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29 décembre 2009

Amplio consenso contra la mano dura
Acuerdo político-social de « Seguridad democrática » y no de « Facilismo represivo »

par Raúl Kollmann

 

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Políticos del oficialismo y la oposición, organizaciones sociales y de derechos humanos, gremios y personalidades académicas presentan hoy las bases para una política de seguridad que brinde soluciones inmediatas y perdurables, pero que evite el « facilismo represivo ».

Los más diversos sectores políticos, de la Justicia, gremiales, académicos y organizaciones de derechos humanos presentarán hoy, a las 12, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional, un Acuerdo para la Seguridad Democrática (ASD). El texto pone el acento en que las políticas de seguridad y el control policial deben estar en manos de civiles, impulsa la descentralización creando policías comunales, fomenta la existencia de una policía judicial, que trabaje en la instrucción de las causas, y rechaza el discurso de la mano dura « que sólo ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos ». El Acuerdo para una Seguridad Democrática tiene las firmas -entre muchas otras- de integrantes del Frente para la Victoria, como Agustín Rossi ; del peronismo disidente, como Felipe Solá ; de dirigentes de la UCR como Gerardo Morales, Ricardo Alfonsín y Ricardo Gil Lavedra, la diputada de la Coalición Cívica Marcela Rodríguez, referentes de otras fuerzas políticas como Margarita Stolbizer, Fernando « Pino » Solanas y Martín Sabbatella, el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni ; el titular de la CGT, Hugo Moyano, y el de la CTA, Hugo Yasky ; académicos como Marcelo Saín y Alberto Binder y prácticamente todas las organizaciones de derechos humanos. La iniciativa surgió de León Arslanian y el Centro de Estudios Legales y Sociales, quienes estarán a la cabeza de la presentación de hoy. Anoche todavía se sumaban más adhesiones que se darán a conocer al mediodía.

El Acuerdo apareció a raíz de la inquietud que surgió en distintos sectores por la aparición de propuestas de darle mayores atribuciones y poder a la Bonaerense y a policías de otras provincias del país. « Queríamos aunar a las fuerzas democráticas para que se tomen caminos democráticos en materia de seguridad y diferenciarnos claramente de los discursos de mano dura que no hacen más que reeditar políticas desacertadas y fracasadas », le explicó Arslanian a Página/12. El ex ministro de Seguridad contó que junto con el CELS empezaron a contactar a los partidos políticos, a las fuerzas sindicales, a integrantes de la Justicia y a una parte importante del mundo académico para diseñar el texto. Después de su presentación en el Salón de los Pasos Perdidos, el acuerdo « se hará llegar a los poderes públicos ».

Tal como sucede en otras latitudes, ante hechos de sangre impactantes, se produce una enorme ebullición y surgen las voces que piden que a los uniformados se les devuelva el poder, que no haya tanto control ni de los civiles ni de la Justicia. « Que puedan detener sin límites, que se aumenten las penas y se encarcele a los menores, casi sin distinción de edad », parece la consigna.

Frente a esas posturas, los puntos centrales del texto son los siguientes :

- Las respuestas al delito han sido facilistas y autoritarias, consolidando la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.

- Las políticas de mano dura constituyeron « una sucesión de intervenciones erradas que impidieron la profesionalización de los policías y potenciaron la acción de redes de ilegalidad en las que intervinieron funcionarios públicos ».

- Una adecuada política criminal requiere de una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada, una Justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento.

- Se requieren estrategias que articulen las políticas de seguridad así como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población.

- Las políticas democráticas de seguridad deben surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público.

- Se impulsa la descentralización de la organización policial a nivel distrital y comunal.

- Un control interno de las policías de carácter civil y control externo del desempeño y la legalidad.

- Formación y capacitación policial no militarizado.

- Las medidas meramente represivas con las que se insiste en cada crisis apuntan a perseguir pequeños delitos y a autores jóvenes. Lo que señala el acuerdo es que gran parte de esos delitos comunes están asociados a poderosas redes delictivas. Uno de los ejemplos cantados es el de los desarmaderos.

- Una policía judicial, dependiente de los fiscales, traerá transparencia en las investigaciones.

- Se debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos, espectáculos deportivos, recitales y manifestaciones. Se debe asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.

En la parte final del documento se resume lo que tal vez es la estrategia más importante : « conseguir un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad ». La firma del acuerdo por parte de dirigentes del oficialismo y la oposición, de referentes de la Justicia, el gremialismo y los derechos humanos podría ser la base para esa búsqueda de consensos que formula el texto. Aunque los propios organizadores saben que « habrá un debate muy fuerte y la derecha insistirá en sus políticas ».

Página 12. Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.

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