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20 de noviembre de 2002

Convertibilidad, desindutrializacion y crisis en Argentina

Argentina se asoma al tercer milenio.

por Pablo Chacón

 

Esta es una investigación del periodista Pablo E, Chacón, ’en memoria de Carlos Correas’, sobre la realidad económica argentina, su crisis y desindustrialización que han convertido al país en una factoría dentro del régimen de economía segmentada.

Desde que Domingo Felipe Cavallo, un economista cordobés graduado en Harvard, asumiera en febrero de 1991 la cartera de Hacienda (reemplazando en el puesto al contador de origen riojano Antonio Erman González), las sospechas de que algún día, un eventual enfrentamiento con el entonces presidente de la Nación, el peronista Carlos Saúl Menem, fuera posible, ganaron en calidad y cantidad. ¿La razón? En caso de éxito, la disputa por la supuesta paternidad del único modelo económico capaz de haber sacado al país, la Argentina, del fangal en que hacía años vivía encharcado.

Y ese fue el caso: tanto Menem como Cavallo pensaron (y piensan) que el modelo rescató a la tierra del ganado y de las mieses de su insignificancia histórica, ubicándola en un lugar sino central (Menem y Cavallo representan como pocos la megalomanía criolla), al menos lejos de la periferia, de la gente fea, como supo decir alguna vez con su habitual sorna el malogrado ex canciller Guido Di Tella. (La figura del ganado y de las mieses corresponde al poeta Leopoldo Lugones, que en épocas de prosperidad y vacas gordas, a principios del siglo XX, se dio el lujo de militar en el anarquismo, el comunismo, el socialismo y el fascismo sin descuidar jamás el lenguaje, al punto de ser una de las influencias que Jorge Luis Borges nunca desconoció).

En sentido estricto, la aplicación de ese modelo, no más que una colección de medidas ortodoxas y monetaristas heredadas de la tradición liberal de la escuela económica de Chicago, contó con dos rasgos diferenciales: un liderazgo indiscutible, de corte decisionista (representado por Menem), y una pata capaz de hacer pie en el resbaladizo terreno de la economía local, la Ley de Convertibilidad (representada por Cavallo), aprobada por ambas cámaras legislativas en marzo de 1991.
Burbuja especulativa o no, la convertibilidad produjo efectos (de los buenos y de los malos) al menos hasta 1994, cuando se empezaron a sentir exclusivamente los segundos.
Durante todos esos años (podría decirse que hasta el estallido del sistema financiero mexicano), el titular del Palacio de Hacienda había sido el hombre fuerte de la administración peronista. Cuando logró anexar el ministerio de Obras y Servicios Públicos al de Economía, su poder creció todavía más, como había crecido, medida en cifras, el éxito de la convertibilidad si se la piensa en términos de relajamiento inflacionario, crecimiento del crédito, del consumo, etcétera, etcétera.

La disputa sobre la paternidad del modelo económico entre el presidente y su ministro se transformó entonces en un episodio casi de carácter personal (el tiempo descubriría que esa disputa discurría, antes que sobre derechos y propiedades intelectuales, por intereses políticos y materiales), disputa, por lo demás, que no terminaría ni siquiera cuando Cavallo renunció al cargo que el entonces presidente del Banco Central, Roque Fernández, ocuparía desde 1996 hasta el final del gobierno de Menem, en diciembre de 1999.

Para situar la cuestión: la Ley de Convertibilidad fue una herramienta de política económica, acaso la más adecuada a ese (y sólo) a ese momento; aplicada después del ’trauma’ hiperinflacionario que expulsó al radical Raúl Ricardo Alfonsín de la poltrona de presidente seis meses antes de finalizar su mandato; y después de dos breves brotes hiperinflacionarios a fines de 1990, responsabilidad de Erman González.
La sociedad argentina parecía dispuesta a cualquier sacrificio (o a cualquier venalidad, larga es la historia), antes que soportar otro cimbronazo de esas características; esa suerte de disciplinamiento cultural no podría haber sido posible, además de la suma de factores vernáculos, sin un contexto adecuado: el ’Consenso de Washington’ fue ese contexto; y la desindustrialización general de la Argentina contemporánea un efecto de esa doble imposición: tanto de las medidas auspiciadas desde los Estados Unidos como de la pieza maestra que encontraron para operarlas: la paridad cambiaria, el uno a uno entre el peso y el dólar.

Una digresión

Puede decirse que en su momento, la designación de Cavallo completó el círculo liberal enarbolado por Menem ni bien pisó la Casa de Gobierno, un 8 de julio de 1989. La Ley de Convertibilidad, como mecanismo fundado en la relación uno a uno del peso con el dólar, resultó eficaz a la hora de detener la crónica desvalorización de la moneda local, pero en la base del modelo se encontraba, camuflada, o escondida, la continuidad de la histórica política de endeudamiento externo, común a los gobiernos conservadores, militares, radicales y peronistas (con variaciones de contexto y compromiso según los apoyos civiles), tanto por la obtención de préstamos como por la colocación de títulos emitidos por el estado en los mercados financieros nacionales e internacionales.
La privatización de las empresas públicas sirvió para atraer al país (a los casi únicos) capitales genuinos, que se sumaron al flujo general de entrada de los otros capitales —llamados especulativos o ’golondrina’—, que mejoraron ciertos indicadores macroeconómicos y cuya ponderación positiva, como es lógico, se acrecentó en comparación con el pasado.
Así las cosas, al peronismo en el poder, recurrir al endeudamiento externo para emitir moneda nacional manteniendo el respaldo en dólares, no pareció plantearle ningún problema, pues se consideraba que con la estabilidad alcanzada se abriría un crecimiento sostenido de la economía y así la deuda externa y sus intereses perderían importancia en términos relativos.

