Cibersociedad :
Control biométrico y videovigilancia.

El grupo de estudios sobre « Cibersociedad, Ciberseguridad, Ciberdefensa y Protección de Datos Personales » del Centro de Estudios Latinoamericanos (CEL) de la UNSAM lleva adelante un análisis comparado de las tensiones entre seguridad pública y libertades civiles derivado de la expansión desregulada de los dispositivos de control social en la Argentina. En otras palabras, se trata del interrogante ¿cómo afectan los derechos constitucionales y la privacidad de las personas los programas de vigilancia masiva cuando el Estado deserta de su rol de contralor político?

Saga Noren, la heroína de la exitosa serie sueca Bron Broen (El puente), descubre que la cámara de videovigilancia de un comercio de ropa puede haber registrado al asesino serial que está buscando. La cámara está ubicada dentro del local, en la vidriera, orientada hacia el exterior.

Los registros permiten, en efecto, identificar una silueta y hacen avanzar la investigación. Sin embargo la policía ultra-estricta lejos de agradecer al dueño del negocio, lo denuncia por haber instalado esa cámara sin la autorización pertinente.

En el público argentino, lego en materia de las normativas europeas que regulan la video-protección o video-vigilancia, esta secuencia hace ruido. No se entiende acabadamente. ¿Cómo puede ser que para colocar una sencilla cámara IP, de esas que se venden en cualquier ferretería últimamente, haya que contar con un permiso estatal?

Un simple paseo por el espacio urbano porteño da cuenta de una urbe muy distinta a Malmö o Copenhague, las dos ciudades en las que transcurre Bron Broen. Y también muy diferente de otras ciudades europeas, de Francia o Inglaterra por caso.

La primera impresión es que efectivamente Buenos Aires está superpoblada de una maraña de cámaras y cables, dispuestos explícita y desordenadamente no sólo dentro de locales, supermercados chinos y cajeros automáticos, sino también en la vía pública.

Muchas de ellas son las cámaras de videovigilancia del Estado, que están colocadas ahí con la intención declarada de mejorar la protección de los ciudadanos contra la amenaza del delito. Otras fueron colocadas por privados en el exterior de sus viviendas o comercios. Algunas agencias de seguridad privada han ido incluso más allá, instalando grandes pantallas VLC con cámaras incorporadas, conectadas con un centro de monitoreo remoto. En la pantalla uno ve a un operador encargado por turnos de visualizar varios monitores, varios clientes, pudiendo interactuar en tiempo real con las personas que ingresan los edificios vigilados.

Vigilancia redundante

El Estado Nacional y gobierno municipal se han venido disputando y superponiendo en la instalación de « camaritas » en Buenos Aires, siguiendo el patern seguritario puesto en valor en la última década, en gran medida por las estrategias de comunicación de caudillos bonaerenses. Es ese modelo de proyección política de cuño autoritario el que « hace ruido » en la ficción de Malmö.

Pues lo que está ausente en el imaginario social de la seguridad pública argentina, continúa siendo en Europa el principal valor puesto bajo la protección de las administraciones: la privacidad y las libertades civiles. Y esto, incluso, aunque los paradigmas tradicionales de la democracia occidental anteriores a la Patriot Act y los atentados de París se hayan visto debilitados por el fantasma del terrorismo internacional.

En la Argentina diez años de campaña político-comunicacional en torno de la nebulosa de la « inseguridad » y una respuesta inadecuada por parte del gobierno nacional, terminaron cimentando prejuicios, afirmando el miedo y finalmente descomponiendo el elemento central del civismo democrático, la privacidad, en un grado superior incluso al de una Europa que amenaza con reflotar al enemigo interno.

La carrera por la instalación de sistemas de video-vigilancia del espacio público fue un síntoma de época que acompañó la escalada de temor ciudadano a ser víctima del delito y la violencia. Ese sentimiento colectivo, a la vez, progresó –curiosamente- al ritmo de los desarrollos de tecnología digital y el derrumbe de costos que puso nuevos aparatos de control, vigilancia y espionaje al alcance de los Estados y hasta de los ciudadanos comunes.

Por carriles paralelos, el gobierno iniciado en 2003 se había propuesto sellar el pasaje de estrategias policiales coercitivas a una estrategia que reposaba en la prevención y, en lo que respecta al orden público, la persuasión como forma de negociación permanente y de aplicación flexible de la ley.

