrorismo y Asuntos Financieros (TFI, que depende del Departamento del Tesoro), todos bajo la mampara de la Iniciativa Mérida.

En realidad, la falsa guerra a las drogas y la construcción de México como Estado fallido fueron parte de la coartada para la ocupación integral del país. La dominación de espectro completo (full espectrum) abarca una política combinada donde lo militar, lo económico (incluidos los hidrocarburos), lo mediático y lo cultural (ergo, la educación) tienen objetivos comunes. Dado que el espectro es geográfico, espacial, social y cultural, para imponer la dominación se necesita manufacturar el consentimiento ; lo que implica manipular a una opinión pública legitimadora del modelo.

Desde esa óptica, los aparentes malos resultados de la guerra calderonista, con su estela de muertos y desaparecidos y el aumento de una violencia caótica de apariencia demencial, pudieron obedecer a una política de desestabilización y exterminio dirigida a debilitar aún más al país para propiciar una balcanización de México. En particular, el desmembramiento o la refuncionalización del territorio y sus recursos en los estados fronterizos del norte del país y los colindantes con el Golfo de México.

2010. En mayo, México y Estados Unidos emitieron la Declaración para la Administración de la Frontera en el siglo XXI. La franja fronteriza fue definida entonces como área clave de la llamada seguridad energética colectiva, lo que incluía la generación e interconexión de electricidad y la exploración y explotación segura y eficiente de hidrocarburos (petróleo, gas) y agua. A 16 años de la entrada en vigor del TLCAN, cinco de la ASPAN y tres del lanzamiento de la Iniciativa Mérida, no se entendía que siendo la seguridad energética colectiva la prioridad número uno de Washington, Tamaulipas reuniera las características de un Estado fallido y fuera denominado « territorio zeta », en alusión al grupo criminal que habría iniciado sus andanzas como brazo armado del cártel del Golfo.

Rico en hidrocarburos, incluidos los yacimientos de gas natural y shale en las cuencas de Burgos, Tamaulipas limita además con Texas, estado petrolero por excelencia de EU, y con el Golfo de México, asiento de los hoyos de dona (el tesorito en aguas profundas de la propaganda privatizadora de Felipe Calderón) y considerado el mare nostrum de Estados Unidos. Un caso similar es Veracruz, estado considerado tierra santa por los traficantes de drogas, donde se incrementó la violencia durante las gubernaturas de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte.

2012. Junto con el Caribe, el istmo de Tehuantepec y el Canal de Panamá, el Golfo de México resulta vital en la planeación militar atlántica de Estados Unidos. En ese contexto, y dado que Tamaulipas, Veracruz y el Golfo son puntos sensibles de la seguridad nacional y energética de Washington, ¿entre 2009 y 2012 habremos asistido en esos estados a una violencia militar y paramilitar provocada, cuyo fin fue el desplazamiento forzado de población y una refuncionalización de la tierra y los recursos geoestratégicos a ser fagocitadas por empresas trasnacionales una vez modificada la Constitución ?

¿Habría obedecido, antes, a esa misma estrategia, la escalada de violencia desestabilizadora y las políticas militares pacificadoras en Baja California y Chihuahua, y la que seguiría en Nuevo León y Coahuila, estados todos fronterizos con Estados Unidos ? ¿Es la misma lógica violenta que se dibuja desde la llegada de Peña Nieto en dos estados ribereños del Pacífico : Michoacán y Guerrero, con la agitación del agua de la pecera −según la terminología de Mao− vía la confrontación entre policías comunitarias indígenas, grupos de autodefensa civiles, organizaciones criminales, policías y militares ?

¿Tendrá que ver con la desestabilización encubierta y la recién aprobada contrarreforma energética, la llegada al país entre septiembre de 2011 y marzo de 2012 del embajador Earl Anthony Wayne y el agregado militar Colin J. Kilrain, ambos pesos pesados de la diplomacia de guerra de Washington, el primero procedente de Kabul, Afganistán, y experto en contrainsurgencia y en administrar a la llamada comunidad de inteligencia, y el segundo ex director del combate al terrorismo en el Consejo de Seguridad Nacional (CNS) en Washington, hasta su nombramiento en México ?