El Consenso de Washington

En 1989, se firma en la capital de los Estados Unidos el llamado "Consenso de Washington". Esa negociación, que se pretendía multilateral, establece los fundamentos de un acuerdo suscripto entre el Departamento del Tesoro norteamericano, los grandes bancos privados, los economistas de los propios organismos de crédito internacionales, miembros del G-7 (los siete países más industrializados del globo), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Si los análisis se retrotraen a principios de la década del ochenta, es imprescindible recordar las graves secuelas económicas, políticas y sociales que entonces carcomían a América Latina: el endeudamiento externo de sus economías (facilitado en casi todos los casos por los organismos de crédito internacionales a las dictaduras cívico-militares que durante los setenta masacraron toda forma de insurgencia armada, así como toda forma de insurgencia democrática -el gobierno de la Unidad Popular (UP) chilena, liderado por el socialista Salvador Allende, es un ejemplo: fue derrocado por un golpe de estado financiado por la CIA.
Entre las causas más comunes que los analistas de Washington citaban para explicar el fracaso latinoamericano, figuraban:

- el sobredimensionamiento del estado,
- el impacto negativo de sus políticas proteccionistas,
- el exceso de regulación
- la existencia de empresas estatales ineficientes;
- el llamado populismo económico, acusado por su incapacidad de controlar el gasto estatal y morigerar o reprimir las demandas salariales, tanto del sector privado como público.

Sin embargo, con buen tino para sus intereses, los burócratas omitían en su diagnóstico el peso del pago de la deuda externa en las economías nacionales, y no se preocupaban por entender, desde una perspectiva histórica y política, el papel que había jugado el estado en América Latina durante las décadas del cincuenta y sesenta; y mucho menos los logros del así llamado populismo económico en el desarrollo de gran parte del continente.
Estaba claro -para los inversores internaciones y sus cómplices locales- que esas inconsistencias políticas y económicas, que bien administradas podían representar un excelente negocio, pero no iba a serlo si quedaban demasiado tiempo en manos militares. El caos latinoamericano fue explicado entonces por razones de corte cultural y geopolítico: herederos de los españoles (de los latinos en general), los habitantes de estas tierras se abandonaban a la divinidad (Dios proveerá) y despreciaban la cultura del trabajo; los anglosajones, en cambio, que habían fundado sus principios en la ética protestante, sin dejar de ser fervorosos creyentes, despreciaban la iconografía y se rendían frente a un único culto: el trabajo.
La debilidad de América Latina era un dato objetivo. La década del ochenta ya estaba perdida. Pero había llegado la hora de atacar: los noventa serían los años de la esperanza. Y de eso trató el "Consenso de Washington".
Aunque en un principio pensado para incursionar y dirigir determinados aspectos de la política económica (de los países endeudados), las recomendaciones también alcanzaron otras áreas: especialmente la salud, la educación y las políticas laborales. También diversos aspectos relacionados con el estado, por ejemplo la disminución de su papel regulador, o las ’recomendaciones’ para abandonar las doctrinas intervencionistas en materia de política comercial y financiera. Los estados proteccionistas, cerrados, replegados sobre sí y sus mercados internos, empezaban a ser vistos como un obstáculo para la libre circulación de bienes y servicios, y para la interdependencia y cooperación entre los países (especialmente los endeudados).

La globalización, en su vertiente financiera y mediática, ya estaba en curso.
El "Consenso..." elaboró un conjunto de estrategias cuyo objetivo fundamental consistió en posibilitar un acuerdo ’macro’ entre los organismos de crédito internacionales y los países acreedores.

Entre otras:

1. imponer condiciones de disciplina fiscal; esto es; una drástica disminución del déficit presupuestario;
2. como una consecuencia de una severa disminución del gasto público, especialmente en las áreas destinadas al gasto social;
3. mejoras en el sistema impositivo, basado en una tributación de amplia base (impuestos indirectos, es decir, los que se recaudan vía consumo, como por ejemplo el IVA);
4. liberalización del sistema financiero y de la tasa de interés;
5. tipo de cambio estable;
6. liberalización comercial externa, mediante una amplia apertura y una reducción de las tarifas arancelarias y otras trabas;
7. otorgar todas las facilidades a las inversiones de capitales externos;
8. privatización de empresas estatales;
9. desregulación de las actividades estatales;
10. derecho a la propiedad, para salvaguardar y garantizar la propiedad privada de las empresas públicas que se privatizaran.

Pese a estos supuestos, en 1990, según datos de la CEPAL, la deuda regional alcanzaba un importe del orden de los 450 mil millones de dólares, para llegar, a ese ritmo, a los 750 mil millones en el 2000 (el 50 por ciento del Producto Bruto Interno de toda la zona); es decir, un incremento del 65 por ciento. La contrapartida del endeudamiento, esto es, un crecimiento económico acorde a las necesidades de la región, nunca se produjo (exceptuando algunos bolsillos privilegiados); la deuda fue otro instrumento económico utilizada en gran parte para producir una enorme fuga de capitales (sobre todo en países como la Argentina, de fuerte estructura prebendaria), consolidando así un patrón de acumulación a pura pérdida que reforzó la dependencia y concentró el poder en algunos grupos económicos.

En pocas palabras:la deuda externa creció hiperbólicamente, entre otras cuestiones, a causa de:
1. la fuga de capitales;
2. las elevadísimas tasas de interés;
3. la aparente disminución que produciría el Plan Brady (que disfrazaba de capitalización la usura que operaba sobre los intereses que se adeudaban hasta ese momento);
4. las necesidades del pagos del servicio (capital e intereses) de la deuda, que al no poder cumplirse a tiempo, se refinanciaban en condiciones más gravosas, por intereses más elevados y plazos más cortos; y
5. los déficit fiscales y, en la mayoría de los países de la región, los déficits en las balanzas de pago, agravados porque ambas situaciones se resolvían apelando a más deuda.

En la Argentina, a los mandamientos impuestos por el "Consenso..." se les sumó la habitual connivencia de su clase dirigente (empresarios, políticos y sindicalistas) y su sociedad civil: endiosado por un amplio arco de consultores económicos, gurúes financieros, operadores bursátiles, ’espías’ disfrazados de periodistas, usinas de rumores, diarios supuestamente especializados, etcétera, etcétera, todos al servicio del establishment o de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), había nacido un nuevo culto: el del ajuste recesivo, inclemente y continuo.

Escribe el economista Benjamin Hopenhayn: "Cabe preguntarse si las reformas basadas en el "Consenso de Washington" son suficientes para superar los costos de la crisis -sobre todo los costos humanos y sociales-. Porque ¿qué duda cabe que también ello requiere profundas reformas económicas? Y no creemos que el "Consenso..." comprenda todas las reformas que corresponde plantear en sociedades genuinamente democráticas. O sea las reformas idóneas para satisfacer necesidades humanas y políticas de alcanzar objetivos de desarrollo que sobre la base del crecimiento y la estabilidad, logren aumentar fuertemente el empleo, reducir al mínimo la incidencia de la pobreza, mejorar los factores que hacen al desarrollo humano, y detener y aún revertir el deterioro ambiental". ("Reflexiones acerca del desarrollo económico y la necesidad de un nuevo consenso", Fundación Raúl Prebisch, Buenos Aires, abril, 1993, pág.11).