En este proceso de « eufemización de las estrategias policiales » [1], la evolución técnica de los materiales y las tácticas jugó un rol importante. La respuesta de la « seguridad democrática » al reclamo social contra la inseguridad fue una conjugación de las mejores intenciones de no estigmatizar a poblaciones desfavorecidas y apostar a la modernización tecnológica para conquistar la confianza de la ciudadanía en el manejo de la seguridad pública por parte del gobierno.

Un impulso relevante tuvo entonces la expansión de estos nuevos desarrollos en municipios del conurbano con financiamiento nacional.

Sin embargo, este fue el puntapié inicial de la fetichización de los aparatos de control técnico de personas. El paso lo dieron los intendentes que salieron corriendo a comprar (o alquilar) camaritas cuál bomberos para apagar el incendio de la inseguridad, sin inquirir por su eficacia real en la prevención de delitos, sin interés por acompañar estos emplazamientos con mecanismos de evaluación sistemática de efectividad, y sin ocuparse por los efectos que pudiera tener la irrupción en la privacidad de las personas [2]

El gobierno nacional y popular cayó en la trampa de la pretendida neutralidad de los gadgets e –ingenuamente o acompañando el impulso de los proveedores de estas tecnologías- ingresó al campo de batalla con las armas y las ideas de sus antagonistas. En un regateo promiscuo con las empresas de medios, el gobierno llegó a autorizar a C5N a fijar sus propias cámaras de video en el espacio público, a cambio de que este canal de noticias le prestara las señales a la central de operaciones de la Policía Federal Argentina.

Como sea, sobre la indolencia de la ciudadanía con respecto a la afectación del valor de la privacidad, izquierda y derecha se disputaron la vanguardia en materia de control social de la población.

Unos usaron los nuevos dispositivos como puesta escenográfica de su estrategia política-comunicacional, y los otros lo hicieron convencidos de que cualquier modernización daría respuesta a las nuevas formas del delito y la violencia, a la vez que facilitaría el control político de las policías.

El resultado en todos los casos es una herencia que pende ideológica y estructuralmente sobre el fondo mismo de una sociedad que se reclama democrática, y amplía el arco de interferencia de los aparatos de coerción estatales en la vida cotidiana, hasta el extremo de erosionar los límites entre lo público y lo privado.

Así lo advirtió tempranamente el whistleblower Julian Assange, titular del portal wikileaks. Assange declaró en junio de 2013 al portal de noticias Infobae que « La Argentina tiene la vigilancia más agresiva de América ».

El analista no hacía referencia a esta epidemia de camaritas. Se refería al SIBIOS, Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad, creación del gobierno de Cristina Fernández [3]. Sus declaraciones, formuladas desde la embajada de Ecuador en Londres, donde sigue refugiado desde hace más de un lustro, quedaron resonando en el vacío. El SIBIOS era poco conocido en la Argentina, no por falta de empeño de las autoridades sino más bien por el cerco informativo de los medios, que invisibilizaba toda acción de gobierno que pudiera parecer proactiva en materia de lucha contra el delito y la violencia.

Pero ¿qué es el SIBIOS? ¿Sigue en pie este sistema o ya fue desmontado por las nuevas autoridades, siguiendo el camino de la contra-revolución acelerada del gobierno macrista? ¿Era el SIBIOS la quimera panóptica que denunciaba Assange? ¿Quién gobierna este sistema y el de videovigilancia estatal que centraliza información crítica de las personas ante el desmembramiento de la Policía Federal Argentina? ¿Cuáles son los esquemas de fiscalización estatal, parlamentaria, ciudadana o judicial de este sistema? ¿Cuál es el órgano que debe velar por la protección de los datos de las personas, de su derecho a la preservación de su imagen y del avance descontrolado de los organismos policiales en la privacidad de los ciudadanos? ¿En qué instancia se encuentra el análisis de la tensión entre necesidad de optimizar la respuesta estatal ante los desafíos presentes de la criminalidad y la protección de libertades que aseguran la calidad de la democracia?

Dar respuesta a estas preguntas desde una perspectiva geopolítica y en diálogo con los equipos académicos de Francia y Suecia, es el eje del proyecto puesto en marcha por el grupo de estudios sobre Cibersociedad, Ciberseguridad, Ciberdefensa y Protección de Datos Personales (C3PDP) del Centro de Estudios Latinoamericanos (CEL) de la Universidad Nacional de San Martín.

Para dilucidar algunos de estos interrogantes habrá que exponer primero el objeto de investigación, que es en realidad una artillería de soluciones tecnológicas, normas, regulaciones, leyes y jurisprudencia; así como anticipar algunas conclusiones sobre las formas de organización de la sociedad en su relación con la seguridad pública, la protección de libertades civiles y la privacidad.

