Aguas Argentinas, ¿Renegociaciones, nuevos contratos o ...?

Lejos de revindicar la Ley de Emergencia Económica, el gobierno anuncio la urgencia por resolver el ajuste tarifario, tras haber admitido en Francia que las empresas prestatarias de los servicios públicos "Tienen derecho a tener tarifas rentables". Sin embargo, no consideró como un tema de "Emergencia" una revisión global que comprenda el cumplimiento de los contratos, mecanismos que figura en forma explicita en la norma sancionada el 6-01-02. Otros criterios que deben pesar en la renegociación son las inversiones efectivamente realizadas por las empresas y las obligaciones comprometidas contractualmente. Un aspecto que no favorece a las concesionarias. En ese sentido, varios economistas advierten que el Estado cuenta con suficientes elementos para demostrar que, pese a los aumentos efectuados en las tarifas, las privatizadas no han cumplido con los compromisos establecidos en los contratos originales, ni con las flexibilizadas metas estipuladas en las posteriores renegociaciones. Este mecanismo les ha permitido percibir ganancias más altas que el resto de la economía local -holgadamente superiores a las del promedio internacional- y remitir utilidades al exterior durante la década del noventa.

Un caso que ilustra la performance de las empresas es el de Aguas Argentinas S.A. (AASA), compuesta entre otros por la francesa Suez Lyonnaise des Eaux-Dumez, la Sociedad de Aguas de Barcelona, la Sociedad Comercial del Plata y la Corporación Financiera Internacional (perteneciente al Grupo Banco Mundial). Tras advertir que el impacto de la devaluación en su negocio rondaba los 746 millones de pesos, la firma proveedora de agua y cloacas envió una carta a la Subsecretaria de Recursos Hídricos en la que exigió un aumento tarifario, un seguro de cambio (reconocimiento de la paridad un peso = un dólar) para hacer frente a su deuda externa, un "tipo de cambio especial" para la compra de insumos importados (las compras intracorporativas de la concesionaria asciende a casi 600 millones de dólares) y las suspensión de los inversiones comprometidas contractualmente [1].

La misiva de Aguas fue contestada por el ingeniero Jorge López Raggi, ex asesor del Área de Aguay Saneamiento de la Comisión de la Renegociación de los Contratos. En el dictamen oficial [2], López Raggi planteó que "sería ilegítimo aceptar un diferimiento, suspensión o reducción de inversiones, sin fundamento en alguna causal de interés publico". Consideró inaceptable el aumento de tarifas mientras dure la emergencia así como el mantenimiento de la paridad 1 a 1 para las importaciones de insumos, cuando estos contabilizan 3% de los gastos totales. Sugirió que la empresa está en condiciones de reducir gastos en honorarios de directores y consultores, en capacitación, en viáticos y otros conceptos que suman 23 millones de pesos. Y advirtió que la firma podría recurrir a la renegociación de su deuda externa.

Al igual que otras empresas privatizadas, Aguas Argentinas recurrió al endeudamiento externo para el cumplimiento de los planes de inversión. De los 1200 millones de pesos de inversión, solo el 10% provino de aportes de capital propio. Ello era condición sine qua non para acceder a la concesión. El representante de los usuarios de la comisión renegociadora, Ariel Caplan, sostuvo que "la deuda que asumió Aguas Argentinas es un riesgo empresario que de ninguna manera pueda trasladarse a los usuarios" [3].

Otro informe surgido de la comisión, elaborado por su segundo coordinador Alberto Biagosch, planteó que la decisiones empresarias de pedir prestamos en el exterior estuvieron motivadas por las diferencias en las tasas de interés internas con respecto a las internacionales. En el caso la firma controlada por Suez-Lyonnaise, un alto porcentaje de los préstamos fueron tomados porque "su propia casa matriz o sus vinculadas actuaban como entidades prestadoras. Quienes así se endeudaron tuvieron la opción de recurrir al mercado de capitales y al sistema financiero argentino", concluye el documento. El Banco Mundial, que ofreció una misión de apoyo compuesta por especialistas muy bien remunerados, recomendó al gobierno argentino implementar un ajuste tarifario favorable a las empresas. Lo que no advirtió el organismo de crédito es que más del 20% de la deuda externa de Aguas Argentinas corresponde a la Corporación Financiera Internacional -vinculada al propio Banco Mundial- que actualmente participa en un 5% de la conformación accionaria de la proveedora de agua potable.