En todo caso, en la Argentina esas advertencias cayeron en saco roto. La desregulación de las actividades económicas y la más amplia e irrestricta apertura para bienes y capitales externos, fueron presentados como estandartes de un tiempo nuevo, caracterizado como una cruzada antiestatista y finalmente antipolítica.

La aplicación de la doctrina supuso una primera medida clave: que el estado traspasara a manos privadas sus principales activos (beneficiando a los grupos económicos locales más concentrados tanto como a sus socios trasnacionales) de manera tan rápida y en condiciones tan favorables que las operaciones levantaron inmediatamente sospechas de corrupción.
La pretendida neutralidad del estado, es decir, la abstención de participar como regulador del proceso económico y social, se reveló como una falacia teórica (o como simple ideología), puesto que el estado seguía teniendo una activa participación, constituyendo medida estructurales o coyunturales que beneficiaban exclusivamente a los cada vez más poderosos conglomerados nacionales y extranjeros. El tiempo se encargaría de ratificarlo: la Argentina de hoy no puede vender en los Estados Unidos sus productos agroindustriales porque los productores norteamericanos trabajan y venden sus productos bajo la amplia protección del gobierno de su país.

Dice el historiador y economista Mario Rapoport: "En los noventa hubo una invasión exterior que comenzó con las privatizaciones y continuó con el traspaso de la mayoría de las grandes empresas a capitales extranjeros. El proceso de extranjerización no supuso sólo un cambio de manos, sino que generó la virtual liquidación del empresariado nacional, o sea, de la clase dominante argentina. Algo que nos aproxima peligrosamente a las factorías, a las economías dirigidas desde afuera en función de procesos de acumulación externos, donde no existen ni tienen posibilidades de crecer las burguesías nacionales.
La venta de Pérez Companc (una compañía petrolera privada de capitales vernáculos) fue el último eslabón de un proceso total de extranjerización, tendiente a producir excedentes en nuestro mercado nacional para transferirlos, acumularlos y reinvertirlos en el exterior. La consecuencia es el exterminio, producto de una invasión y una guerra no declarada que ha destruido la economía y ha generado 18 millones de pobres y 9 millones de indigentes. Todo forma parte de un proyecto destinado a que sobreviva relativamente bien un tercio de la población, mientras se confina a los dos tercios restantes a la pobreza indigente y la exclusión. Se despliega frente a nosotros una paradoja aparentemente inexplicable: nuestra menguada clase dominante, fuertemente imbricada y comprometida con el proyecto colonizador tiene a su disposición, por primera vez en su historia, un partido conservador de masas como el justicialismo y no lo puede utilizar. No sabe cómo nutrirlo de ideas ni qué hacer con él porque ya no tiene proyecto". ("Lo que dejó el menemismo", Página 12, lunes 12 de agosto, 2002, págs.14-15).

Sin embargo, no es cuestión de negar logros. Se sabe que la aplicación de las medidas auspiciadas desde el Norte, produjo cierto crecimiento de algunos sectores específicos o particulares de la economía, en varios países de la región.
Pero sucede que el crecimiento registrado en los indicadores macroeconómicos no se detectó en aquellas ramas o sectores de la producción que resultan más necesarios para alcanzar un cierto desarrollo. Ese incremento productivo, además, puede mostrar contradictoriamente un aumento meramente estadístico, ya que cuando se mide el crecimiento global del PBI, la cifra difiere notablemente respecto de la toma individual.
De acuerdo con los datos proporcionados por la CEPAL en su ’Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2000’, los datos indican que en el período 1981-1990, el PBI global registró un crecimiento de 1,2 por ciento (tasa de promedio anual), y en el período 1991-2000, se verificó un incremento de un 3,3 por ciento (tasa de promedio anual).
Los datos prueban que el crecimiento económico registrado en los últimos veinte años ha sido verdaderamente insignificante en relación al rigor de las medidas tomadas. Esas cifras se pueden ignorar o desconocer, pero es evidente que no resultan ajenas a la situación social que devino muy grave para amplísimos sectores de la población.

La Ley de Convertibilidad

"El campo del capital financiero funciona como una máquina infernal, sin sujeto, que impone sus leyes a los estados mismos. Mientras que el sistema anterior, llamado fordista, realizaba el beneficio gracias a la productividad del trabajo, que tenía como contrapartida la seguridad del empleo y un nivel de remuneración realmente elevado, que alimentando la demanda, sostenía el crecimiento y el beneficio, el nuevo modo de producción maximiza el beneficio reduciendo la masa salarial por la compresión de los salarios y los despidos, inquietándose el accionista sólo por los cursos de la bolsa de los que depende su ingreso nominal, y por la estabilidad de los precios, que debe mantener el ingreso real, lo más cerca posible del ingreso nominal". Pierre Bourdieu, en "El sociólogo y las transformaciones recientes de la economía en la sociedad".

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En el apartado anterior se intentó explicar el contexto y el funcionamiento de ese contexto, porque también la época y los discursos que la constituyen hacen posible unas políticas y no otras. La década del 90, llamada de la esperanza, fue nombrada por otros autores, Ludolfo Paramio más precisamente, como la del diluvio neoliberal.
Las condiciones para ese diluvio, en todo caso, estaban preparadas desde antes (de hecho, se considera o solía considerarse el inicio del primer gobierno del conservador norteamericano Ronald Reagan, en enero de 1981, casi contemporáneo del de la británica Margaret Thatcher, como las fechas fundacionales de la tendencia que finalmente cristalizaría en forma de dogma con el "Consenso de Washington", casi nueve años después).