¿Habrá respondido a esa variable el abrupto cambio de discurso del presidente valiente (Calderón), quien poco antes de culminar su gestión pasó del lenguaje triunfalista de su propaganda de guerra sexenal (« vamos ganando al narco por goleada ») a la aceptación de que grupos criminales han conformado un Estado paralelo en algunas partes del territorio e imponen su ley y cobran cuotas ? ¿La tácita admisión de México como Estado fallido fue la coartada perfecta para allanar el camino al entreguista Peña Nieto, cuya misión sería profundizar la injerencia directa de EU y abrir a las trasnacionales áreas vitales para la soberanía nacional ?

Sexta parte

Cuando el 14 de abril de 2012, durante la sexta Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, Colombia, el presidente Felipe Calderón le confesó a su homólogo peruano, Ollanta Humala, que en algunas partes del territorio nacional el narcotráfico había comenzado a remplazar funciones del Estado, como la recaudación de impuestos, pareció avalar la matriz manufacturada en Washington tres años antes, que definía a México como un Estado fallido.

Y aunque era admitir el tácito fracaso de su guerra a las drogas después de cinco años de terror y muerte, Calderón volvió a redondear la idea en Puerto Vallarta, Jalisco, tres días después, en el Foro Económico Mundial para América Latina. Dijo allí : « Los cárteles de la droga han conformado un Estado paralelo al suplir funciones de gobierno. (…) Imponen su ley y cobran cuotas. (…) Estos señores tienen un comportamiento monopólico y no quieren que entre su competencia. En lugar de vencer con precio y calidad, se matan. Eso genera caos en algunas regiones (donde) buscan controlar ciudades y territorios ».

De hecho, Calderón parecía asumir las matrices de opinión del experto en contrainsurgencia y contraterrorismo y asesor del Pentágono John P. Sullivan, sobre la existencia de una suerte de estado criminal liberado o soberanías paralelas y enclaves criminales en zonas de Tamaulipas, Michoacán, Yucatán, Durango, Nuevo León y Coahuila.

2013. La orden de Enrique Peña, en mayo, de enviar militares a Michoacán dio inicio a una nueva fase en materia de seguridad. Subordinado a la agenda militar/policial de Washington –como garantía para la imposición de la contrarreforma energética–, el Presidente fue empujado a adoptar algunos cambios de forma bajo el monitoreo in situ del embajador Earl A. Wayne y de la entonces secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano. Los encuentros de ambos funcionarios estadunidenses con los secretarios Miguel Ángel Osorio, Emilio Chuayffet y Luis Videgaray, de Gobernación, Educación y Hacienda, respectivamente, y con el procurador general de la República, Jesús Murillo, y el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Manuel Mondragón, en el marco de la Declaración sobre la Administración de la Frontera en el Siglo XXI (el mecanismo ejecutivo bilateral suscrito por los presidentes Calderón y Barack Obama en mayo de 2010), junto con las filtraciones previas a la designación del ex procurador Eduardo Medina Mora como embajador en Washington, formaron parte de los amarres para la continuidad de las agendas privatizadoras y de seguridad en su nueva etapa.

La visita de Barack Obama a México los días 2 y 3 de mayo fue otra puesta en escena de la política como espectáculo. Publicitariamente, la Iniciativa Mérida, seguridad, inteligencia y el tráfico de armas fueron sustituidos por la colaboración económica y la integración transfronteriza como sinónimo de anexionismo larvado. Con el fantasma a cuestas del estallido en la torre II de Pemex (una explosión con sabor a C-4 típica de las acciones encubiertas desestabilizadoras), en los primeros meses de gestión Peña cumplió con sus patrocinadores, al imponer varias contrarreformas estructurales diseñadas por el Banco Mundial, el FMI, la OCDE y el Departamento del Tesoro estadunidense : la laboral, la educativa, en telecomunicaciones y la financiera, entonces en curso. Y Barack Obama vino a premiarlo. La novedad fue que Obama asumió la nueva épica del gobierno mexicano. Así, el México de los 150 mil muertos y los 25 mil desaparecidos de una guerra fratricida encubierta, propiciada por Washington, se transformó por arte de magia en un país próspero, de clase media urbana en expansión y con jóvenes nacidos para triunfar.