La exigencia de actualizar las tarifas no se inició en el escenario postdevaluación. Aguas Argentina ha reclamado aumentos de precios desde el primer año de concesión, pese a que el contrato original prohibía taxativamente toda revisión tarifaria que pudiera estar asociada a minimizar o anular el riesgo empresario y a compensar las imprevisiones, negligencias o ineficiencias del concesionario. En junio de 1994, la adjudicataria solicitó una "revisión extraordinaria", aludiendo "perdidas operativas no previstas" al momento de la concesión. Argumentó que la pérdida de 23 millones de dólares respondía al deficiente estado del padrón de usuarios y al mal funcionamiento de la red. Ambos aspectos debían estar contemplados, teóricamente, en el riesgo implícito en la tarifa ofrecida por la empresa al momento de la licitación [4].

La autoridad de aplicación dio lugar al pedido sin que se hubiera cumplido los requisitos previstos por contrato.

En la primera modificación del contrato se adelantaron y cambiaron las metas de expansión de los servicios y se incorporaron nuevos proyectos de inversión. La contrapartida de estos cambios fue un incremento tarifario que no tuvo parangón con la evolución de otros precios. Mientras el índice de precios mayoristas subió de un 3% desde la fecha de la oferta hasta esta primera revisión, la tarifa tuvo un aumento general del 13,5%. A esto se sumó una suba en el cargo mínimo de la conexión del 83% para agua y del 45% para cloacas [5]. Poco después, la operador sumó nuevas exigencias : la dolarización de las tarifas, la aplicación de nuevas formas de resarcimiento ante el alto grado de incobrabilidad de los cargos de infraestructura y la reprogramación del plan de obras. Aun cuando la Comisión de Usuarios del ETTOS [6] demostró que los incumplimientos alcanzaban al 63% de la población para el servicio de agua potable y al 88% para cloacas, en febrero 1997, se concretó, la segunda renegociación, tendiente a solucionar "toda cuestión que contribuya al mejor cumplimiento de los objetivos del marco regulatorio" [7].

Producto de esta segunda revisión, se incorporó un seguro de cambio en la regulación tarifaria, un precio fijo indexable pagadero por todos los usuarios, la postergación o cancelación de algunas inversiones y la posibilidad de revisar las tarifas por año calendario, un aspecto que desnaturalizó la concepción original del contrato. Las modificaciones respondían a los altos niveles de incobrabilidad denunciados por la empresa en los primeros años de la concesión. Sin embargo, un estudio realizado por el Area de Economía y Tecnología de FLACSO muestra que los ingresos netos de la firma crecieron un 68,6% en el período 1994-2000, mientras la cantidad de usuarios se expandió un 31,5%. Es decir que el ingreso por usuario pasó de 145 a 195 pesos.

En el marco de la actual renegociación de los contratos, el Estado podría demostrar que la ecuación ajuste tarifario / incumplimiento de los compromisos permitió a las empresas privatizadas duplicar y hasta triplicar sus beneficios respecto de las ganancias de sus casas matrices y del resto de las empresas más importantes de Argentina. Entre 1993 y 2000, las 200 empresas más grandes del país tuvieron una rentabilidad de casi 29000 millones de dólares. De ese total, 26 privatizadas se apropiaron del 56,8%. Más aun, en concepto de indexaciones percibieron 9 mil millones de ganancias en el período 1993/2000 [8].

Si como establece la Ley de Emergencia, la revisión tiene que juzgar el impacto de las tarifas sobre la distribución del ingreso, la competitividad de la economía y las inversiones efectivamente realizadas, la actualización tarifaria debería tendera la baja.

Natalia Aruguete,es licenciada en Ciencias de la Comunicación.

Le Monde Diplomatique, el Dipló, noviembre 2002

Notas :