En la Argentina, en el período que va de 1981 hasta el 2001 se suceden tres juntas militares, tres piezas de la misma dictadura cívico-militar inaugurada el 24 de marzo de 1976 (presididas cada una por Roberto Viola, 1981; Leopoldo Fortunato Galtieri, 1981-1982; y Benito Bignone, 1982-1983), y cuatro gobiernos constitucionales (Raúl Ricardo Alfonsín, 1984-1989; Carlos Saúl Menem, 1989-1995 y 1995-1999; y Fernando de la Rúa, 1999-2001).
Las fechas autorizan a pensar que todas esas administraciones -en líneas generales- estuvieron dominadas por los protocolos del "Consenso...". Y será cierto. Pero sobre todo fue durante el sexenio peronista, que va de 1989 a 1995, cuando Menem y Cavallo pusieron a la Argentina (para bien y para mal), aprovechándose, como ya se dijo, de la situación particular del país (sensibilizado por un pico y dos brotes hiperinflacionarios) en verdadera sintonía con la doctrina expuesta en Washington.
Valga la aclaración: no es que los otros gobiernos desarrollaron políticas distintas, todas iban en la misma dirección, pero algunos casos fueron notoriamente ineficaces.
En marzo de 1991, cuando se aprueba la Ley de Convertibilidad, también nace el mito que la acompaña: la entrada de la Argentina al primer mundo. Esa consideración folklórica, hasta el día de hoy no ha dejado de tener, entre ciertos sectores, su eficacia.

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Los intereses empresarios que impulsaron en el país la instalación del modelo neoliberal, lo hicieron como una prolongación de sus antiguos cruces contra el estado intervensionista (eso, en el caso de no ser contratistas del mismo, o incluso siéndolo, casi siempre por contratación directa: el autopartista y empresario telepostal ítalo-argentino Franco Macri es un ejemplo al respecto).

La apertura y desregulación de la economía crearon un nuevo escenario, donde los potenciales desempeños de buena parte de los empresarios locales, históricamente favorecidos y consentidos por prebendas, créditos y exenciones impositivas de toda laya y color, quedaron sobrepasados. Ese ambiente (los mercados desprotegidos, los servicios públicos privatizados, el flujo sin control del capital financiero y el retiro del aparato estatal), fue clave para el acceso al país de poderosos inversionistas (y no sólo inversionistas) internacionales. La venta de empresas nacionales a capitales extranjeros (todavía en curso), y la implantación de nuevas filiales de ese origen, mostraban la conformación de un inédito mapa del poder económico.

El historiador Roberto Cortés Conde asegura que ’si la Argentina marchó en los noventa a una economía más abierta y más competitiva, hubo fallas muy grandes, porque si bien se sacó a monopolios del estado, se pasó a monopolios privados’.

El economista Roberto Bouzas completa el concepto: "Esto tiene que ver con los tratados bilaterales de inversión. Todos los que la Argentina firmó reconocen la jurisdicción externa. El objetivo central de los tratados bilaterales de inversión es transferir la jurisdicción fuera de los tribunales locales y eso es algo que viene de fines de los 80, cuando los Estados Unidos empiezan a firmar tratados de inversión (...) Los tratados internacionales, efectivamente, limitan la discrecionalidad, pero sólo un poco. Porque en un contexto internacional donde sigue habiendo estados nacionales y donde no hay autoridades supranacionales con capacidad de imponer lo acordado internacionalmente, el papel de los tratados internacionales tiene una limitación: que el compromiso cae si alguna de las partes no está dispuesto a cumplirlo" ("La soberanía embargada. Quien piensa en una Argentina off shore", diálogo entre Roberto Cortés Conde y Roberto Bouzas, Clarín, 28 de julio, 2002).

Pero para llegar a ese momento, todavía falta un largo tiempo.
Porque también con la apertura económica llegaron los capitales financieros buscando los rendimientos más altos, al tiempo que introducían elementos estructurales de incertidumbre y volatilidad. Y fueron éstos y no los otros capitales, los que estaban dirigidos a las actividades productivas o a los servicios, quienes progresivamente fueron convirtiéndose en el barómetro de la confianza de los mercados.
El voto de los mercados, que tiene su contraparte en el golpe de mercado (el ex presidente Alfonsín dice haber padecido esa agresión en 1989), convirtió a los capitales especulativos, en la mayor parte de los casos manejados desde el exterior, en interlocutores privilegiados (y no sólo interlocutores) de la clase dirigente local.

De una manera mucho más directa e inmediata que organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, esos capitales hicieron, durante los años de oro de la dupla Menem-Cavallo (1992-93-94), el seguimiento diario de la política local: los riesgos de ceder a los reclamos sociales, de mantener cierto margen de déficit fiscal, de cualquier medida que podría haber contradicho la orientación liberal eran (y son) castigados, se decía (y se dice), por el voto de los mercados.

La dirigencia política, al atender esos latiguillos, consagró, oficializó y legitimó la existencia, por llamarlo de alguna manera, de un parlamento paralelo, ajeno a todas las normas y reglas constitucionales. Paradójicamente, se consagraron, oficializaron y legitimaron amparados por una norma o regla constitucional: la Ley de Convertibilidad.

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Se sabe que los sistemas de convertibilidad como el adoptado en el país en 1991 (y muerto de muerte violenta casi once años después, en diciembre del 2001), prácticamente anulan la capacidad de los estados para contrarrestar con sus políticas monetarias las situaciones o las acciones perjudiciales para el equilibrio de sus economías.

En la Argentina, detrás de su aspecto técnico y teórico, la convertibilidad era un asunto político: traducía la renuncia estatal en el plano de la regulación de la moneda, y cedía, inevitablemente, potestades a otros actores sociales. En otras palabras, lo que para el hombre de la calle era el alivio del fin de la inflación y sus ventajas inmediatas (el retorno del crédito para el consumo, la estabilidad de los ahorros, etcétera, etcétera), también contemplaba aspectos de difícil percepción sin un abordaje por encima de la línea de flotación.
Pero eran años de despilfarro, papusa y avena. El control del valor de la moneda fue exaltado por el neoliberalismo como un verdadero éxito, además de considerarlo como el primer paso dado hacia el primer mundo.

La gobernabilidad de la economía, incluso según un sector muy importante de la oposición política, que incluía a la Unión Cívica Radical (UCR) y al Frente País Solidario (Frepaso) de Carlos "Chacho" Alvarez y Graciela Fernández Meijide (después vicepresidente y ministra del conservador radical Fernando de la Rúa), era un logro permanente que no se debía confundir con la refriega electoral.

Las consecuencias de la Ley de Convertibilidad se presentaron años más tarde, cuando se hizo notoria su fragilidad y su carácter de artefacto coyuntural.
Como sostiene el economista Rubén Lo Vuolo, candidato a ministro de Economía por el ARI (Argentinos por una República de Iguales), en caso que el partido liderado por la diputada Elisa Carrió, nueva estrella de la centroizquierda local, se alce con el triunfo en las próximas elecciones generales, en principio llamadas para fines de marzo, "la autoridad pública que va perdiendo su moneda, no gobierna, sino que se vuelve un mero administrador que usa su fuerza legal para garantizar la gobernabilidad que exige el poder económico para expandirse. La ciudadanía que debe cancelar sus créditos y deudas recíprocos en una sociedad que no tiene moneda soberana, queda sometida al arbitrio de los poderes económicos". ("Alternativas. La economía como cuestión social", Grupo Editorial Altamira, pág. 88, 2001).

