¡ANOCRACIA ! Colombia, ¿el paradigma por excelencia ?

Tampoco se confunda. Más allá que este término sugiera adaptarse perfectamente al estilo de los gobiernos colombianos y las actitudes que han caracterizado el manejo de las relaciones internacionales del país frente a las potencias globales – sobre todo, durante las últimas administraciones de Uribe Vélez, y la actual presidida por Juan Manuel Santos - entre otras cosas, en relación a los Tratados de Libre Comercio favorables a los Estados Unidos y la Unión Europea, o la escandalosa cesión de la soberanía, vía 7 bases militares dentro del territorio colombiano, hechos ambos ingeniosamente ilustrados por un Senador de la República : « Uribe no se arrodilló ; se acostó » -, es un concepto científico emergente de la ciencia política usamericana el cual intenta descifrar los detalles de un tipo de régimen político autoproclamado como democrático pero que en realidad no resulta tal.

Según investigaciones publicadas en la prestigiosa The American Political Science Review, la « anocracia » (anocracy) se refiere a un régimen político « parte democracia, parte dictadura ». Y aunque puede contener distintas variaciones, en general, el concepto recoge aquellos regímenes que en medio de un contexto de guerra civil mantienen instituciones democráticas (como el parlamento, por ejemplo) aunque sólo nominalmente. Por esa vía logran cooptar parte de la sociedad y construir un apoyo de base para el ejercicio del poder político el cual, bajo las « urgencias » siempre exigidas por la gestión de este tipo de conflictos y situaciones críticas, termina desconociendo los prerrequisitos democráticos, en ciertos casos, los formales pero fundamentalmente sus contenidos sustanciales [1].

Para Colombia, un caso relativamente descuidado en el marco de estos estudios y a partir de la mayoría de los hallazgos sobre este tipo de regímenes, se podrían sacar algunas conclusiones de cara a los debates políticos y académicos más actuales.

En su ensayo titulado : « Etnicidad, Insurgencia y Guerra Civil » (2003), Fearon y Laitin, politólogos usamericanos que desarrollan esta idea, proponen que para entender las guerras civiles en términos de insurgencia (guerra de guerrillas rurales, sobre todo), los factores explicativos sobre la proclividad de los países hacia conflictos letales, « no son sus características étnicas o religiosas » (diversidad) – como la literatura ha sostenido inveteradamente – sino más bien aquellas « condiciones que favorecen la insurgencia », empezando por la pobreza.

La combinación de Estados « débiles », « caprichosos », inestables políticamente y en contextos geográficos « complicados » y de grandes poblaciones, terminan por completar el cuadro explicativo.

Contrario a los análisis más convencionales, Fearon y Laitin destacan que los gobiernos frágiles, económica, organizacional y políticamente « se muestran más factibles y atractivos a la insurgencia debido a una debilidad de sus políticas locales o prácticas contrainsurgentes ineptas y corruptas [que] incluyen a menudo la propensión a retaliaciones brutales e indiscriminadas que conducen a los no-combatientes locales hacia las fuerzas rebeldes » [2].

La principal conclusión entonces es que la salida al estado de cosas vigente en el país sería posible en el caso de un proyecto sociopolítico de Estado con el pleno ejercicio de las funciones públicas, políticas, económicas y sociales soberanas, capaz de garantizar cabalmente el ejercicio de las libertades civiles y políticas pero sobre todo, reduciendo fuertemente las desigualdades socioeconómicas, en lo formal y en lo concreto de este asunto.

Lo que parecería, en principio, un llamado a la obviedad y al sentido común, sin embargo, no lo es.

Primero, porque en términos académicos las posturas más tradicionales de la llamada violentología pero más recientemente la nueva violentología, enfoques auspiciados desde el Banco Mundial (Paul Collier) y acogidos implícita y explícitamente, en muchos casos irreflexivamente, por una gran audiencia de estudiosos de la violencia en Colombia, siguen convocado al unísono que : « (…) la violencia civil está asociada con la apropiación y el saqueo de grupos de insurgentes de los ingresos de exportaciones primarias… La gran mayoría de los movimientos insurgentes, más que expresión política, son una forma de crimen organizado, para extraer rentas… Estadísticamente no hay relación entre el conflicto civil y las causas objetivas de las injusticias » [3]. Bajo esta tesis, el margen para la solución política del conflicto tiende a reducirse maquinando una salida equívoca (militar) y también – desde nuestro enfoque – equivocada. Los conflictos contemporáneos son complejos, es decir, articulan y condensan múltiples realidades : políticas, económicas, sociales, culturales, etc., con lo cual, cualquier salida a los conflictos tiene que - además de compleja – atender cada uno, y al mismo tiempo, esos componentes aunque priorizando el más desencadenante y privilegiando siempre la negociación política antes que la fuerza en bruto, manu militari.

Segundo, la profundización in vivo del actual proyecto neoliberal (y sus proyecciones para-institucionales) contradicen flagrantemente un viraje en la dirección correcta.

La reformulación radical del proyecto sociopolítico y del modelo económico colombiano mirando hacia el futuro es una cuestión urgente. En este asunto no hay retorno al pasado pues, en contra del conocido dicho popular, las cosas antes del neoliberalismo no fueron sustancialmente mejores aunque sí menos impúdicas. Aquí, no se trata simplemente de fortalecer « institucionalmente » el Estado, o llamar ingenuamente hacia la exacerbación del aparato estatal. Necesariamente, habría que reconstituirlo en tanto relación social básica y revertir así la crisis provocada por el neoliberalismo bajo una fórmula político-económica y social renovada.

Desistir entonces de la reconstrucción y reconstitución de un Estado en clave Social y Popular y de un modelo de desarrollo distinto al neoliberalismo, contrario al que ha sido impuesto desde el cesarismo económico de Gaviria en los 90s, hasta el bonapartismo Uribista del nuevo milenio y continuado ahora bajo el manto de Santos, no es otra cosa que animar el círculo vicioso de la violencia ciega en el cual hoy por hoy nos debatimos. En ese caso, empezando por las clases dirigentes, devienen - como lo han hecho mayoritariamente - en cómplices indiscutibles de los males contra los cuales, sólo en apariencia, dicen combatir.

Desafortunadamente el panorama de la realidad colombiana, invocada cándidamente por desinformados « analistas » en nuestra mal llamada « democracia más antigua del continente » – mote que, no sobra decir, hay que abandonar de inmediato (empezando por los politólogos) por puro pudor intelectual y como una forma de respetar los hechos reales, la inteligencia y el sentido común más sensatos -, resulta ser una antípoda bastante paradigmática frente a las salidas que ya hemos esbozado.

La clave estaría entonces en comenzar a materializar la voluntad de transitar desde el régimen neoliberal anocrático hoy vigente hacia alguna otra cosa.

© José Francisco Puello-Socarrás para la Revista Izquierda No. 29 de diciembre 2012.

El Correo. París, 6 de diciembre 2012.

Este obra está bajo una licencia Creative Commons. Atribución según los términos Sin modificación – No Comercial – Sin Derivadas 3.0 Unported.