El cambio de diseño y la nueva narrativa propagandística bilateral seguirían obedeciendo a las directrices geopolíticas de Obama y del complejo militar-industrial-energético-mediático de Estados Unidos ; objetivos plasmados en la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (Aspan), que opera con un gobierno empresarial en las sombras dispuesto, ahora, a corregir partes del TLCAN a través de un nuevo mecanismo de coordinación.

Para eso, la fracción anexionista del capital trasnacional local colocó en Washington a Medina Mora como embajador de México. Coordinador del equipo jurídico del TLCAN en los años 90, Medina fue uno de los negociadores de la Iniciativa Mérida (2007), herramienta punitiva para establecer un perímetro de seguridad en torno al territorio continental del imperio. Desde entonces, Norteamérica se ha venido consolidando como un espacio geográfico de cara a la competencia inter-capitalista con los otros dos mega-bloques subregionales : Europa comunitaria y Asia-Pacífico. Al proyecto hegemónico se sumó la reciente incorporación de México al Acuerdo Transpacífico (TTP), cuyo fin es construir un cerco militar, económico, comercial y financiero en torno a China, y que también intentará frenar el auge del yuan y extender la vida útil del dólar como moneda de referencia, en el marco de una guerra de divisas.

De allí, pues, el viraje discursivo cuasi esquizofrénico de Obama, quien pasó de México como un Estado fallido a punto de estallar a la matriz ilusionista de una democracia próspera. Con un agregado : inscrita en la revolución del gas shale (aceites de esquisto y arenas asfálticas no convencionales, cuya producción y explotación, según sus panegiristas, convertirán a Estados Unidos en primer productor mundial de crudo hacia 2017), la integración silenciosa de México en materia de hidrocarburos y electricidad –el viejo proyecto de un mercado común energético de América del Norte impulsado por la administración Reagan en los 80 y potenciado por George Bush Jr. a comienzos del siglo XXI– estaba próxima a consumarse.

Septima parte

El 12 de agosto de 2013, ante el gabinete legal en pleno en el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, el presidente Enrique Peña apeló a la figura y los textos del general Lázaro Cárdenas del Río para justificar su iniciativa de reforma energética, mediante la cual propuso modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, y con ello abrir la puerta a la iniciativa privada a la cadena de producción de los hidrocarburos y la generación de energía eléctrica. No obstante, aseguró que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad no se venden ni se privatizan.

El administrador-gerente de Los Pinos mentía. Pese a tener asegurados los votos del Pacto por México para consumar el atraco del siglo a la nación, Peña había venido desplegando una demagógica y millonaria campaña de intoxicación mediática (que se mantiene hasta el presente), con eje en la falsificación histórica y una distorsión y manipulación ideológica informativas. En la jerga orwelliana (donde dice paz leer guerra), había que entender su mensaje en el sentido de que los hidrocarburos de la nación serían entregados a las trasnacionales ExxonMobil, Chevron, Shell, BP (ex British Petroleum), Amoco, Arco, Halliburton, Schlumberger, Total y Repsol YPF. Y que igual ocurriría en el ramo de la electricidad, área ya penetrada por las firmas españolas Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa y otras empresas extranjeras.