La vulnerabilidad del régimen instrumentado por el peronismo, sin embargo era observada por aquellos que empezaron a prever los límites del endeudamiento externo sobre el que se basaba el modelo.

En 1993, en un estudio del Consejo Académico de la Unión Industrial Argentina (UIA),se explicaba que ’en las primeras etapas (que pueden durar años) de los planes de estabilización con eltipode cambio fijo, no se percibe la escasez sino la abundancia de divisas. Pero esta situación se mantiene únicamente mientras los capitales siguen ingresando, para lo cual la tasa de interés debe mantenerse más alta que la internacional. En otros términos, puede decirse quehay un estrangulamiento externo encubierto por las altas tasas de interés que se haría explícito si la tasa de interés descendiese a nivel internacional y el flujo de capitales se redujera o -en situación extrema- se revirtiera. A medida que avanza, un plan de estabilización del tipo del que estamos analizando suele entrar en una segunda etapa. Las dudas sobre la marcha de las cuentas fiscales y, ante todo, la distorsión de los precios relativos, con el creciente déficit comercial, hacen que se perciba un riesgo cambiario cada vez mayor. Cuando se llega a esta situación, cualquier turbulencia económica o política, con independencia de su importancia real, puede llevar a una corrida, o sea, a una demanda repentina de dólares". ("La economía argentina actual. Problemas y lineamientos de políticas para superarlos", Marcelo Diamand y Hugo Nochteff (editores), Grupo Editorial Norma, pág.99, 1999).

Pero entonces, para 1993, nadie se quejaba: ni los actores políticos y económicos, nacionales y extranjeros. La excepción, entre los locales, eran los minoristas, los titulares de la mayoría de las pequeñas y medianas industrias (pymes), los expulsados de un mercado de trabajo flexibilizado de hecho (no todavía de derecho) y los titulares de algunas firmas familiares que veían cómo sus productos dejaban de venderse, superados en calidad y cantidad por las variantes importadas, tres veces más baratas.
La Argentina, de la mano señera de Menem, revivía el sueño del primer peronismo, aggiornado bajo las luces del salariazo y de la revolución productiva, que no eran, como muchos agoreros habían pensado, simples promesas de campaña.
La euforia duró hasta principios-mediados de 1996, cuando se hizo evidente que el esquema había agotado sus recursos.
Si el entonces presidente de la Nación se dedicó a aumentar el gasto público y a intentar otra reelección, fue porque los organismos de crédito internacionales permitieron que el estado siguiera endeudándose, a costa del próximo gobierno, y a sabiendas que las épocas de prosperidad no abundan, y menos todavía si a la prosperidad se le suma la falta de escrúpulos y una oposición política sólo preocupada por moralizar el modelo, dotarlo de un rostro humano y librar batallas éticas, todo por dar consistencia a un menemismo sin Menem, aspiración más bien modesta, pero que a la hora de la verdad, a partir del 10 de diciembre de 1999, la Alianza UCR-Frepaso ni siquiera pudo cumplir.

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El plan de Convertibilidad estableció por ley un tipo de cambio fijo, que desembocó (luego de quitar cuatro ceros a la moneda local) en una paridad de un peso por cada dólar estadounidense.
Esta paridad estaba garantizada por una regla monetaria que prohibía emitir moneda sin respaldo, y que exigía al Banco Central sostener una reserva de divisas equivalente a la masa monetaria en circulación. El BCRA estaba obligado a comprar todas las divisas que se le ofrecían (contra las cuales podía emitir pesos), y a vender todas las divisas que se le pidieran (contra las cuales podía absorber circulante) al precio fijado de un peso por dólar. Esta regla exigía al banco central fungir como una Caja de Conversión.

La Ley de Convertibilidad había logrado que la autoridad monetaria perdiera buena parte de su capacidad autónoma en el manejo del dinero público, porque la variación del stock de moneda circulante dependía en gran medida del flujo de capitales externo.
Las reglas del plan incluían, entre otras, la inexistencia de déficit del Tesoro nacional (aunque más preciso sería decir que no se permitía financiar los déficit con emisión, o que en todo caso podían cubrirse con créditos, en el supuesto caso que existiera una oferta en ese sentido).
En consecuencia, el equilibrio presupuestario, igual que el stock de moneda, dependía del flujo de capitales externos. Cuando éste no alcanzaba, se recurría a diversos arbitrios contables, al solo objeto de mostrar saneadas las cuentas.
Las nuevas normas, por ejemplo, distinguían los resultados de la cuenta corriente (formada por ingresos y gastos corrientes), de la cuenta capital, que registra los ingresos por venta de activos oficiales y privatizaciones, y los pagos (por concepto de capital e intereses) de la deuda externa, considerados como estructurales.

Sin embargo, es menester decir que el equilibrio aceptado desde marzo de 1991, se limitaba a cumplir la primera de las reglas; así se diferenciaba del que se registraba hasta esa fecha, y que abarcaba al conjunto, exhibiendo el conjunto, por lo tanto, resultados más negativos.
Pero la clave del éxito de la estabilidad fue el congelamiento del tipo de cambio. Esa medida tenía una lógica central: crear un ancla para evitar el alza de los precios internos, ligados a una suerte de proceso dolarizador, consolidado durante el período anterior, de alta inflación.
En otras palabras, frenando la suba continua de la cotización del dólar, se buscaba frenar el alza de los precios internos ligados a dicha divisa. Se buscó y se encontró, y por ese camino también quedaron frenados los aumentos salariales.
En esa época, el arco de los precios internos era muy amplio, dado que la referencia al dólar como valor de base no se aplicaba sólo a los productos o bienes transables en el mercado internacional (como presumía la teoría económica), sino también a una serie de bienes y servicios propios de la economía local. La aplicación de precios en dólares a esos bienes era un hábito asumido por los agentes económicos frente a la inflación continua. Esa conducta creó un sistema de vasos comunicantes entre ambas monedas que hizo que el alza de la cotización del dólar en el mercado de cambios, elevara los precios internos; más aún, de golpe empezó a resultar obvio que los estallidos hiperinflacionarios previos, habían sido detonados a partir de las burbujas especulativas liberadas en el mercado cambiario local.
De modo inverso, la estabilidad del tipo de cambio expuso su lado positivo cuando favoreció la estabilidad de los precios en pesos.