Para ponderar la actualidad de estos sistemas de vigilancia y el rol del Estado (o su desentendimiento) en la regulación del desarrollo de redes privadas de videovigilancia y de control biométrico de la población, habrá que evaluar la gramática de las decisiones del nuevo gobierno, la fortaleza o fragilidad institucional de sus órganos de control (si los hubiera), ponderando los factores que ligan el cambio político con la matriz burocrático-administrativa actual, así como las capacidades efectivas del gobierno para enfrentar los desafíos que implica la gestión de esta maquinaria, sus efectos en la estabilidad del gobierno político y el impacto en la calidad de la democracia misma.

Cámaras, cámaras y más cámaras

El SIBIOS denunciado por Assange, por ejemplo, es parte de un complejo de innovaciones tecnológicas llevadas adelante fundamentalmente en la Capital Federal, pero con proyecciones nacionales, puestas en marcha durante un breve período tras la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación, en diciembre de 2010.

Parte de este cosmos es lo que el gobierno anterior llamó « Buenos Aires Ciudad Segura » [4], un entramado de videovigilancia, gestión de alertas policiales y despacho operacional de recursos (agentes, patrulleros, autobombas) a través del número telefónico 911, encomendado a la empresa israelí MER [5]. Un subsistema integra también la red de videovigilancia en andenes de trenes urbanos (cuyo monitoreo corre por cuenta de la Superintendencia de Policía Ferroviaria), otro subsistema es el de apoyo a las investigaciones judiciales en casos con recurso a armas de fuego (Sistema de Información Balística, SAIB) y otro es el de identificación biométrica de rostros para investigaciones judiciales [6].

Los sistemas de videovigilancia, comando y control, por una parte, y de identificación biométrica, por otro, tienen puntos de contacto, que deberán entrar en el radar de los alcances una investigación sobre los efectos de estos dispositivos en su relación con las libertades civiles. En principio ambos son gestionados por la Policía Federal Argentina, organismo que está atravesando una transformación sustancial a partir del acceso al poder de Mauricio Macri.

Ambos son implementados sobre plataformas informáticas administradas técnicamente por una única área de aquel organismo policial hoy escindido, la Superintendencia de Comunicaciones, con una discreta intervención del Ministerio de Seguridad en materia de fiscalización (ajustada en realidad más a la voluntad política y personal de los funcionarios más que a mecanismos institucionales).

La centralización de bases de datos, data centers, centros de monitoreo, gestión de redes, en una sola área de un organismo público especializado en la coacción legal, es parte de los desafíos que se presenta a la Argentina moderna un modelo de seguridad diseñado sin las previsiones que requieren los temas sensibles.

Este sistema « nuevo », cimentado entre 2011 y 2013 se mantuvo sin modificaciones hasta el presente, más allá de determinados cortocircuitos generados con los proveedores israelíes de la tecnología del sistema 911, ex Comando Radioléctrico conocido ahora como Centro de Comando y Control [7].

Sin embargo, hay señales en el horizonte que activan la alarma. El gobierno anterior había desarrollado un subsistema de verificación georreferenciada 24/7 de los recursos de calle de la Policía. Los patrulleros y agentes eran monitoreados en tiempo real por el Secretario de Seguridad de la Nación, un control a la vez personal e institucional. Este mínimo control puesto en marcha fue desactivado por las nuevas autoridades siguiendo un patrón político-ideológico de autonomización de los cuerpos policiales.

La vigilancia masiva por parte del Estado es inherentemente represiva incluso aunque las autoridades no tomen medidas físicas contra las personas, como manipular informaciones privadas o detenciones. El abandono del control político es una desviación de los objetivos que debe tener una institución de autoridad de una república, es decir, someterse a mecanismos institucionales de fiscalización.

Sintomático de esta situación es la ausencia de evaluaciones cualitativas y cuantitativas de las medidas puestas en marcha tanto por este gobierno como por el que lo precedió. Partiendo de un modo de abordaje de los problemas desde el sentido común, se llegó al fenómeno inverso al declamado: a fuerza de apagar incendios, se tapan huecos aquí y allá de manera pragmática, sin controles ni evaluaciones de las políticas públicas. Sin contrapoderes republicanos, la fuerza coercitiva consagra límites a las libertades y corre el riesgo de modelar hombres alienados al internalizar a sus vigilantes. Impone mecanismos no corporales de control, de efectos más duraderos y permanentes. La vigilancia global, incluida la del ciberespacio (cada vez más hibridada con el espacio físico y material) normaliza patrones de autocensura.