Lo anterior sería ratificado por Enrique Peña en Londres, el 18 de junio siguiente, cuando en el marco de una Cumbre del G-8, en una entrevista con Paul Rathbone, del Financial Times, prometió cambios a la Constitución para dar certeza jurídica a los inversionistas privados. Dos días después, el ex embajador estadunidense en México, Carlos Pascual (el del berrinche de Felipe Calderón), volvió a insistir en la necesidad de conformar un bloque energético de Norteamérica. Al participar en el Foro Regional de la Iniciativa Global de Crecimiento Verde, en Bogotá, Colombia, el actual coordinador internacional para Asuntos de Energía del Departamento de Estado, declaró a Notimex que su país trabajaba en esa perspectiva para reducir su dependencia del suministro de hidrocarburos. Según Pascual, Canadá, Estados Unidos y México poseen abundantes recursos energéticos y podrían convertirse en un importante centro de abastecimiento para el hemisferio, al tiempo que se garantizaría la seguridad energética futura.

El 30 de octubre de 2013, Alfredo Jalife informó en La Jornada que el general retirado de cuatro estrellas y ex director de la Agencia Central de Inteligencia David Petraeus dirigiría el nuevo proyecto Advenimiento de las Décadas de Norteamérica, en la Universidad Harvard, cuna de agentes de la CIA. El proyecto sería complemento de la fuerza especial sobre Norteamérica del muy influyente Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York, y sería copresidido por Petraeus y el ex presidente del Banco Mundial Robert Zoellick. El comité consultivo estaría integrado también por la directora de geopolítica del Proyecto de Energía en Harvard, Meghan O’Sullivan, ex consejera de seguridad para Irak y Afganistán en el Consejo de Seguridad Nacional de EU (NSC, por sus siglas en inglés).

Cuando el 6 de noviembre siguiente The Wall Street Journal reveló que el gobierno de Peña y el Partido Acción Nacional llevaban negociaciones avanzadas para promover una reforma legal que permitiría al Estado mexicano compartir la producción petrolera, y conceder contratos de licencia diseñados para acceder a depósitos de gas de esquisto y crudo en aguas profundas, parecían próximos a cumplirse los viejos designios de la Casa Blanca, el Pentágono y las petroleras trasnacionales en torno a la privatización de Pemex.

Un día después, en su exposición en el Foro México-Summit 2013, organizado por The Economist, el director de finanzas de Pemex, Mario Alberto Beauregard, insistiría en la necesidad de otorgar certeza jurídica a los inversionistas privados y abogaría por una independencia energética de Norteamérica. Ya entonces el PRI y el PAN preparaban un albazo en el Congreso. La fast track en materia energética se dio el 11 de diciembre en la Cámara de Diputados : Pemex y la CFE se abrirían al libre mercado. El capital privado entraría a saco en todos los sectores de la energía y las trasnacionales extranjeras tendrían acceso a un botín de 3 billones de dólares.

El 20 de diciembre de 2013, al promulgar la contrarreforma en el patio de honor de Palacio Nacional, Peña Nieto alardeó de que mitos y tabúes habían sido superados. En tiempo récord el Diario Oficial publicó el decreto. Un día antes, el Congreso estadunidense había aprobado el acuerdo México-EU de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México, que junto con la Enmienda de Infraestructura Energética de Norteamérica (construcción, conexión, operación o mantenimiento de los oleo/gasoductos de hidrocarburos y la transmisión eléctrica en los límites nacionales de EU) vino a confirmar la victoria geoestratégica de George W. Bush y Barack Obama, que revive los conceptos geopolíticos que en 1942 expuso Nicholas Spykman sobre un Mediterráneo Americano en el Golfo de México y el mar Caribe.

Elevado a salvador de México por la revista Time (que aparecerá el 24 de febrero de 2014), el ilusionista de Los Pinos −nada de lo que parece es− se reunirá este miércoles 19 con Obama y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, para otro show mediático en una Toluca sitiada por los servicios secretos de EU. Allí, Peña, asalariado del gobierno en la sombra de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), ratificará su vocación de cipayo de Washington y con su pandilla de entreguistas profundizará el destino de México como protectorado de Estados Unidos.

Carlos Fazio para La Jornada

Febrero 2014.

Retour en haut de la page

El Correo

|

Patte blanche

|

Plan du site

| |

création réalisation : visual-id