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Sin embargo, no todo lo que reluce es oro. La Ley de Convertibilidad promovió desde sus inicios dos impulsos contradictorios. El primero fue de auge, generado por la reactivación que acompañó a la estabilidad; el segundo fue recesivo, debido a la lógica de las medidas de ajuste. Este segundo efecto fue el que permaneció en el tiempo.

Para 1994 ya se notaban los primeros síntomas de recesión, todavía disimulados por el dibujo de las cifras estadísticas. El shock financiero de comienzos de 1995 se montó sobre una estructura productiva debilitada.
Es que el auge fue sólo la recuperación del ciclo productivo luego del colapso hiperinflacionario de 1989. La caída del producto bruto global, entre 1987 y 1990, había sido del 8 por ciento. La crisis fue mayor para la industria, que redujo en un 10 por ciento su aporte entre las mismas fechas; también para la construcción, que tuvo un derrumbe del 35 por ciento. Esto explica la rapidez de la recuperación posterior, que se apoyó sobre el uso de la capacidad ociosa instalada. La industria recuperó su nivel anterior hacia 1992, y la construcción al año siguiente. Después llegó la catástrofe.

Convertibilidad y desindustrialización

En la Argentina desindustrializada mandan los bancos, las compañías trasnacionales que compraron empresas estatales (privatizaciones) y algunas empresas nacionales grandes especializadas en el saqueo del estado: las de la "patria contratista" que transfirieron al estado su deuda externa, licuaron luego su deuda con la pesificación 1 a 1, obtuvieron seguros de cambio desde el de 1981-1982 hasta el actual para los bancos y evadieron en gran escala impuestos y capitales. Ahora varios de esos empresarios nacionales grandes están vendiendo sus empresas a capitales extranjeros: ya hicieron su negocio y no hacen más que continuar con su vocación rentista. Por encima de todos ellos, la política y la economía están regidas por Estados Unidos, de modo directo o a través del Fondo Monetario Internacional. Es el modelo de renta y financiero que con vicisitudes diversas, gobierna desde 1976.
En el deterioro de la actividad industrial a partir de 1976 sobresalen algunos rasgos, tales como la desnacionalización y el endeudamiento. En 2002, el 70 por ciento de las ventas totales de la economía argentina es generada por empresas extranjeras; sólo 5 de las 30 empresas de mayores ventas está bajo control local. En el sector industrial, empresas extranjeras producen el 89 por ciento de las maquinarias y equipos, y el 76 por ciento de alimentos y tabaco. En cuanto a las ganancias, de las 500 empresas más grandes, el 89 por ciento lo captan 314 empresas extranjeras.

Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno, Le Monde Diplomatique, septiembre 2002

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Durante los primeros años de la convertibilidad, el auge de la actividad industrial se concentró en rubros que no estaban sometidos a la competencia externa y en otros alentados por el nuevo perfil de la demanda interna.

Así las cosas, se beneficiaron las empresas privatizadas, que a su pesar debieron responder a ciertas exigencias (mínimas) de inversión, y la construcción de viviendas de medio y alto nivel (reforzada por el aumento de los precios relativos de la propiedad y la renovación de los sistemas de distribución de mercaderías), un efecto provocado en buena medida por la explosiva aparición de las grandes cadenas de supermercados y los shopping centres.
A estos avances se sumaban los correspondientes a los sistemas financieros, incluyendo seguros y otros, que durante este período conocieron alguna expansión. La formación de las nuevas compañías privadas de ahorro para jubilación (las AFJP), por ejemplo, implicó importantes gastos en administración y publicidad, así como la creación de más de 50 mil empleos para promotores, siempre en una primera etapa.
Y finalmente, la existencia del MERCOSUR, que agregó un estímulo positivo en la medida que atrajo a ciertas multinacionales, algunas ya instaladas en el país, pero que reforzaron su presencia. Esas empresas se posicionaron especialmente en el rubro alimentos, aprovechando las ventajas comparativas que les permitió la compra de empresas nacionales, pioneras en ese nicho.

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Aquellos elementos de auge, sin embargo, empezaban a contrastar con los factores tendientes a agudizar el ajuste de la economía, que se hicieron sentir particularmente en los rubros ligados a la inversión pública y a la competencia externa.

La brusca reducción de ese tipo de inversión fue notable a partir de 1990. El estado suspendió todas las inversiones que pudo y se limitó a terminar algunas obras ya iniciadas (como la represa hidroeléctrica de Yaciretá, en la frontera con el Paraguay, al noroeste del país).
En algunos casos, esa política se vio compensada por el paso a la gestión privada de algunos servicios. En otros, la caída del presupuesto significó el deterioro de la estructura o del servicio en cuestión, como ocurrió con las obras viales y la construcción de escuelas. Todo se agravaba, además, porque el derrumbe también se traducía a la demanda ligada a esos sectores de trabajo.
Pero el ajuste tuvo aún otra faceta, si se quiere más cruel y despiadada: la competencia de los bienes importados sobre los locales. La oferta extranjera mostraba ventajas de precios, de imagen y facilidades crediticias, que le permitieron imponerse fácilmente sobre los bienes vernáculos, de cuyos productores jamás fueron escuchadas las rogatorias.

En consecuencia, una gran parte de la estructura productiva local debió reducir su actividad o directamente cerrar sus puertas a medida que el mercado era ocupado por los productos foráneos. Los perdedores, entre otros, incluían a los rubros fabriles y agrarios, condenando empresarios y operarios a la pobreza más vil, muy notablemente en el cordón industrial de la ciudad de Rosario (la tercera en importancia).

Otro de los indicadores del ciclo negativo era el comportamiento del empleo. Las mediciones periódicas de desempleo arrojaban cifras de entre el 6 y el 7 por ciento entre 1990 y 1992, saltaron hasta el 9 por ciento un año más tarde y al 12 por ciento en 1994, pese a que los valores macroeconómicos indicaban un crecimiento del PBI. La política de ’flexibilización laboral’ agudizó ese mal endémico; para completar el cuadro, la corrupción y la evasión impositiva, alcanzaron, durante esta etapa, su momento de mayor brillo y eficacia. El panorama resultante distaba de ser alentador.
Esas proporciones de desempleo, además, eran inéditas en la Argentina de posguerra y todavía se explican o se explicaban por dos razones: el aumento de la demanda de trabajo por parte de distintos miembros de cada familia (buscando compensar la caída de los ingresos en el hogar), y la destrucción neta del empleo, consecuencia directa de las políticas llevadas adelante por la sociedad entre Menem y Cavallo.

