Aumentan las amenazas e imputaciones penales para los campesinos del noroeste de Córdoba, Argentina.

Movimiento Campesino de Córdoba.
Córdoba, Argentina, 14 de febrero del 2005

Campesinos y campesinas del Movimiento Campesino de Córdoba (APENOC) fueron imputados por defender junto a varias familias la posesión común que mantienen desde hace años.

En el Paraje Cañada Larga, y luego de varios días de querer parar a un empresario, que esta invadiendo 1900 has. de las familias de la comunidad agrupadas en torno a APENOC, 10 campesinos han sido imputados por la fiscalia de la ciudad de Cruz del Eje. En un comienzo fueron imputadas dos campesinas que al parecer se les acusa de haber roto el alambre nuevo que estaba invadiendo la tierra de cuatro familias de Cañada Larga. El día 10 de febrero del corriente la Fiscalia de instrucción imputa a 8 campesinos más por mantener la legítima defensa de sus derechos y que les corresponden hace muchísimos años.

El campo en conflicto fue rematado a fines de los 90, el empresario que compró ha intentado desde esa época tomar posesión, la justicia civil de Cruz del Eje, en el año 2002 sentenció en contra del mismo, rechazando la acción posesoria por él presentada, ya que determinó que el empresario no pudo probar su posesión, atento que "el titulo valido no da sino un derecho a la posesión y no la posesión misma" Art.2468 del código civil. Debido a que la posesión siempre estuvo en manos de estas familias que viven allí desde hace mas de 150 años.

Luego de esto, el mismo empresario inició un juicio de reinvidicación en contra una de las familias de la comunidad, juicio aun sin resolución. Durante dicho proceso, por medio de engaños por parte de la abogada que entendía en la causa, le hicieron firmar un acuerdo privado, bajo presión, al campesino Eusebio Loyola quien no sabe leer ni escribir.

Por otra parte otros dos integrantes de APENOC Alberto Calderón y Rubén Olmos, campesinos del paraje el Cachiyuyo, en fecha 15 de diciembre de 2004, formularon denuncia penal en contra del empresario Anselmo Farias, por amenazas con arma de fuego y privación de la libertad, ante la comisaría de Serrezuela, Departamento Cruz del Eje. Las denuncias han sido dos ya que la situación de uno y otro (Olmos y Calderón) fueron diferentes, Calderón ante un descuido del empresario y su empleado escapa corriendo, mientras que Olmos permanece retenido a punta de escopeta y en el medio de fuertes amenazas. Estas denuncias luego de 55 días, aún no han sido remitidas a las fiscalía de turno, mientras que los campesinos han sido amedrentados por la policía y con orden de allanamiento y secuestro de sus vehículos particulares, con la excusa de extraer huellas que concuerden con quienes han roto una puerta de alambre puesta por un empresario que les impedía el paso en un camino vecinal. El martes 8 de febrero han sido imputados penalmente los campesinos Soledad Criado, Alberto Calderón y Rubén Olmos

No entendemos entonces por qué impunemente se ingresa a los campos de las familias y por qué las denuncias de usurpación que realizadas por ellas, no han sido tenidas en cuenta. En cambio ante la defensa que ejercen los campesinos, tanto los fiscales, como la policía de armas largas salen de la feria judicial y nuevamente insinúan que los que defienden su derecho a la tierra son delincuentes.

Sin Justicia. A cinco años de lucha por la tierra.
El movimiento Campesino de Córdoba ha realizado muchísimas denuncias en la lucha por sus tierras, ni una de estas ha llegado a imputar a ningún empresario usurpador, mientras que un eficiente trabajo conjunto entre policías, fiscales, jueces y empresarios se ha materializado en 40 imputados campesinos, legítimos poseedores que defienden sus tierras, siete de ellos ya absueltos en el caso El Duraznal.

Exigimos explicaciones de esta situación, exigimos justicia real, basta de criminalizar la legítima defensa de la tierra campesina. Tierra, Trabajo y Justicia.