¿Cuál es el sistema de hegemonía que se sostiene cuando la vigilancia se divorcia del gobierno político?

La autonomización de las agencias de coacción del Estado encargadas de velar por la seguridad de sus ciudadanos y la defensa de sus intereses vitales, corre el eje de esas funciones republicanas e impone una nueva agenda, potenciada y globalizada a través de las tecnologías de control y de información.

Volviendo al ejemplo inicial, hay que subrayar que la video-protección puede ser (debe ser) un componente en la lucha contra el delito y la violencia. Estos dispositivos pueden y deben participar también en la gestión del espacio público, facilitar la circulación, auxiliar la salubridad pública, así como el mantenimiento de la infraestructura de las zonas bajo vigilancia. Tienen un valor de disuasión y también de refuerzo del sentimiento de seguridad. Desplegados racionalmente con una hoja de ruta de inteligencia criminal sistemática y con participación ciudadana son mecanismos de una táctica de prevención « situacional ».

Sin embargo, a diferencia de otras democracias occidentales, en la Argentina se instalaron y siguen prosperando sin doctrina de empleo, sin contralores parlamentarios, sin criterios de revisión, sin supervisión de una autoridad estatal, urbanística, judicial, nacional, provincial, ni municipal que se ocupe de proteger el derecho a la privacidad de los ciudadanos [8].

La vigilancia corporativa y la estatal no marchan por caminos separados. Desarrollan más bien alianzas de intereses, en particular en el dominio de Internet. Mucha información obtenida a través de los sistemas de vigilancia viaja del sector público al privado ida y vuelta.

El programa C3PDP del CEL se propone entonces desentrañar las tensiones que se producen durante cambios disruptivos de gobierno como el que está atravesando la Argentina o los que pueden sobrevenir en Europa con el avance de los populismos de derecha. Una perspectiva comparada puede resultar en importantes lecciones sobre las doctrinas de empleo, los saberes profesionales y la practicas rutinarias de las agencias estatales y privadas de seguridad.

Es decir, nos planteamos estudiar las evoluciones de la gestión de la seguridad pública en el cruce entre la fragilización de los aparatos de control político, la indiferencia parlamentaria y ciudadana, y la efectividad de los armados burocrático-coercitivos emplazados.

SIBIOS y la protección de datos personales

El objetivo de la puesta en marcha del SIBIOS, gestionado en la órbita de la Superintendencia de Policía Científica (primer piso de Azopardo 670), era permitir a las fuerzas nacionales contar con información que individualice a todos los ciudadanos a través de un software de última generación. Este ideal de control indiscriminado de « todos los individuos », involucrados o no en causas judiciales, se hizo realidad a través de un convenio interjurisdiccional con el Registro Nacional de la Personas [9]. El sistema resultante, sostenido por el software del Sistema Automatizado de Huellas Digitales (AFIS), procesa registros patronímicos y biológicos, esto es huellas dactilares y fotografías, para la identificación eficaz de personas y rastros.

De esta forma se pretendía optimizar la investigación científica de delitos y el apoyo a la función preventiva de seguridad. El Ministerio de Seguridad fungirá como autoridad de aplicación del novedoso sistema que será utilizado por la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Registro Nacional de las Personas y la Dirección Nacional de Migraciones. Además, el dispositivo está diseñado para incorporar al sistema a las provincias. Es decir, los creadores del sistema confiaban en que el refuerzo institucional del Ministerio de Seguridad como cabeza del sistema serviría per se como contrabalance del poder de la policía y garante de las libertades civiles y la privacidad que podía ser afectada.

Al mismo tiempo, se imponía una necesidad de cambio del modelo de gestión de la seguridad pública, para pasar a uno basado en la posibilidad técnica de gestión de informaciones a gran escala. Es decir una profesionalización de los sistemas de inteligencia criminal para mejorar el aporte policial a la justicia.

Aunque el sistema automatizado AFIS ya se venía aplicando a modo parcial en la Policía Federal Argentina desde hacía una década, la innovación fue integrar sus bases de manera automática con los datos patronímicos, dactiloscópicos y las fotografías de las personas que renuevan documentos (pasaportes y DNI) o que sacan el nuevo DNI en el RENAPER.

De esta forma, un cuerpo policial – más aún un área sola de la PFA- integra todos los datos de personas inocentes en previsión de que pudieran eventualmente cometer delitos o verse involucrados en causas judiciales.

Diego Llumá para Cuadernos del CEL

Cuadernos del CEL. 2016, Vol. I, Nº 2. Págs. 6-15. ISSN: 2469-150X