El aumento de la demanda laboral se explicaba por la caída de ingresos, pero también por una serie de transformaciones sociales. La destrucción de empleos era el efecto del cierre de cientos de pequeñas y medianas empresas y de los despidos efectuados en el sector público. Este último redujo personal debido a su propia restricción de gastos, así como a la estrategia seguida en la política de privatizaciones, que buscó suprimir el mayor número posible de puestos de trabajo en las empresas vendidas.
Las zonas productivas que mantenían su actividad, en cambio, no generaban el empleo suficiente para compensar esas tendencias: cuando Menem fue reelecto, a mediados de 1995, el desempleo abierto había alcanzado al 18,6 % de la población activa.

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En el proceso de industrialización de la Argentina suelen distinguirse cuatro etapas: la primera, conocida como de ’industrialización incipiente’ (1860-1930), se origina con la integración del modelo agro-exportador a la división internacional del trabajo.

En ese tiempo, el elemento dinamizador de la economía era el sector agropecuario, y del superávit destinado al comercio exterior se consiguió importar manufacturas, bienes para consumo final y bienes de capital, todo para ampliar la capacidad productiva del sector.
En ese contexto, el aparato industrial jugó un papel marginal y padeció la quiebra de muchas empresas; su falta de tecnología, de útiles mecánicos y de un mercado acorde, las hacía muy poco competitivas.

En la segunda etapa se distinguen dos subetapas: la de "industrialización por sustitución de importaciones fácil "(1930-1958), en la cual, debido a la disminución de la demanda internacional de los productos que Argentina exportaba, la caída de los precios de los productos agropecuarios, el incremento de los productos industriales y el techo alcanzado por la frontera agropecuaria en la región pampeana, produjo transformaciones en la actividad económica, precisamente porque era imposible garantizar el nivel de las importaciones.
Ese hecho obligó a reemplazar los productos e insumos internacionales por artículos nacionales. Además, la virtual parálisis de la actividad agropecuaria, aceleró la migración interna de la mano de obra hacia los centros urbanos. Las ramas industriales que se desarrollaron fueron las vinculadas a los insumos agropecuarios (alimentos, bebidas, textiles, cuero, tabaco, etcétera, etcétera.), caracterizadas por el bajo nivel agregado por unidad de producto.

Pero la Argentina continuaba dependiendo del exterior en lo que se refiere a productos manufacturados e insumos básicos. El estado, en esta etapa, jugó un rol fundamental, tanto en la transferencia de ingresos hacia el sector industrial (subsidios, créditos promocionales, provisión de servicios, etcétera, etcétera), como en el de regulador de los conflictos sociales.
Este desarrollo industrial protegido fue conformando una estructura industrial altamente diversificada y oligopolizada.

En la siguiente subetapa, llamada de ’industrialización por sustitución de importaciones difícil’ (1958-1974), la industria local opera con productos químicos derivados del petróleo, celulosa, siderurgia, maquinarias, vehículos, etcétera, etcétera. Son actividades que requieren grandes inversiones, mano de obra especializada y un importante período de maduración.
Este período es hijo de la influencia de las ideas desarrollistas del ex presidente de la Nación Arturo Frondizi, un disidente de la Unión Cívica Radical (UCR), por su monje negro, Rogelio Frigerio, un disidente del Partido Comunista Argentino (PCA), y por las políticas nacionalistas ejecutadas por el general Juan Domingo Perón entre 1946 y 1952.

La tercera etapa es conocida como de desindustrialización y reestructuración (1975-1978). Los problemas que originan esta secuela forman una serie: elevado nivel de proteccionismo, orientación al mercado interno, una escala de planta tan reducida que generaba costos no competitivos a nivel internacional, escasa red de subcontratistas, saldos de divisas negativo, tasas de interés negativas y masivas transferencias de ingresos.

A partir del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, el recién designado ministro de Economía de la primera junta, José Alfredo Martínez de Hoz, "Joe", intentó instalar una política que más allá de los resultados, cambiaría definitivamente la orientación de la actividad industrial.
Por un lado, produjo una apertura arancelaria (una baja de aranceles del 90 al 50 por ciento, con el objeto de abrir la economía) y una desregulación financiera que provocó la sustitución de la producción nacional por otra importada, acompañada por una desaparición (de personas) y de sectores industriales enteros (por ejemplo, la electrónica de consumo), al tiempo que otorgaba subsidios a las grandes firmas trasnacionales.
Estos grupos, que se habían beneficiado durante décadas con la expansión del mercado interno, la sobreprotección arancelaria, los sobreprecios, las compras, las contrataciones y los regímenes de promoción industrial financiados por el estado desde 1958, hicieron la vista gorda y se aprovecharon de la buena nueva (que de paso liquidaba a todos los delegados gremiales y obreros díscolos).

La cuarta etapa arranca en 1978 y termina en la actualidad. Se inicia con el intento de Martínez de Hoz de instrumentar el modelo monetarista (cuya aplicación, dicen, tenía por objetivo igualar la tasa inflacionaria interna con la externa, que se ajustaría según la devaluación del tipo de cambio). El tipo de cambio quedaba determinado por un cronograma que fijaba un ritmo de devaluación decreciente en el tiempo. La estrategia suponía una convergencia de las tasas de interés y de inflación internas con las internacionales, cosa que nunca sucedió.

"Joe" se había equivocado o había manipulado las variables en función de sus intereses de clase.
El sector industrial, desmantelado, sufrió la crisis más profunda de su historia, casi tanto como la actual, a causa de:

1. la contracción de los mercados;
2. los bajos niveles de demanda;
3. el crecimiento constante de las tasas de interés, que superaban toda posible rentabilidad productiva.

El negocio entonces pasó a ser la especulación en el circuito financiero. En la década del ochenta, a partir de la asunción de Alfonsín, por factores de orden múltiple y concurrente, se produce un irreversible deterioro de las cuentas públicas y una disminución de la relación inversión/PBI que favoreció al clima que da inicio a la privatización de numerosas empresas del estado, mientras se incrementaba el desempleo y la desatención del bienestar social.
Pero hay que decir que el desmantelamiento industrial no es un fenómeno reciente; a grandes rasgos (y reconociendo que la Argentina nunca tuvo una estructura industrial sólida), puede decirse que se inició durante la década del setenta, una vez instalados en el país los intereses favorables a la apertura de la economía.

La crisis de los ochenta, la notable incapacidad para gestionar el estado de los radicales y la aceleración del proceso de globalización, terminaron de crear las condiciones para fortalecer un modelo centrado en la apertura externa comercial, tecnológica y financiera, que impactó profundamente la estructura y dinámica industrial.
Durante el peronismo de Menem, la reducción de aranceles y la convertibilidad expusieron aún más la industria nacional a la competencia internacional.
Pero habría que preguntarse si esa exposición no era, en algún sentido, inevitable. Antes que el qué, la cuestión es cómo se hizo. Porque a pesar del tipo de cambio fijo y sobrevaluado, por ejemplo, la convertibilidad no facilitó la incorporación de capital productivo a la economía.
Un estudio realizado por Jorge Schvarzer, citado en Le Monde Diplomatique, muestra que no hubo un crecimiento del stock de capital productivo durante la década del noventa, excepto algunos sectores de servicios (vinculados a las telecomunicaciones); así, tampoco se rejuveneció el parque industrial.

Sobre la base de una muestra de veintiocho grandes empresas que representan hasta el 30 por ciento de las principales variables productivas de las mayores 500 empresas de la Argentina, el estudio concluye que el nuevo stock de bienes de capital no exhibe mayor eficiencia que el anterior, y tampoco capacidad potencial para provocar un salto futuro en la producción local sin que se produzcan nuevas inversiones.
Durante esa década tampoco se produjo el ingreso de empresas nuevas, salvo raras excepciones. Los casos más notorios y de mayores dimensiones fueron las plantas de fertilizantes Profértil, en Bahía Blanca, y de Mina Alumbrera, en Catamarca. Pero estas incorporaciones fueron compensadas por centenares de cierres de empresas, el consiguiente retiro de equipos productivos y la masiva pérdida de empleos.
En un artículo titulado ’Rasgos centrales de la evolución reciente de la industria argentina’, el especialista Carlos Bonvecchi sostiene que las transformaciones operadas en ese sector durante los noventa, entre otras cuestiones, comprenden:

1. la actividad manufacturera, que ha sido, en términos netos, expulsora de mano de obra;
2. la disminución de establecimientos y líneas de producción;
3. el nivel de apertura comercial externa;
4. un importante proceso de inversión, concentrado principalmente en las empresas de mayor tamaño, o que gozaban de una posición dominante en el mercado interno;
5. esa inversión, en un número abrumador de casos, bajo la modalidad de la adquisición de firmas existentes por parte de empresas extranjeras o trasnacionales;
6. un porcentaje mayoritario y creciente de la producción y la generación de valor agregado, realizado por firmas grandes y mediano-grandes, segmento empresarial que por la modalidad de inversión apuntada, se ha extranjerizado de manera significativa;
7. las pequeñas y medianas empresas continúan enfrentando, tanto en el sistema bancario local como en los mercados de capitales, casi las mismas dificultades y restricciones en materia de financiamiento;
8. los precios internos de la actividad industrial disminuyeron en términos relativos, respecto al costo de los insumos y en relación con los salarios de obreros y empleados del sector.

Conclusiones

La economía argentina empezó 1995 con una serie de problemas que se disimulaban por el arrastre inercial de la falsa prosperidad de los años inmediatos. Pero en ese momento entraron a jugar dos elementos cuyo impacto sobre la coyuntura no sería menor: la crisis del sistema financiero mexicano -el efecto tequila-, y las expectativas que se fueron forjando en torno a las elecciones presidenciales del 14 de mayo, que volvería ganar Menem, acompañado en la fórmula por Carlos Federico Ruckauf.

En principio, la crisis de la burbuja mexicana produjo una estampida del capital especulativo internacional de los llamados mercados emergentes, la Argentina entre ellos. Tanto que se observó la posibilidad de una posible devaluación del peso, tal como sucedió en el país azteca. Esa reacción fue acompañada por otra, de signo inverso, promovida por operadores bursátiles que prefirieron refugiarse en la tenencia de divisas.
La lógica de la convertibilidad implicó una caída de las reservas del Banco Central que como era de prever, generó entre los inversores una incertidumbre mayúscula sobre las posibilidades reales de mantener la paridad cambiaria.
El desequilibrio del sistema financiero, que no podía compensar el ritmo de caída de sus depósitos con una contracción semejante de sus créditos, obligó al BCRA a dar una inyección de liquidez (de emisión monetaria) al mercado, violando así una de las reglas de oro aprobadas en 1991.

La crisis se extendió hasta febrero, arrastró a varios bancos a la quiebra y arrinconó a la autoridad monetaria. Una enérgica acción de salvataje, solicitada por el gobierno argentino a varios de los grandes bancos del exterior y a los organismos de crédito internacionales, permitió superar el cuello de botella.
Sin embargo, la situación de los bancos siguió siendo delicada y fue acompañada, como no podía ser de otra manera, por una restricción del crédito. Esa medida, de corte unilateral, generó el primer cambio brusco sobre las expectativas abiertas por Cavallo desde que era dueño y señor del Palacio de Hacienda.

La crisis afectó el nivel de reservas, el frente externo y el equilibrio (siempre inestable) del sistema bancario; esos fenómenos, a su vez, impactaron en la actividad productiva.
Las primeras reacciones negativas contra la Ley de Convertibilidad datan de esta época. La caída de los salarios y el miedo a la pérdida del empleo generaron diversas reacciones; el gobierno, por primera vez, se encontraba frente a los límites objetivos de su política.
Los asalariados, junto a quienes habían dejado de serlo, cargaron con los costos de un ajuste disfrazado por las ventajas obvias de la estabilidad. El problema que se planteaba es que no había una sola señal que indicara que el acceso a la Tierra Prometida, el primer mundo, fuera posible de un día para el otro; y mucho menos con el aparato industrial desmantelado, inutilizado en el caso de tener que volver con urgencia a "vivir con lo nuestro" , según la expresión acuñada por el economista radical Aldo Ferrer.

Esa que empezó a dibujarse durante esos años, es la realidad que hoy atraviesa la Argentina.

Argenpress, 19 de noviembre 2002

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